La Corte Suprema de Justicia rechazó el recurso presentado por el Gobierno nacional y dejó firme la medida cautelar que ordena cumplir con la Ley de Financiamiento Universitario. En consecuencia, el Ejecutivo deberá garantizar la actualización de los salarios docentes y no docentes, las becas estudiantiles y las demás partidas previstas por la normativa.
El máximo tribunal consideró que la presentación del Gobierno no estaba dirigida contra una sentencia definitiva, por lo que desestimó el planteo y mantuvo vigente la cautelar impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). De esta manera, el Ejecutivo quedó obligado a avanzar con la aplicación de la ley sancionada por el Congreso en 2025.
El acuerdo firmado con las universidades
La resolución judicial se conoció pocos días después del acuerdo alcanzado entre el Gobierno y los rectores de las universidades nacionales. Ese entendimiento contempla un incremento del 24,33% en la masa salarial, distribuido en una suba del 21,33% sobre los salarios de junio —tomando como base los haberes de mayo— y otro 3% en octubre sobre los básicos de septiembre.
Además, el acta establece que las paritarias volverán a reunirse cada tres meses para revisar la evolución de la inflación y continuar con la recomposición salarial. También prevé un aumento del 20% para los gastos de funcionamiento de las universidades, una suba del 50% en las Becas Manuel Belgrano y una partida adicional de 50.000 millones de pesos para los hospitales universitarios.
Por qué continúa el reclamo
Sin embargo, tanto el Consejo Interuniversitario Nacional como los gremios docentes sostienen que ese acuerdo no reemplaza el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario. La norma establece una actualización de salarios y becas de acuerdo con la inflación acumulada, mientras que el convenio firmado representa una recomposición parcial.
Por ese motivo, los rectores mantuvieron la acción judicial que derivó en el fallo favorable de la Corte Suprema.
Qué puede ocurrir a partir de ahora
Los sindicatos universitarios sostienen que la pérdida del poder adquisitivo continúa siendo significativa. Según datos de las federaciones docentes, los salarios acumulan una caída real cercana al 34% desde el inicio de la gestión de Javier Milei, mientras que el presupuesto universitario perdió alrededor del 29% de su poder de compra entre 2023 y 2025.
Con la decisión del máximo tribunal, el Gobierno ya no podrá sostener el argumento judicial para demorar la aplicación de la ley. No obstante, resta definir de qué manera instrumentará el cumplimiento integral de la norma y si el acuerdo salarial alcanzado este mes será considerado suficiente o si deberá avanzar con nuevas actualizaciones para ajustarse a lo establecido por la legislación vigente.
