Diego Santilli asumió como jefe de Gabinete la semana pasada y su llegada al cargo volvió a poner el foco sobre la evolución de su patrimonio declarado durante la última década. De acuerdo con las declaraciones juradas presentadas entre 2015 y 2025, el funcionario pasó de declarar casi $3 millones a un patrimonio de $968.683.486,86.
Según los datos consignados en esos documentos, el crecimiento patrimonial, descontando el efecto de la inflación acumulada, representaría un incremento real estimado de entre 90% y 130%, dependiendo del tipo de cambio utilizado para el cálculo. En términos nominales, el patrimonio declarado se multiplicó más de 320 veces en moneda local.
El inmueble concentra la mayor parte del patrimonio
La declaración jurada presentada al asumir como ministro del Interior refleja que el principal activo de Santilli es un departamento de 304 metros cuadrados con cochera sobre Avenida Figueroa Alcorta, cuya valuación fiscal asciende a $748 millones.
El inmueble fue adquirido en 2015, cuando era senador nacional por la Ciudad de Buenos Aires. Ese año figura declarado con un valor de $7.857.750. Posteriormente experimentó sucesivas revaluaciones, especialmente desde 2022, cuando la aplicación del multiplicador para inmuebles de la Ciudad modificó significativamente las valuaciones fiscales.
La adquisición se concretó luego de la venta de una propiedad ubicada sobre la calle Posadas y mediante una hipoteca de primer grado otorgada por el vendedor del inmueble, Marcos Podestá. En la declaración jurada de ese período figura una deuda por $7.117.000, que posteriormente fue cancelada tras la venta de otros dos inmuebles ubicados en Pilar y en la calle Cerviño.
Acciones, vehículos y activos financieros
Además del inmueble, Santilli declaró la propiedad de un Volkswagen Vento modelo 2025, valuado en aproximadamente $45 millones, junto con cuentas bancarias en pesos, depósitos en dólares y ahorros en moneda extranjera.
También informó la tenencia de acciones de la empresa familiar Sanfor, valuadas en alrededor de $149 millones. Si bien continúa como accionista, el funcionario dejó de integrar el directorio de la compañía, por lo que mantiene únicamente su participación societaria y el derecho al cobro de dividendos.
La evolución patrimonial y las operaciones inmobiliarias realizadas durante los últimos años forman parte de la información presentada en las declaraciones juradas oficiales, documentos que permiten seguir la composición y variación de los bienes declarados por los funcionarios públicos.
