El ex presidente de ARSAT y del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Facundo Leal, deberá presentarse este lunes a las 10 ante el Juzgado Federal de San Martín para prestar declaración indagatoria en la causa que investiga presuntas maniobras de corrupción durante su gestión al frente de la empresa estatal de telecomunicaciones.
La audiencia representa un nuevo avance de una investigación que se profundizó en los últimos meses, luego de que durante allanamientos en propiedades vinculadas al exfuncionario la Justicia encontrara USD 2,4 millones en efectivo, drogas y distintos equipos de vigilancia.
Leal permanece detenido desde hace dos meses bajo arresto domiciliario, con custodia del Servicio Penitenciario Federal. Además de la causa por estupefacientes, enfrenta una investigación por presuntos retornos ilegales vinculados con contrataciones realizadas mientras conducía ARSAT.
Hasta el momento no está definida la estrategia que adoptará durante la audiencia. El exfuncionario podrá responder preguntas del juez o presentar un escrito. Según consta en el expediente, hasta ahora mantuvo una postura poco colaborativa y se negó a entregar la contraseña de su teléfono celular a los investigadores.
La investigación por las contrataciones en ARSAT
La pesquisa judicial busca determinar si Facundo Leal recibió beneficios económicos indebidos a cambio de favorecer mediante contrataciones directas a una empresa privada que prestaba servicios para ARSAT.
Los fiscales consideran que existen elementos suficientes para avanzar con la investigación y solicitaron la convocatoria a indagatoria de Leal, otros exfuncionarios y directivos de Argentina Logistic Services S.A. (ALS), una de las firmas bajo investigación.
Entre los citados figuran Gerardo Boschin, ex presidente de Trenes Argentinos y ex gerente de Compras de ARSAT; Pablo Pagani; Juan Navarro; Juan Antonio Álvarez; Fernando Diego Paredes; Diego Maximiliano Padilla; Gastón Walter Padilla; Sofía Varela Vizgarra y Santiago Pando, además de la propia empresa ALS como persona jurídica.
De acuerdo con la investigación, las presuntas irregularidades podrían encuadrarse en delitos como administración fraudulenta en perjuicio del Estado, cohecho pasivo, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
Los fiscales sostienen que las pruebas reunidas justifican profundizar la pesquisa para establecer si existió un esquema sistemático de contrataciones irregulares financiadas con recursos públicos.
El hallazgo de dinero, drogas y equipos de vigilancia
La situación judicial del ex titular de ARSAT se agravó tras los allanamientos realizados en inmuebles ubicados en la Ciudad de Buenos Aires y en Mendoza.
Durante esos procedimientos, la Justicia secuestró USD 2,4 millones cuyo origen no pudo ser justificado, además de una importante cantidad de estupefacientes.
Entre los elementos incautados se encontraron 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y distintos utensilios utilizados para manipular estupefacientes.
Los investigadores también hallaron equipos destinados al seguimiento y vigilancia de personas y vehículos, material que fue incorporado al expediente como parte de las pruebas.
Como consecuencia de ese hallazgo, Leal también quedó imputado en una causa por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización, que tramita en paralelo a la investigación por presuntas maniobras de corrupción.
La prisión preventiva y las medidas judiciales
Además del avance de la investigación por las presuntas irregularidades en ARSAT, la fiscalía solicitó la prisión preventiva de Leal al considerar que existen riesgos concretos de fuga y de entorpecimiento de la investigación.
En la presentación realizada ante la Justicia, los fiscales sostuvieron que el exfuncionario cuenta con recursos económicos suficientes para eludir el accionar judicial y que, por su experiencia en organismos estratégicos del Estado, posee conocimientos y herramientas que podrían dificultar la obtención de pruebas.
Uno de los episodios incorporados al expediente ocurrió poco antes de uno de los allanamientos. Según la investigación, la hija y la pareja de Leal ingresaron a su domicilio cuando él ya se encontraba incomunicado y las cámaras de seguridad registraron que retiraron varias valijas apenas 90 minutos antes de la llegada de la Policía.
Los investigadores sospechan que en ese momento pudieron haberse retirado elementos de interés para la causa, circunstancia que fue incorporada como uno de los fundamentos para solicitar medidas cautelares más severas.
La fiscalía también mencionó la presunta disponibilidad de medios para abandonar el país mediante canales de transporte no convencionales, entre ellos un avión privado, como otro de los factores considerados para evaluar el riesgo de fuga.
Mientras avanza la investigación, el juez Lino Mirabelli dispuso la prohibición de salida del país para los imputados, la inhibición general de bienes y el embargo de sus activos.
Además, ordenó levantar el secreto fiscal y bancario, requirió información al Banco Central de la República Argentina (BCRA) y solicitó documentación a la Oficina Anticorrupción para analizar la evolución patrimonial de los involucrados y detectar posibles inconsistencias entre los ingresos declarados y los bienes incorporados durante los últimos años.
Las medidas apuntan a reconstruir el circuito financiero de las contrataciones investigadas y determinar si existieron movimientos patrimoniales incompatibles con los ingresos de los funcionarios involucrados.
Otra causa por su paso por el ORSNA
La situación judicial del exfuncionario también alcanza a su gestión al frente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA).
En paralelo, una causa tramita en los tribunales federales de Comodoro Py para analizar presuntas irregularidades durante el período en que encabezó ese organismo, desde junio de 2025 hasta principios de 2026.
El expediente quedó a cargo del juez Marcelo Martínez De Giorgi, mientras que el fiscal Ramiro González impulsó las primeras medidas de prueba.
Entre ellas se incluyen pedidos de información patrimonial y el requerimiento de los expedientes vinculados con distintas obras adjudicadas durante la administración de Leal, con el objetivo de establecer si existieron irregularidades similares a las investigadas en ARSAT.
De esta manera, el exfuncionario enfrenta investigaciones simultáneas por presuntas maniobras de corrupción en dos organismos estatales, además de la causa por tenencia de estupefacientes surgida tras los allanamientos realizados en sus propiedades.
