La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicó este martes la Resolución 35/2026, mediante la cual dispuso la derogación de 122 normas vinculadas al funcionamiento del organismo. La medida fue presentada por el Gobierno nacional como parte de la agenda de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei y como el comienzo de una revisión más amplia del sistema de Riesgos del Trabajo.
La resolución, firmada por el superintendente Gustavo Morón y publicada en el Boletín Oficial, establece la derogación expresa de resoluciones y artículos considerados “obsoletos, redundantes o sin aplicación práctica”. Además, reconoce la pérdida de vigencia de otras disposiciones que habían quedado tácitamente reemplazadas por normas posteriores.
De acuerdo con el texto oficial, el objetivo inmediato consiste en depurar el digesto normativo de la SRT y eliminar regulaciones cuya finalidad ya se cumplió o que quedaron superadas por transformaciones tecnológicas y administrativas.
Qué normas fueron eliminadas
Al presentar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que entre las disposiciones derogadas aparecen normas relacionadas con trámites presenciales que fueron sustituidos por procedimientos digitales, el registro de graduados universitarios de Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información y programas que, según indicó, ya no se encontraban operativos.
“La resolución 35/2026 de la SRT, con firma del superintendente Gustavo Morón, es un primer paso de limpieza que prepara el terreno”, afirmó el funcionario en sus redes sociales.
El Gobierno anticipó una revisión integral
Más allá de la depuración administrativa, las declaraciones de Sturzenegger anticiparon el alcance que el Ejecutivo pretende darle al proceso. El ministro señaló que “de los múltiples temas que teníamos en el mercado laboral, el del costo de los riesgos del trabajo es uno que siempre se menciona con preocupación” y agregó que, junto con la SRT, comenzaron a trabajar en “una revisión integral de la normativa”.
La definición vincula la eliminación de las 122 normas con una discusión de mayor alcance sobre el funcionamiento económico del sistema de ART y su impacto en el mercado laboral.
En ese sentido, el propio funcionario aclaró que la resolución “es un primer paso, pero uno importantísimo de ir limpiando la querencia para luego ordenar el rancho”, frase con la que describió la secuencia elegida por el Gobierno: primero retirar regulaciones consideradas innecesarias y luego avanzar con el ordenamiento del sistema.
Qué cambia y qué permanece igual
El alcance jurídico inmediato de la Resolución 35/2026 es limitado. No modifica la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo ni la Ley 27.348, y tampoco introduce cambios sobre las prestaciones médicas, las indemnizaciones, las obligaciones de las ART o las competencias de las Comisiones Médicas.
La norma se concentra en declarar derogaciones y pérdidas de vigencia dentro del conjunto de resoluciones dictadas por la SRT desde su creación, según señalaron fuentes oficiales.
Entre sus fundamentos, el organismo invoca el Decreto 90/2025, que ordenó a las dependencias nacionales revisar y depurar su stock normativo, y el Decreto 891/2017, referido a la simplificación administrativa.
Aunque su efecto jurídico inmediato es acotado, la Resolución 35/2026 cobra mayor relevancia por el contexto en el que fue presentada. El Gobierno la ubica dentro de su política de desregulación del Estado y la plantea como el punto de partida de una revisión más profunda del régimen de riesgos del trabajo, en paralelo con la reforma laboral y los decretos desregulatorios vigentes.
El Gobierno nacional eliminó 122 normas vinculadas al sistema de riesgos del trabajo mediante la Resolución 35/2026 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, publicada este martes. La medida depura disposiciones consideradas obsoletas o sin aplicación práctica y, según Federico Sturzenegger, constituye un “primer paso” hacia una revisión integral de la normativa y del costo del sistema de ART.
Resumen generado automáticamente por inteligencia artificial
122 normas menos de un plumazo y una promesa bastante más ambiciosa: revisar integralmente el sistema de riesgos del trabajo. El Gobierno empezó por limpiar el depósito normativo antes de meterse con la maquinaria, una estrategia que Federico Sturzenegger resumió con precisión inmobiliaria: primero acomodar la querencia y después ordenar el rancho.
La Resolución 35/2026 elimina disposiciones que regulaban desde trámites presenciales ya reemplazados por procedimientos digitales hasta registros y programas que dejaron de funcionar. Es el equivalente administrativo a abrir un cajón municipal y descubrir manuales para usar el fax, tres formularios con carbónico y una contraseña anotada en un papelito que nadie sabe de qué sistema era.
Por ahora, la motosierra pasó por el archivo y no por las prestaciones: no cambian las indemnizaciones, la atención médica, las obligaciones de las ART ni las competencias de las Comisiones Médicas. Tampoco se modifican las leyes centrales del régimen. La poda, al menos en esta etapa, consiste en sacar del digesto aquello que el propio Estado considera vencido, redundante o directamente ornamental.
Pero el dato político está detrás de las 122 bajas. Sturzenegger puso sobre la mesa el costo de los riesgos del trabajo como una preocupación recurrente del mercado laboral y confirmó que comenzó una revisión integral de la normativa junto con la SRT. Es decir: sacar resoluciones antiguas no sería la película, apenas los títulos iniciales.
El Gobierno presenta la medida como parte de su agenda de desregulación y simplificación. Primero desaparecen las normas que sobrevivían por inercia administrativa; después vendrá la discusión sobre un sistema mucho más sensible, donde conviven empresas, trabajadores, aseguradoras, indemnizaciones y litigios. Por ahora limpiaron el rancho. Falta saber qué muebles consideran que sobran.
