El Gobierno argentino abrió un nuevo frente alrededor del caso YPF. Funcionarios de la administración de Javier Milei habrían mantenido reuniones reservadas con representantes del Gobierno de Donald Trump para intentar que el Departamento de Justicia de Estados Unidos investigue el ingreso, la administración y la posterior salida de la familia Eskenazi de la petrolera.
La investigación que busca promover la Casa Rosada estaría orientada a establecer si existieron irregularidades, hechos de corrupción o movimientos financieros cuestionables en la compra de aproximadamente el 25% de las acciones de YPF.
Sin embargo, detrás del posible frente penal aparece un objetivo jurídico de mayor alcance: impedir que aquella operación vuelva a convertirse en una demanda multimillonaria contra el Estado argentino.
Cómo ingresaron los Eskenazi a YPF
La familia Eskenazi controla el Grupo Petersen, conglomerado argentino con negocios en construcción, servicios financieros y bancos provinciales, entre ellos el Banco San Juan.
Su desembarco en YPF comenzó en 2008, cuando sociedades vinculadas al grupo compraron a Repsol el 14,9% de las acciones. En 2011 sumaron otro 10% y alcanzaron una participación cercana al 25%.
Enrique Eskenazi, fundador del grupo, asumió como vicepresidente de YPF. Su hijo Sebastián quedó como vicepresidente ejecutivo y CEO de la compañía hasta la expropiación de 2012.
Uno de los puntos más controvertidos de aquella operación fue el mecanismo utilizado para financiar la compra. El Grupo Petersen aportó una parte del capital y cubrió el resto mediante préstamos otorgados por bancos internacionales y por la propia Repsol.
Buena parte de esa deuda debía cancelarse con los dividendos futuros de YPF. En términos financieros, el esquema suponía que las ganancias de la propia petrolera contribuirían a pagar la adquisición de las acciones.
La expropiación y el juicio de US$16.000 millones
En abril de 2012, el Gobierno de Cristina Fernández de Kirchner decidió expropiar el 51% de YPF que pertenecía a Repsol.
La intervención modificó la política de distribución de dividendos y dejó sin funcionamiento el esquema financiero utilizado por las sociedades Petersen. Sin esos recursos, las empresas dejaron de pagar los créditos, entraron en insolvencia y perdieron las acciones que habían entregado como garantía.
El conflicto derivó posteriormente en una demanda ante los tribunales federales de Nueva York. Los accionistas minoritarios sostuvieron que, al expropiar las acciones de Repsol, la Argentina también debía realizar una oferta pública de adquisición para comprar el resto de los títulos, de acuerdo con lo previsto en el estatuto de YPF.
La jueza Loretta Preska aceptó esa interpretación y en 2023 condenó al Estado argentino a pagar más de US$16.000 millones más intereses.
Sin embargo, en marzo de 2026, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito revocó esa sentencia. El tribunal consideró que Preska había interpretado incorrectamente la legislación argentina al tratar el estatuto de YPF como si se tratara de un contrato bilateral.
La resolución representó una victoria decisiva para la Argentina, aunque el expediente no quedó completamente cerrado. Los demandantes todavía podían solicitar una revisión ante todos los jueces del Segundo Circuito o intentar llevar el caso hasta la Corte Suprema estadounidense.
Por qué Washington puede intervenir
La intervención estadounidense no responde a que YPF sea una compañía de ese país. La Justicia norteamericana tiene relevancia en el caso porque las acciones de la petrolera cotizan en Nueva York, determinadas operaciones estuvieron sujetas a controles de la Comisión de Valores estadounidense y los reclamos judiciales fueron presentados ante tribunales de esa jurisdicción.
Además, parte del financiamiento de la compra pasó por bancos y estructuras internacionales. Ese elemento podría permitir que el Departamento de Justicia, el FBI o la SEC revisen movimientos bancarios, comunicaciones y documentación presentada ante organismos estadounidenses.
La hipótesis impulsada desde el Gobierno argentino sostiene que, si la adquisición del paquete accionario hubiera tenido un origen fraudulento, también podrían quedar cuestionados los derechos judiciales surgidos posteriormente de esa operación.
Una eventual causa penal podría permitir levantar secretos bancarios, recuperar correos electrónicos, reconstruir movimientos de dinero y analizar si existió coordinación entre empresarios, bancos y funcionarios.
De todos modos, una denuncia no paralizaría automáticamente ningún expediente. El Departamento de Justicia debería encontrar indicios suficientes, abrir formalmente una investigación y producir pruebas que luego resulten relevantes para los tribunales.
