La Cámara de Diputados de San Juan aprobó este jueves 2 de julio la Ley de Desarrollo Local Minero, una iniciativa impulsada por el Gobierno de Marcelo Orrego para fortalecer la participación de trabajadores y empresas sanjuaninas en la actividad minera.
Tras más de dos horas de debate, el proyecto fue aprobado con 32 votos a favor y 2 en contra. El oficialismo contó con el acompañamiento del bloque justicialista, mientras que los únicos votos negativos correspondieron a los diputados Graciela Seva y Mario Herrero, integrantes del sector del PJ alineado con el giojismo.
Metas para el empleo y los proveedores locales
La nueva legislación establece como objetivo que las empresas mineras alcancen un 80% de contratación de trabajadores sanjuaninos, con prioridad para los habitantes de los departamentos donde se desarrollen los proyectos.
Además, fija que las compañías deberán trabajar para que el 60% del monto anual destinado a compras y contrataciones corresponda a proveedores locales, siempre que existan condiciones de competitividad.
Para cumplir esos objetivos, las operadoras mineras y sus principales contratistas deberán presentar Planes de Desarrollo con metas progresivas y verificables sobre empleo y contratación de proveedores, los cuales deberán actualizarse cada dos años.
Registro, previsibilidad e incentivos
Uno de los ejes centrales de la norma es la creación del Registro de Proveedores Mineros de San Juan (Repromin), una plataforma pública y digital destinada a identificar a las empresas sanjuaninas habilitadas para participar en las contrataciones del sector.
Para integrar el registro, las firmas deberán contar con domicilio operativo en la provincia, tributar en San Juan y acreditar que al menos el 80% de su personal reside en territorio sanjuanino.
La ley también incorpora medidas orientadas a brindar mayor previsibilidad a las pequeñas y medianas empresas. Entre ellas, obliga a las operadoras a publicar con anticipación sus planes de compras, la demanda de bienes y servicios y las futuras licitaciones, con el objetivo de que los proveedores puedan prepararse para competir.
Asimismo, las empresas que cumplan simultáneamente con las metas de empleo local y contratación de proveedores sanjuaninos podrán acceder a un Certificado de Crédito Fiscal transferible, que podrá utilizarse para cancelar impuestos provinciales o transferirse a otras pymes.
Control y sanciones
La normativa establece mecanismos de transparencia en los procesos de contratación, crea un Consejo Consultivo público-privado para acompañar su implementación y deja la fiscalización en manos del Ministerio de Minería.
Además, contempla un régimen de sanciones para quienes incumplan las obligaciones previstas, con multas de hasta 60.000 Unidades Tributarias e incluso la suspensión del registro de proveedores.
Con la sanción de la ley, el Gobierno provincial busca que el crecimiento de la actividad minera tenga un mayor impacto en la generación de empleo, el fortalecimiento de las empresas locales y el desarrollo económico de San Juan.