Contenido humorístico generado por inteligencia artificial
La Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) publicó este martes la Resolución 35/2026, mediante la cual dispuso la derogación de 122 normas vinculadas al funcionamiento del organismo. La medida fue presentada por el Gobierno nacional como parte de la agenda de desregulación impulsada por el presidente Javier Milei y como el comienzo de una revisión más amplia del sistema de Riesgos del Trabajo.
La resolución, firmada por el superintendente Gustavo Morón y publicada en el Boletín Oficial, establece la derogación expresa de resoluciones y artículos considerados “obsoletos, redundantes o sin aplicación práctica”. Además, reconoce la pérdida de vigencia de otras disposiciones que habían quedado tácitamente reemplazadas por normas posteriores.
De acuerdo con el texto oficial, el objetivo inmediato consiste en depurar el digesto normativo de la SRT y eliminar regulaciones cuya finalidad ya se cumplió o que quedaron superadas por transformaciones tecnológicas y administrativas.
Qué normas fueron eliminadas
Al presentar la medida, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, explicó que entre las disposiciones derogadas aparecen normas relacionadas con trámites presenciales que fueron sustituidos por procedimientos digitales, el registro de graduados universitarios de Higiene y Seguridad, el comité de seguridad de la información y programas que, según indicó, ya no se encontraban operativos.
“La resolución 35/2026 de la SRT, con firma del superintendente Gustavo Morón, es un primer paso de limpieza que prepara el terreno”, afirmó el funcionario en sus redes sociales.
El Gobierno anticipó una revisión integral
Más allá de la depuración administrativa, las declaraciones de Sturzenegger anticiparon el alcance que el Ejecutivo pretende darle al proceso. El ministro señaló que “de los múltiples temas que teníamos en el mercado laboral, el del costo de los riesgos del trabajo es uno que siempre se menciona con preocupación” y agregó que, junto con la SRT, comenzaron a trabajar en “una revisión integral de la normativa”.
La definición vincula la eliminación de las 122 normas con una discusión de mayor alcance sobre el funcionamiento económico del sistema de ART y su impacto en el mercado laboral.
En ese sentido, el propio funcionario aclaró que la resolución “es un primer paso, pero uno importantísimo de ir limpiando la querencia para luego ordenar el rancho”, frase con la que describió la secuencia elegida por el Gobierno: primero retirar regulaciones consideradas innecesarias y luego avanzar con el ordenamiento del sistema.
Qué cambia y qué permanece igual
El alcance jurídico inmediato de la Resolución 35/2026 es limitado. No modifica la Ley 24.557 de Riesgos del Trabajo ni la Ley 27.348, y tampoco introduce cambios sobre las prestaciones médicas, las indemnizaciones, las obligaciones de las ART o las competencias de las Comisiones Médicas.
La norma se concentra en declarar derogaciones y pérdidas de vigencia dentro del conjunto de resoluciones dictadas por la SRT desde su creación, según señalaron fuentes oficiales.
Entre sus fundamentos, el organismo invoca el Decreto 90/2025, que ordenó a las dependencias nacionales revisar y depurar su stock normativo, y el Decreto 891/2017, referido a la simplificación administrativa.
Aunque su efecto jurídico inmediato es acotado, la Resolución 35/2026 cobra mayor relevancia por el contexto en el que fue presentada. El Gobierno la ubica dentro de su política de desregulación del Estado y la plantea como el punto de partida de una revisión más profunda del régimen de riesgos del trabajo, en paralelo con la reforma laboral y los decretos desregulatorios vigentes.
El Gobierno nacional eliminó 122 normas vinculadas al sistema de riesgos del trabajo mediante la Resolución 35/2026 de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, publicada este martes. La medida depura disposiciones consideradas obsoletas o sin aplicación práctica y, según Federico Sturzenegger, constituye un “primer paso” hacia una revisión integral de la normativa y del costo del sistema de ART.
122 normas menos de un plumazo y una promesa bastante más ambiciosa: revisar integralmente el sistema de riesgos del trabajo. El Gobierno empezó por limpiar el depósito normativo antes de meterse con la maquinaria, una estrategia que Federico Sturzenegger resumió con precisión inmobiliaria: primero acomodar la querencia y después ordenar el rancho.
La Resolución 35/2026 elimina disposiciones que regulaban desde trámites presenciales ya reemplazados por procedimientos digitales hasta registros y programas que dejaron de funcionar. Es el equivalente administrativo a abrir un cajón municipal y descubrir manuales para usar el fax, tres formularios con carbónico y una contraseña anotada en un papelito que nadie sabe de qué sistema era.
Por ahora, la motosierra pasó por el archivo y no por las prestaciones: no cambian las indemnizaciones, la atención médica, las obligaciones de las ART ni las competencias de las Comisiones Médicas. Tampoco se modifican las leyes centrales del régimen. La poda, al menos en esta etapa, consiste en sacar del digesto aquello que el propio Estado considera vencido, redundante o directamente ornamental.
Pero el dato político está detrás de las 122 bajas. Sturzenegger puso sobre la mesa el costo de los riesgos del trabajo como una preocupación recurrente del mercado laboral y confirmó que comenzó una revisión integral de la normativa junto con la SRT. Es decir: sacar resoluciones antiguas no sería la película, apenas los títulos iniciales.
El Gobierno presenta la medida como parte de su agenda de desregulación y simplificación. Primero desaparecen las normas que sobrevivían por inercia administrativa; después vendrá la discusión sobre un sistema mucho más sensible, donde conviven empresas, trabajadores, aseguradoras, indemnizaciones y litigios. Por ahora limpiaron el rancho. Falta saber qué muebles consideran que sobran.