El Gobierno argentino definió apelar ante la Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia el fallo que confirmó una condena contra el país por la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral. El objetivo es evitar el pago de más de US$390 millones a Titan Consortium y mantener abierta la discusión judicial en Estados Unidos.
La Procuración del Tesoro prevé presentar este miércoles el pedido de revisión, un día antes del vencimiento del plazo fijado para el jueves 20 de agosto. El escrito se encontraba este martes en su etapa final de elaboración.
La estrategia está a cargo del procurador del Tesoro, Sebastián Amerio, junto con los subprocuradores Santiago Castro Videla y Julio Pablo Comadira.
La Argentina pedirá que la Cámara revise su propia decisión
La presentación buscará que la misma Cámara vuelva a analizar la decisión que confirmó el 21 de julio la sentencia contra el Estado argentino. Durante las últimas semanas, la defensa evaluó si recurrir primero a esa instancia o dirigirse directamente a la Corte Suprema de Estados Unidos.
Finalmente, el Gobierno optó por agotar una instancia adicional ante el tribunal de apelaciones y conservar así la posibilidad de acudir posteriormente al máximo tribunal estadounidense en caso de obtener nuevamente una resolución adversa.
La estrategia no incluirá un pedido específico para suspender la sentencia ni una solicitud destinada a impedir temporalmente que Titan avance con el cobro. En el Gobierno consideran que esa herramienta no se ajusta a la etapa procesal actual.
La defensa analiza, sin embargo, otra alternativa procesal que aún no fue definida y cuyos detalles se mantienen en reserva.
El objetivo inmediato es evitar que quede consolidado el pago de US$390.907.115,55, además de los intereses acumulados desde diciembre de 2024. Titan también busca avanzar sobre activos argentinos ubicados en Estados Unidos para hacer efectiva la condena.
La discusión por los plazos del reclamo
La Corte de Apelaciones del Distrito de Columbia rechazó en julio el planteo argentino y ratificó el fallo de primera instancia. La discusión analizada por ese tribunal no se centró nuevamente en las condiciones de la estatización de Aerolíneas Argentinas, sino en el plazo que tenía Titan para solicitar ante la Justicia estadounidense el reconocimiento y la ejecución del laudo internacional.
La Argentina sostuvo que la acción había prescripto porque correspondía aplicar un plazo de tres años. Los tribunales estadounidenses rechazaron ese argumento y determinaron que debía regir un período de doce años.
Esa interpretación permitió que el reclamo iniciado por Titan en 2021 continuara vigente y avanzara dentro de la Justicia federal estadounidense.
El origen del conflicto se remonta a la expropiación de Aerolíneas Argentinas y Austral al grupo español Marsans en 2008. Las empresas accionistas iniciaron posteriormente un arbitraje ante el CIADI, el tribunal del Banco Mundial encargado de resolver controversias entre Estados e inversores extranjeros.
En 2017, el CIADI condenó a la Argentina a pagar alrededor de US$321 millones, más intereses y costas. El Estado intentó anular esa decisión, pero el planteo fue rechazado en 2019.
Como el organismo arbitral no ejecuta directamente sus condenas, los acreedores deben acudir a tribunales nacionales para buscar el reconocimiento y posterior cobro de los laudos.
Los derechos económicos derivados del juicio quedaron posteriormente en manos de Titan Consortium, que en 2021 acudió a la Justicia federal de Washington para solicitar el reconocimiento y la ejecución del laudo. Con los intereses acumulados, la condena ya supera los US$390 millones.
La Corte Suprema, como próxima alternativa
La defensa argentina intentará ahora que la Cámara vuelva a estudiar su propia resolución. El planteo puede buscar una nueva evaluación de los jueces que ya intervinieron o una revisión más amplia dentro del tribunal.
El Gobierno no anticipó cuál será finalmente el alcance del escrito para evitar revelar la estrategia antes de su presentación.
La elección de esta vía también extiende los tiempos antes de una eventual llegada a la Corte Suprema estadounidense. En el Ejecutivo ya habían señalado que solicitar primero una revisión ante la Cámara permitía conservar la posibilidad de recurrir posteriormente al máximo tribunal.
De esta manera, la Corte Suprema queda como la siguiente alternativa y no como la instancia inmediata. Si la Cámara rechaza el nuevo planteo, la Argentina podrá solicitar que el máximo tribunal tome el expediente, aunque esa intervención no es automática, ya que sus jueces deciden qué casos aceptan revisar.
En la Casa Rosada sostienen que la política adoptada consiste en extender los tiempos de los principales litigios contra el Estado, tanto dentro como fuera del país. Dentro de esa estrategia también ubican las acciones desplegadas en el juicio por YPF, donde la Argentina obtuvo recientemente decisiones favorables en instancias de apelación.
El fallo por Aerolíneas no condena a la empresa, sino al Estado nacional por la expropiación realizada en 2008. La próxima instancia quedará concentrada en la presentación prevista para este miércoles: la Argentina pedirá que la Cámara revise su decisión y, si no logra modificarla, conservará la posibilidad de llevar el expediente ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar evitar el desembolso de más de US$390 millones.
