Organismos y referentes de derechos humanos acompañaron este lunes, en la sede de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), la presentación judicial de un grupo de defensorías públicas que busca que se declare la inconstitucionalidad de la nueva Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. La norma, entre otros puntos, habilita la prisión para jóvenes desde los 14 años y entrará en vigencia el 5 de septiembre.
Además de la CPM, participaron la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), la CTA Autónoma, el Instituto Gino Germani de la UBA, el Observatorio Internacional de Prisiones, el Foro por los Derechos de la Niñez, el Grupo de Estudios sobre Sistema Penal y Derechos Humanos (Gespydh), el Comité para la Defensa de la Ética, la Salud y los Derechos Humanos (Codesedh), el SERPAJ, Defensa de los Niños Internacional (DNI), SUTEBA y otras organizaciones.
La jornada estuvo encabezada por los presidentes de la CPM, Adolfo Pérez Esquivel y Dora Barrancos, y por el secretario general de la Central de Trabajadores de Argentina–Autónoma, Hugo Godoy. El objetivo común fue impulsar la declaración de inconstitucionalidad del nuevo régimen penal juvenil.
“Nos juntamos para tratar de frenar esta idea tan descabellada que es la baja de la edad de punibilidad y la reforma del régimen penal juvenil”, expresó Roberto Cipriano García, secretario ejecutivo de la CPM, al abrir la presentación.
Críticas al nuevo régimen penal juvenil
Ricardo Berenguer, defensor del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil de La Plata y miembro del Foro, planteó que la reforma impulsada por el gobierno libertario va “contra la Constitución y contra la Convención de los Derechos del Niño”. Además, sostuvo que “incluye como sancionables un montón de delitos menores que la ley vigente no los contemplaba” y que “prioriza la pena de prisión para los pibes”.
Luego tomó la palabra Pérez Esquivel, quien apeló a su idea de la rebeldía de conciencias. “El desguace del país perjudica a los más débiles, que son los niños y las niñas, llevamos 40 años trabajando con ellos con afecto y escuchando lo que tienen que decir, porque no siquiera les permiten la palabra”, dijo el premio Nobel.
El referente propuso “unir las fuerzas para resistir esta ley que es inconstitucional y afecta la vida, porque los niños no son un peligro, están en peligro de manera permanente”. Antes de cerrar su discurso, propició “mucha fuerza y esperanza hasta la nulidad de esta ley inmoral e injusta”.
Barrancos habló de una regresión de derechos
A continuación, Dora Barrancos agradeció “los esfuerzos que se han sumado para oponernos a esta nueva calamidad que se nos viene en este ciclo doloroso de regresión de derechos humanos”. A su criterio, el gobierno se “anima a plantear esta ley por la atmósfera que ha creado, tiene el oxígeno de los tiempos que corren”.
Barrancos también cuestionó “ese sentido común berreta” según el cual “un estado punitivista puede resolver todas las problemáticas sociales”.
En tanto, Alcira Daroqui, miembro de la CPM e integrante del Gespydh, recordó que llevan décadas resistiendo intentos de sancionar leyes como la que ahora denuncian como inconstitucional. “Incluso cierto sector de la progresía llegó a decir que bajar la edad de punibilidad era dar garantías”, mencionó.
“Esto es como un poder ilimitado, aunque no sabemos si van a salir a capturar niños y niñas, sí queda claro que dejan la vara alta para el punitivismo en el poder judicial y el poder de las policías en los territorios”, expresó Daroqui. “Hay que voltear esta ley para frenar el avance de los sectores dominantes sobre los sectores desposeídos”, sintetizó.
Pedido de suspensión de la ley
Desde el Observatorio de Prisiones, el escribano Antonio Cartaña envió un mensaje de apoyo a la iniciativa y agregó: “Debemos hacer de este apoyo una cruzada nacional”.
Los participantes coincidieron en denunciar la “violación a los principios de progresividad-no regresividad, de culpabilidad y proporcionalidad de las penas y al derecho a la no autoincriminación”. También pidieron la suspensión de la ley y advirtieron que el sistema de encierro va a ‘colapsar’”.
En el cierre, remarcaron que la política de mano dura suele responsabilizar a niños, niñas y adolescentes por la inseguridad, pese a que su incidencia en el delito, según señalaron, nunca supera el 3%. “Siempre la política de mano dura acusa a niños, niñas y adolescentes de la inseguridad, cuando su incidencia en el delito nunca supera el 3%. Si este tipo de iniciativas no prospera, todo será peor para ellos y ellas.