Una estrategia que ya había sido evaluada
La posibilidad de recurrir al Departamento de Justicia estadounidense había aparecido con anterioridad.
En octubre de 2024, el estudio Covington & Burling presentó al Gobierno argentino una propuesta para impulsar una investigación del FBI. El planteo sostenía que los tribunales estadounidenses podrían haber sido utilizados para obtener ganancias derivadas de una supuesta operación irregular realizada en Argentina.
A comienzos de 2025 surgió una segunda propuesta del estudio Kasowitz, fundado por Marc Kasowitz, quien fue abogado personal de Donald Trump.
Ambas alternativas fueron analizadas por funcionarios del Ministerio de Economía, la Secretaría Legal y Técnica y la Procuración del Tesoro, aunque inicialmente quedaron descartadas.
Algunos especialistas consideraban que una denuncia penal podía contribuir a suspender el juicio civil. Otros advertían que los tribunales estadounidenses podían interpretarla como una maniobra del Gobierno argentino destinada a evitar el cumplimiento de una sentencia.
Las nuevas versiones indican que la administración Milei habría retomado esta vía después del fallo favorable de marzo de 2026. Hasta el momento no existe confirmación pública de que el Departamento de Justicia haya abierto formalmente una causa contra los Eskenazi.
Burford y el negocio detrás del litigio
Uno de los aspectos centrales del expediente es que la familia Eskenazi ya no sería la principal beneficiaria económica de una eventual condena contra la Argentina.
Después de la insolvencia de las sociedades Petersen, el fondo británico Burford Capital compró por alrededor de 15 millones de euros los derechos para financiar y explotar el litigio.
Burford se especializa en adquirir demandas: aporta recursos para sostener los gastos judiciales y, en caso de obtener una sentencia favorable, recibe una porción relevante de la indemnización.
De esta manera, una operación realizada durante el kirchnerismo terminó transformada en un activo financiero internacional. El reclamo potencial por más de US$16.000 millones quedó en gran medida asociado a un fondo extranjero que había adquirido los derechos judiciales por una fracción de esa suma.
Cuando la Cámara de Apelaciones revocó la condena contra la Argentina, las acciones de Burford se desplomaron más de un 40%, mientras que las de YPF subieron.
Bancos, estudios jurídicos y funcionarios bajo la lupa
Una eventual investigación penal tampoco necesariamente quedaría limitada a la familia Eskenazi.
Podría analizar el papel de Repsol, los bancos que financiaron la adquisición, funcionarios que participaron en la operación y la documentación presentada ante organismos de control de Argentina, España y Estados Unidos.
También existen vínculos profesionales que podrían generar cuestionamientos. La defensa argentina en Nueva York está a cargo del estudio Sullivan & Cromwell, que también tuvo como cliente a Credit Suisse, uno de los bancos que encabezó el financiamiento de la compra realizada por los Eskenazi.
Además, algunos funcionarios y abogados vinculados con la defensa del Estado habían trabajado previamente para el Grupo Petersen, Burford o entidades relacionadas con el expediente. Varios debieron excusarse de intervenir.
Estos antecedentes no demuestran por sí mismos la existencia de delitos, pero muestran que una eventual investigación podría alcanzar a un número mayor de actores.
El objetivo de la ofensiva argentina
La estrategia del Gobierno no parece limitarse a impulsar una investigación sobre una familia empresaria. El objetivo apunta a cuestionar el origen completo del negocio que permitió el ingreso de los Eskenazi a YPF y del posterior litigio contra la Argentina.
Si una investigación estadounidense encontrara pruebas de fraude o corrupción, el Estado podría intentar utilizarlas para bloquear futuros reclamos, resistir nuevas apelaciones y sostener que los tribunales norteamericanos fueron utilizados para cobrar derechos nacidos de una operación irregular.
También existe una dimensión política: instalar que la demanda multimillonaria no fue solamente consecuencia de la expropiación de 2012, sino también del mecanismo mediante el cual un grupo privado había ingresado previamente a la petrolera con respaldo político y financiamiento internacional.
La eventual revisión del caso podría, por lo tanto, extenderse hacia bancos, estudios jurídicos, funcionarios de distintos gobiernos, Repsol, Burford y el esquema financiero que permitió estructurar la compra.
Por ahora, la ofensiva permanece en el terreno de las gestiones diplomáticas y jurídicas. Estados Unidos todavía no confirmó públicamente la apertura de una investigación penal. La diferencia es central: existe una estrategia argentina para promover esa vía, pero todavía no una causa estadounidense anunciada oficialmente.
