San Juan comenzó a delinear los pasos necesarios para implementar el nuevo Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia en todo el país el próximo 5 de septiembre. Funcionarios del Gobierno provincial, representantes de la Justicia y especialistas participaron de una primera reunión destinada a analizar cómo se aplicará la normativa en territorio sanjuanino.
El encuentro se desarrolló en la Asesoría Letrada de Gobierno, desde donde fueron convocados los distintos organismos que tendrán participación en el nuevo esquema. El objetivo inicial fue determinar los principales puntos que deberán ser tratados en una reunión ampliada de trabajo prevista para la próxima semana, aunque todavía sin fecha confirmada.
La nueva normativa, establecida mediante la Ley 27.801, reemplazará el sistema tutelar vigente desde 1980 y establece la responsabilidad penal para adolescentes de entre 14 y 18 años frente a delitos contemplados en el Código Penal.
Cómo se aplicará el nuevo régimen en San Juan
Uno de los principales desafíos para la provincia será determinar qué procedimiento deberán seguir los diferentes organismos una vez que la legislación comience a aplicarse plenamente.
En ese contexto, la Corte de Justicia de San Juan comunicó que trabaja en la elaboración de una acordada destinada a establecer provisoriamente los primeros lineamientos de actuación bajo el nuevo régimen.
La medida tendrá carácter transitorio hasta que San Juan cuente con un Código Procesal Penal Juvenil propio, uno de los aspectos que comenzaron a ser evaluados durante el encuentro.
La reunión estuvo encabezada por el asesor Letrado General de Gobierno, Alejandro Ferrari, y contó con representantes del Poder Judicial, el Gobierno provincial, el área de Seguridad, organismos relacionados con la niñez y especialistas en materia penal.
Entre los participantes estuvieron la jueza Penal de Niñez y Adolescencia María Julia Camus; el subsecretario de Inspección y Control de Gestión de la Seguridad Pública, Damián Villavicencio; el abogado penalista Fernando Castro; el diputado provincial Juan de la Cruz Córdoba; la directora de Niñez, Adolescencia y Familia, Raquel Trincado; y el director de la Defensoría Nacional de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Daniel Molina.
También participaron el Asesor Letrado Adjunto del Gobierno, Facundo Rojas Clariá; el fiscal General de la Corte, Guillermo Baigorrí; y el secretario de Seguridad y Orden Público, Enrique Alejandro Delgado.
Buscan establecer un procedimiento para adolescentes
Durante la jornada se analizaron diferentes aspectos relacionados con la puesta en funcionamiento del régimen y se acordó continuar trabajando sobre alternativas que permitan avanzar en la elaboración de un código de procedimiento penal juvenil para San Juan.
La intención es coordinar el funcionamiento de todas las áreas que deberán intervenir en causas que involucren a adolescentes, con el propósito de evitar superposiciones y establecer pautas concretas para la actuación de la Justicia, Seguridad y los organismos de protección de derechos.
“Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”, expresó Ferrari.
Con la entrada en vigencia de la nueva legislación prevista para el 5 de septiembre, la provincia avanzará con nuevas reuniones entre los sectores involucrados para definir las herramientas iniciales de aplicación mientras se trabaja en una normativa procesal específica.
San Juan comenzó a preparar la implementación del nuevo Régimen Penal Juvenil, que entrará en vigencia el 5 de septiembre y alcanzará a adolescentes de entre 14 y 18 años. Autoridades provinciales, judiciales y especialistas analizaron los procedimientos necesarios mientras la Corte trabaja en una acordada transitoria hasta que exista un Código Procesal Penal Juvenil propio.
San Juan tiene pocos días para acomodar una maquinaria judicial completa a un nuevo Régimen Penal Juvenil, una tarea que difícilmente pueda resolverse cambiando un formulario y agregando una carpeta al escritorio. Desde el 5 de septiembre, adolescentes de entre 14 y 18 años podrán quedar alcanzados por el nuevo sistema penal y la provincia necesita definir quién interviene, cómo interviene y qué ocurre desde el momento en que comienza una causa. En términos administrativos: varias instituciones deben ponerse de acuerdo antes de que la realidad decida inaugurar el sistema por su cuenta.
La primera reunión reunió a representantes de Gobierno, Justicia, Seguridad y organismos vinculados con la niñez. El objetivo fue comenzar a ordenar procedimientos y preparar un encuentro ampliado. Mientras tanto, la Corte trabaja en una acordada provisoria, porque el Código Procesal Penal Juvenil específico todavía deberá elaborarse. Es decir, habrá un puente normativo para cruzar desde el régimen anterior hacia el nuevo mientras los arquitectos institucionales terminan de diseñar la ruta definitiva.
El desafío no es menor: fiscales, jueces, policías, defensores y organismos de protección deberán actuar coordinadamente ante situaciones que involucran adolescentes. Si cada área interpreta su propia partitura, el resultado puede parecer menos un sistema judicial y más un ensayo general con demasiados directores de orquesta. Por eso, uno de los ejes es evitar superposiciones y establecer pautas claras antes de que comiencen a llegar expedientes bajo la nueva legislación.
Alejandro Ferrari resumió la necesidad institucional con una frase concreta: “Es necesario llegar a un acuerdo para coordinar acciones en pos de lograr lo mejor para los menores y para la seguridad de la sociedad sanjuanina también”. La provincia, entonces, tiene por delante una carrera contra el calendario: el 5 de septiembre ya está marcado y, a diferencia de algunas reuniones administrativas, esa fecha no admite reprogramación por falta de agenda.