El Gobierno nacional impulsa una profunda reconfiguración del sistema judicial con el objetivo de cubrir las cerca de 300 vacantes de jueces nacionales y federales antes de fin de año. La iniciativa incluye cargos en la estratégica Cámara Federal de la Capital y en los tribunales orales federales, con la intención de incorporar un 40% de postulantes provenientes del propio Poder Judicial.
Reforma para el Procurador General y la Corte Suprema
La propuesta también contempla modificar la duración del mandato del Procurador General de la Nación, eliminando el carácter vitalicio del cargo. Según trascendió, la idea es establecer dos períodos consecutivos, aunque todavía no está definido si serán de cuatro, cinco o seis años.
«Aún no lo tiene resuelto», señalaron desde el Congreso respecto de esa definición y también sobre otro de los temas centrales: la cobertura de las dos vacantes existentes en la Corte Suprema de Justicia. Hasta el momento no está claro si el presidente Javier Milei avanzará con esos nombramientos durante lo que resta de 2026 o si la discusión quedará postergada para 2028.
En ese contexto, el presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, mantuvo meses atrás una reunión con el mandatario para plantear que las vacantes sean cubiertas con magistrados provenientes del Poder Judicial, especialmente de la justicia federal, y no con dirigentes de la política.
Entre los nombres que aparecen en consideración figuran Mariano Borinsky, Karina Perilli, Agustina Díaz Cordero y también María Ibarzabal Murphy, titular de la Secretaría de Legal y Técnica y cercana al asesor presidencial Santiago Caputo. El antecedente inmediato fue el rechazo legislativo a los pliegos de Ariel Lijo y Manuel García Mansilla, enviados por el Ejecutivo en abril de 2025.
Vacantes, pliegos y el nuevo sistema acusatorio
El Ejecutivo también buscará avanzar sobre el cargo de Procurador General, vacante desde 2017 y ocupado de manera interina por Eduardo Casal. La iniciativa cobra relevancia a partir de la implementación del sistema acusatorio, que otorga a los fiscales la conducción de las investigaciones penales y amplía las atribuciones del Procurador General en la organización y control del Ministerio Público Fiscal.
De acuerdo con la información conocida, todavía no existe una definición sobre la duración de los mandatos propuestos. En ese marco también volvió a mencionarse un proyecto presentado por la senadora Carolina Moisés que establecía un mandato de ocho años, con posibilidad de una prórroga de cuatro más y el requisito de contar con dos tercios de los votos del Senado para la designación.
Otro de los ejes del plan oficial consiste en que el Senado trate entre 20 y 30 pliegos por sesión. Hasta el momento ya fueron enviados cerca de 140 pliegos y la primera sesión para comenzar su tratamiento está prevista para el 16 de julio, mientras que nuevas audiencias fueron programadas para agosto.
La renovación de la Cámara Federal
Dentro de ese esquema también se habilitó el envío de pliegos para cubrir las vacantes correspondientes a los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi, trasladados durante la presidencia de Mauricio Macri.
Entre los nombres que circulan para integrar la futura conformación aparecen Pablo Yadarola, cercano al ministro de Justicia Juan Bautista Mahiques, el propio Bertuzzi y la fiscal Cecilia Incardona. La decisión final corresponde al Presidente y al Ministerio de Justicia.
La eventual reconfiguración de la Cámara Federal también contempla una tercera vacante, ya que no fue enviado el pliego para la renovación del acuerdo del juez Martín Irurzun, quien cumplirá 75 años el próximo 18 de julio y debería acceder a la jubilación. La situación abrió nuevas discusiones internas en los tribunales, donde Mariano Llorens procura consolidar un espacio de coincidencias junto a Bertuzzi, Yadarola y Eduardo Farah, mientras Roberto Boico mantiene el respaldo de sectores de la oposición.
En paralelo, continúa un concurso para cubrir tres vacantes en la Cámara de Casación. Además, permanecen disponibles cuatro cargos en los juzgados federales de Comodoro Py. A su vez, el presidente de la Cámara de Casación, Diego Barroetaveña, presentó una medida cautelar con el objetivo de obtener la reelección, pese a que esa posibilidad se encuentra restringida por las normas vigentes del Consejo de la Magistratura.
