El Gobierno nacional derogó 58 normas vinculadas al comercio interior, entre ellas disposiciones asociadas a programas que ya no estaban vigentes, como Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados. La decisión fue oficializada mediante la Resolución 12/2026 y la Disposición 534/2026, en el marco de la agenda de desregulación que impulsa la administración de Javier Milei.
Según argumentó el Ejecutivo, el paquete eliminado incluía medidas que «generaban ambigüedad regulatoria y jurídica». El Gobierno sostuvo que muchas de esas disposiciones habían sido dictadas bajo marcos regulatorios modificados o derogados, entre ellos la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y la norma que creó el Observatorio de Precios.
Qué pasará con Ahora 12, Cuota Simple y Precios Cuidados
En los fundamentos de la resolución, el Gobierno señaló que esas regulaciones «han perdido su objeto y aplicabilidad». Además, indicó que la acumulación de normas a lo largo del tiempo derivó en un escenario de superposición, dispersión y desactualización regulatoria, lo que dificulta determinar con claridad cuáles continúan vigentes.
El texto oficial también sostuvo que esa situación genera «una inseguridad jurídica para los ciudadanos que restringe el libre desenvolvimiento de su vida». Bajo ese argumento, la Secretaría de Comercio avanzó con una depuración normativa que alcanzó a disposiciones vinculadas al financiamiento del consumo y a los acuerdos de precios.
Entre las normas derogadas aparecen 30 disposiciones relacionadas con Ahora 12 y Cuota Simple, programas que intervenían de manera indirecta sobre las condiciones de financiamiento al consumo.
Cuota Simple fue el esquema que reemplazó a Ahora 12 durante la gestión de Javier Milei. La iniciativa permitía financiar compras con tarjeta de crédito en 3 y 6 cuotas fijas, con tasas inferiores a las del mercado. Sin embargo, el programa dejó de funcionar en junio de 2025 y el Gobierno decidió no renovarlo.
Durante su vigencia, miles de comercios de todo el país se sumaron al programa para ofrecer financiamiento en cuotas, en muchos casos sin costo adicional para el consumidor. Tras su finalización, bancos, billeteras virtuales y procesadoras de pago lanzaron alternativas propias para sostener las opciones de financiación. De todos modos, el contexto de tasas más elevadas limitó la expansión de esos esquemas, especialmente entre pequeñas y medianas empresas.
También quedó sin efecto una disposición complementaria vinculada a Precios Cuidados, el programa lanzado en 2014 que establecía acuerdos de precios sobre productos de consumo masivo, como alimentos, artículos de limpieza, perfumería y cuidado personal.
Con el paso del tiempo, ese esquema se amplió a otros rubros, entre ellos materiales para la construcción, motos y servicios de telefonía celular. Posteriormente derivó en programas similares, como Precios Justos.
La Ley hojarasca y el plan oficial para eliminar regulaciones
En paralelo, el Gobierno avanza con su agenda legislativa y busca conseguir media sanción en el Senado para la Ley hojarasca, una iniciativa impulsada por el ministro Federico Sturzenegger. El proyecto propone derogar y modificar más de 70 normas vigentes, con el objetivo de «reducir la sobrerregulación» y profundizar el proceso de desburocratización del Estado.
La Secretaría de Comercio continúa con la revisión de cientos de resoluciones y disposiciones vigentes bajo una premisa central: identificar cuáles siguen siendo útiles y cuáles deben ser eliminadas. A través de esta limpieza normativa, el oficialismo busca profundizar durante 2026 la desregulación económica iniciada al comienzo de su mandato.
Con la derogación de este paquete de 58 normas, el Ejecutivo intenta consolidar un entorno comercial con menos trabas burocráticas, reducir costos administrativos y dinamizar la actividad económica. En este nuevo escenario, el desafío para el sector privado será comprobar si la menor regulación se traduce efectivamente en una operatoria diaria más ágil.
