La Secretaría General de la Presidencia, encabezada por Karina Milei, incrementó en un 141% los fondos destinados a los gastos operativos de la Casa Rosada. En el plazo de un año, el presupuesto pasó de 471 millones de pesos a más de 1.135 millones, de acuerdo con documentación oficial y respuestas brindadas a través de pedidos de acceso a la información pública.
El esquema administrativo contempla la utilización de tarjetas corporativas estatales asignadas a distintos funcionarios. Sin embargo, el Gobierno no hizo públicos los detalles de los consumos realizados ni las rendiciones correspondientes, pese a que fueron solicitados formalmente.
Un fondo ampliado y nuevas condiciones de gasto
El incremento presupuestario quedó establecido mediante la Resolución 35/2026, firmada a fines de enero y publicada en el Boletín Oficial durante los primeros días de febrero. La normativa fijó un límite de hasta 50 millones de pesos por operación individual y contempló excepciones únicamente para pagos de servicios básicos, débitos originados por embargos y gastos vinculados a viajes presidenciales.
Según la información oficial actualizada al 10 de junio, Presidencia informó la existencia de 140 tarjetas recargables vigentes, tres tarjetas corporativas de crédito y 62 usuarios habilitados para operar dentro de la plataforma “Corporativa Nación”.
No obstante, la respuesta al pedido de información no incluyó los resúmenes mensuales, el detalle de proveedores, los montos ejecutados, las facturas respaldatorias ni los expedientes de rendición. La administración nacional entregó únicamente la nómina de funcionarios vinculados a las tarjetas.
Quiénes figuran en el sistema
La documentación oficial identifica a Karina Milei como titular de una tarjeta bajo la órbita de su secretaría privada. También aparece la vicepresidenta Victoria Villarruel, asociada a dos plásticos del Fondo Rotatorio: uno destinado a “Viáticos y Eventuales” y otro para “Anticipos”.
Entre los funcionarios incluidos en el esquema también figuran el subsecretario de Gestión Institucional, Eduardo “Lule” Menem, y el director de Realización Audiovisual, Santiago Oría.
Controles, rendiciones y una investigación cerrada
La falta de acceso a los consumos genera interrogantes debido a que el convenio firmado con el Banco Nación contempla herramientas para monitorear en línea las transferencias, los movimientos de cuentas, los comercios donde se realizan las compras y la emisión de reportes completos de cada operación.
Además, el manual interno que regula el manejo de cajas chicas establece exigencias estrictas para las rendiciones. La normativa prohíbe imputar gastos efectuados con tarjetas personales y obliga a registrar cada operación mediante expedientes electrónicos GDE, acompañados por facturas emitidas a nombre de la dependencia correspondiente, fundamentos de la compra y firmas digitales.
La documentación también muestra una superposición de funciones dentro del circuito administrativo. Gabriela Winnik y Marcelo Luque Mariño, responsables formales de administrar el Fondo Rotatorio, aparecen además como usuarios con tarjetas de crédito activas. Por otra parte, María Elisa Del Malvar figura como titular de una tarjeta de crédito, una tarjeta recargable y, simultáneamente, posee el perfil de “Administrador Raíz”, el nivel más alto de control dentro del sistema.
Por último, el Gobierno reconoció que impulsó una investigación interna por un posible uso irregular de tarjetas corporativas. La Dirección de Sumarios informó que el expediente fue cerrado el 6 de abril al no detectar un perjuicio económico para el Estado. Sin embargo, la documentación del caso tampoco fue entregada, por lo que no trascendieron detalles sobre qué tarjeta fue analizada, qué montos estuvieron bajo revisión ni si existieron devoluciones de fondos antes del cierre de las actuaciones.
