Representantes del Gobierno nacional y de las universidades participaron este viernes de una audiencia judicial para intentar destrabar el conflicto por la aplicación de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
El encuentro se realizó en Capital Federal ante el juez Martín Cormick, quien escuchó las posiciones de las partes en relación con el cumplimiento de la norma y con la medida cautelar que mantiene vigentes algunos de sus artículos.
Una audiencia sin resolución de fondo
La convocatoria surgió a partir de un pedido presentado por la Universidad de Buenos Aires (UBA), que contó con la conformidad del Gobierno nacional.
También participaron representantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y de la Subsecretaría de Políticas Universitarias.
Según quedó asentado en el acta firmada por los presentes, Cormick no adoptó una decisión de fondo durante la audiencia. El magistrado se limitó a escuchar las posiciones de cada sector sobre el conflicto y sobre la vigencia de la medida judicial.
La causa continuará su trámite mientras la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal avanza hacia una resolución definitiva.
Qué establece la cautelar vigente
El conflicto se encuentra vinculado con la falta de aplicación integral de la Ley 27.795 de Financiamiento Universitario.
En junio, la Corte Suprema dejó firme una medida cautelar que obliga al Estado nacional a aplicar dos artículos de la norma.
Esos puntos están relacionados con la actualización salarial y la recomposición de programas estudiantiles, por lo que continúan vigentes mientras se resuelve la cuestión de fondo.
La disputa se originó a partir del Decreto 759/25, mediante el cual el Gobierno condicionó la implementación de la ley sancionada por el Congreso durante 2025.
Una ley vetada y luego ratificada
La Ley 27.795 había sido vetada por el presidente Javier Milei, pero posteriormente ambas cámaras del Congreso ratificaron la norma.
El tratamiento legislativo estuvo acompañado por movilizaciones del sector universitario y reclamos vinculados con el presupuesto de las universidades nacionales.
Desde entonces, el conflicto pasó al terreno judicial y mantiene abierta una discusión sobre el alcance de la norma y la obligación del Poder Ejecutivo de aplicarla.
La cautelar continuará vigente sobre los aspectos relacionados con salarios y programas estudiantiles, mientras la Justicia avanza hacia una sentencia de fondo sobre el resto de la controversia.
