El Instituto Provincial de la Vivienda proyecta realizar un nuevo sorteo de viviendas en San Juan durante el segundo cuatrimestre del año, con agosto como fecha tentativa. Así lo anticipó la directora del organismo, Elina Peralta, al referirse al proceso que permitirá incorporar departamentos, viviendas remanentes y casas recuperadas por revocación.
«Tenemos intención de ver si en este segundo cuatrimestre podemos lanzar el sorteo, calculo que para agosto yo creería que estamos en condiciones», afirmó Peralta. La funcionaria aclaró que todavía no hay una fecha exacta definida, aunque señaló que la repartición trabaja en la logística administrativa y en la compatibilización de datos con la Caja de Acción Social para garantizar la disponibilidad de las unidades.
La Ramada, el primer complejo en la mira
Uno de los principales puntos del futuro sorteo serán los departamentos del complejo La Ramada, parte del programa Procrear que pasaría a manos de la provincia tras un convenio con Nación que se firmaría en junio.
Peralta explicó que el barrio tiene un avance del 55% y que la intención oficial es «dividirlo en tres etapas para terminar una primera de 30 departamentos y poder sortearlos este año». Por su ubicación en Capital y por la calidad de las terminaciones, estas unidades exigirán requisitos de ingresos más ajustados, ya que las cuotas serán más elevadas que las de una vivienda social común.
Viviendas remanentes y casas recuperadas
A la oferta se sumarían las viviendas remanentes, es decir, casas de barrios ya entregados donde las familias seleccionadas originalmente no cumplieron con la documentación necesaria. En lugar de avanzar con asignaciones discrecionales, la directora del IPV sostuvo que «lo más transparente y justo es a través del sorteo».
El proceso también incluiría casas recuperadas tras revocaciones por falta de ocupación. Según indicó el organismo, se detectaron entre 300 y 400 denuncias vinculadas a viviendas que no estarían siendo habitadas por sus adjudicatarios.
Peralta remarcó que el IPV endureció los controles sobre las casas utilizadas sólo durante fines de semana o que permanecen cerradas. En ese sentido, recordó que «no ocuparla o no pagarla son causales de revocación» contempladas por la normativa vigente.
Morosidad y control del sistema
Actualmente, San Juan enfrenta un 50% de morosidad en el pago de viviendas del IPV. El instituto busca reducir ese índice mediante intimaciones legales a familias que, pese a contar con ingresos demostrables, no cumplen con sus obligaciones financieras.
La directora explicó que el sistema se sostiene bajo un criterio de solidaridad: el pago de quienes ya recibieron su casa permite financiar nuevas soluciones habitacionales para las 100.000 familias que todavía esperan en los padrones.
Peralta también planteó la necesidad de avanzar con una legislación provincial que agilice los procesos judiciales de revocación. El objetivo es evitar que las viviendas recuperadas queden atrapadas en la burocracia y puedan volver más rápido al circuito de adjudicación transparente.
