La Universidad Nacional de San Juan (UNSJ) solicitó ante la Justicia Federal el desalojo de un terreno de su propiedad ubicado en Chimbas, al sostener que parte del predio está ocupado por personas que no cuentan con autorización legal para permanecer allí. La presentación también contempla la posibilidad de recurrir a la fuerza pública en caso de que resulte necesaria para concretar la restitución del inmueble.
El expediente fue iniciado luego de una constatación realizada el 16 de abril, cuando un representante legal de la universidad recorrió el terreno acompañado por un escribano público para verificar la situación denunciada.
Qué detectó la universidad durante la inspección
El inmueble se encuentra ubicado sobre calle Rastreador Calívar y Costa Canal, antes de avenida Benavídez, y posee una superficie aproximada de 23.000 metros cuadrados. Según la universidad, durante la inspección se observaron distintos indicios de ocupación, entre ellos un portón de ingreso, ropa tendida, personas dentro del predio y un cartel con la inscripción «Lavadero», elementos que reforzaron la presunción de que el lugar está siendo utilizado de manera permanente.
Además, un informe elaborado por la Dirección General de Construcciones Universitarias indicó que las edificaciones existentes presentan un avanzado estado de deterioro y riesgo de derrumbe, por lo que recomendó su demolición total.
El reclamo judicial
Desde la UNSJ sostuvieron que ninguna de las personas que ocupa el predio posee autorización, contrato, concesión o instrumento legal que justifique su permanencia en el lugar. Según la institución, la ocupación afecta el patrimonio universitario y limita el normal desarrollo de las actividades vinculadas al inmueble.
El caso quedó a cargo del juez federal Leopoldo Rago Gallo, quien dio trámite a la presentación. No obstante, antes de resolver el pedido de desalojo requirió que la universidad incorpore el informe de dominio del terreno y acredite haber intimado formalmente a los ocupantes para que restituyan el inmueble.
Un antecedente reciente
No es la primera vez que la UNSJ enfrenta una situación de este tipo. Durante el año pasado impulsó una acción judicial para recuperar una vivienda ubicada frente al Observatorio Félix Aguilar, en Rivadavia, que también consideraba ocupada de manera irregular.
En ese expediente, el proceso se demoró luego de que se detectara que el inmueble figuraba inscripto a nombre de la Universidad Nacional de Cuyo, situación que obligó a la Justicia a incorporar a esa institución al trámite antes de continuar con el análisis del caso.
La Universidad Nacional de San Juan presentó una denuncia ante la Justicia Federal para recuperar un terreno de unos 23.000 metros cuadrados ubicado en Chimbas. La institución sostiene que el predio está ocupado sin autorización y solicitó el desalojo de quienes permanecen allí, mientras la Justicia requirió documentación adicional antes de resolver el planteo.
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Zappo te lo cuenta
Veintitrés mil metros cuadrados. Una universidad como propietaria. Un expediente judicial para averiguar quién vive ahí. En Argentina hay inmuebles que aparecen primero en los registros, después en los mapas y bastante más tarde en el control efectivo de sus dueños. Cuando finalmente alguien vuelve a mirar, ya hay un portón, un lavadero, ropa colgada y vecinos que aseguran conocer la historia mejor que cualquier plano catastral.
La UNSJ fue a la Justicia para recuperar un predio que afirma es suyo. Lo llamativo no es solamente el reclamo. Es que antes hubo que recorrer el terreno con escribano para comprobar algo que, según la denuncia, ya se veía desde la calle. En este país la realidad muchas veces necesita certificación notarial para empezar a existir dentro de un expediente.
Durante la inspección aparecieron señales difíciles de confundir: personas viviendo en el lugar, construcciones, un cartel que anunciaba un lavadero y un movimiento cotidiano incompatible con un terreno abandonado. Lo que en la práctica parece una ocupación, en el lenguaje judicial todavía necesita transformarse en pruebas, informes de dominio e intimaciones formales. La burocracia siempre llega caminando, incluso cuando la casa ya está amueblada.
La Justicia Federal no rechazó el pedido, pero tampoco avanzó directamente con el desalojo. Antes solicitó acreditar la titularidad registral del inmueble e incorporar la constancia de que los ocupantes fueron intimados a devolver el terreno. Porque hasta para recuperar lo propio, el Estado le exige al Estado cumplir todos los pasos. La legalidad no admite atajos, aunque la ocupación haya llegado bastante antes que el expediente.
La historia tampoco es nueva para la universidad. Hace un año intentó recuperar otro inmueble y el proceso quedó frenado porque el terreno figuraba inscripto a nombre de otra universidad nacional. En materia de propiedades públicas, a veces el mayor misterio no es quién ocupa el lugar, sino quién aparece finalmente como dueño en los papeles.
Mientras tanto, el predio sigue ahí. Con sus construcciones deterioradas, vecinos preocupados, un expediente en marcha y una pregunta que se repite demasiado seguido cuando el Estado descubre que una propiedad estatal dejó de parecer estatal hace bastante tiempo.
En Argentina hay terrenos que tardan menos en ser ocupados que en completar la documentación para recuperarlos.
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