El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, presentó una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por el ingreso de tropas de Estados Unidos al país para realizar ejercicios militares. La presentación también alcanza al ex jefe de Gabinete Manuel Adorni, al ministro de Defensa Carlos Presti, al canciller Pablo Quirno y al ex secretario de Comunicación Javier Lanari.
La denuncia fue presentada ante la Justicia Federal con el patrocinio del abogado Eduardo Barcesat y quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 10, a cargo del juez Julián Ercolini.
El legislador también señaló que las maniobras incluyeron operaciones con el portaaviones de propulsión nuclear USS Nimitz, que ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina. Además, recordó que Milei visitó la embarcación y firmó una bandera argentina durante esa actividad.
Los argumentos legales
En la presentación judicial, Marino afirmó que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras corresponde exclusivamente al Congreso, de acuerdo con el artículo 75 de la Constitución Nacional.
También citó la Ley 25.880, que, según indicó, impide autorizar este tipo de operaciones mediante un decreto del Poder Ejecutivo.
El diputado sostuvo que el procedimiento utilizado por el Gobierno habría vulnerado las facultades del Poder Legislativo en materia de autorización para el ingreso de fuerzas extranjeras al territorio nacional.
Qué cuestiona la denuncia
Según sostuvo Marino, el Gobierno autorizó mediante un Decreto de Necesidad y Urgencia el ingreso de más de 350 militares estadounidenses, que participaron durante 42 días de los ejercicios «Daga Atlántica» y «PASSEX» en bases ubicadas en las provincias de Buenos Aires y Córdoba.
La denuncia plantea la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria, figuras que ahora deberán ser evaluadas por la Justicia Federal.
Marino cuestionó además las operaciones vinculadas al USS Nimitz y el carácter político de la visita presidencial a la embarcación, en el marco de una agenda de cooperación militar con Estados Unidos.
La postura del diputado
Marino sostuvo que la presentación se da en un contexto de creciente tensión internacional y cuestionó el alineamiento del Gobierno argentino con la política exterior de Estados Unidos.
En ese marco, afirmó que recurrió a la Justicia para que se investigue si el procedimiento utilizado por el Poder Ejecutivo respetó las facultades establecidas por la Constitución Nacional.
Hasta el momento, el Gobierno nacional no se pronunció públicamente sobre la denuncia presentada por el legislador.
La causa quedó ahora en manos del juez Julián Ercolini, quien deberá analizar los planteos formulados por Marino y determinar los próximos pasos procesales de la investigación.
El diputado nacional de Unión por la Patria, Juan Marino, denunció penalmente al presidente Javier Milei por el ingreso de tropas estadounidenses al país para ejercicios militares. La presentación, radicada en el Juzgado Federal N.º 10, también alcanza a exfuncionarios y ministros, y cuestiona el uso de un DNU para autorizar las maniobras.
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Juan Marino decidió llevar a la Justicia una de esas escenas que parecen escritas por un guionista con entusiasmo geopolítico: tropas estadounidenses en territorio argentino, ejercicios militares, un portaaviones nuclear, un Presidente visitando la embarcación y una bandera firmada en medio de una postal que, según la mirada del diputado, merecía menos épica y más Congreso. La denuncia cayó en Comodoro Py, ese parque temático judicial donde la política argentina deposita sus dramas con la esperanza de que algún expediente los ordene.
El legislador de Unión por la Patria apuntó contra Javier Milei y varios integrantes del Gobierno por haber autorizado, según planteó, el ingreso de militares de Estados Unidos mediante un DNU. Para Marino, la Constitución no deja demasiado margen para la creatividad administrativa: la autorización de tropas extranjeras corresponde al Congreso. Es decir, no sería un trámite para resolver con lapicera presidencial, entusiasmo bilateral y música de portaaviones de fondo.
En el centro del cuestionamiento aparecen los ejercicios «Daga Atlántica» y «PASSEX», dos nombres que suenan a videojuego bélico de los noventa, pero que en la denuncia son presentados como maniobras concretas realizadas en bases de Buenos Aires y Córdoba. Marino también puso la lupa sobre el USS Nimitz, una mole de propulsión nuclear que ingresó a la Zona Económica Exclusiva argentina y se transformó, por unas horas, en escenario de alto voltaje político.
La presentación incluye acusaciones graves: abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público y traición a la Patria. No es precisamente una advertencia con marcador fluorescente; es un mazazo penal con membrete opositor. El planteo busca que la Justicia determine si el Poder Ejecutivo se excedió en sus facultades o si actuó dentro de los márgenes legales previstos.
Mientras el Gobierno no se pronunció públicamente sobre la denuncia, el caso suma otro capítulo a la discusión por el alineamiento internacional de la Casa Rosada. La pregunta de fondo no entra en una foto arriba de un buque ni en un comunicado con lenguaje diplomático: quién decide, con qué límites y bajo qué control democrático, cuando se trata de tropas extranjeras en suelo argentino. La política, otra vez, encontró la forma de convertir un ejercicio militar en un ejercicio de supervivencia institucional.
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