La Justicia Federal investiga al empresario Juan José Retamero Gómez, referente del grupo empresarial vinculado a la mina Gualcamayo, en Jáchal, en el marco de una causa por presunto lavado de activos y balances falsos.
El expediente también alcanza a Guillermo Daniel García, ex presidente del Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), y se tramita en los tribunales federales de Comodoro Py.
La causa quedó bajo investigación de la Fiscalía Federal N.º 1, a cargo de Ramiro González, luego de que el juez federal Daniel Rafecas delegara la instrucción. La pesquisa busca determinar si existieron maniobras irregulares vinculadas con movimientos financieros y un entramado de sociedades relacionado principalmente con la actividad vitivinícola. :contentReference[oaicite:2]{index=2}
El vínculo con Gualcamayo
Retamero tiene una fuerte presencia empresarial en San Juan por su relación con Minas Argentinas S.A., propietaria y operadora de la mina Gualcamayo, ubicada en el departamento Jáchal.
Minas Argentinas forma parte de Aisa Group, un holding empresarial liderado por Retamero y con actividades en diferentes sectores. Gualcamayo atraviesa actualmente una etapa de expansión, con proyectos destinados a extender su vida productiva y desarrollar nuevas inversiones en el yacimiento. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
La existencia de la investigación federal no implica que las operaciones propias del proyecto minero hayan sido declaradas ilegales. El expediente busca determinar eventuales responsabilidades dentro de un esquema financiero y societario más amplio.
Una denuncia surgida de la pelea con Fecovita
La investigación se originó a partir de una presentación realizada por una representante de la Federación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Fecovita), en medio del prolongado enfrentamiento judicial que la entidad mantiene con el grupo Iberte, relacionado con Retamero.
La disputa tiene antecedentes en una alianza comercial vinculada con la exportación de vino y jugo concentrado de uva y con la conformación de Exportadora Vitivinícola S.A. (EVISA).
Según la hipótesis incluida en la denuncia, los fondos investigados habrían ingresado al país mediante operaciones de contado con liquidación y posteriormente habrían sido registrados como aportes de capital en sociedades locales.
La acusación sostiene que luego algunos de esos movimientos habrían sido revertidos, generando obligaciones entre compañías relacionadas que posteriormente habrían sido canceladas mediante fondos provenientes del exterior.
Estas maniobras forman parte de la hipótesis de la parte denunciante y todavía deben ser verificadas por la Justicia.
Movimientos bancarios por cientos de millones
Entre las medidas adoptadas, la fiscalía avanzó sobre información bancaria relacionada con EVISA y requirió datos para reconstruir distintas operaciones financieras.
Uno de los movimientos bajo análisis corresponde al Banco Galicia, donde aparecen transferencias recibidas por más de $1.027 millones entre enero de 2022 y enero de 2023.
También se investigan aproximadamente $198,6 millones ingresados mediante una transferencia en Banco Macro durante agosto de 2022.
En Banco Coinag quedaron bajo análisis créditos por alrededor de $957,9 millones y débitos superiores a $785,5 millones registrados entre agosto de 2022 y julio de 2023.
Además, la investigación alcanzó operaciones en Banco Supervielle, entre ellas depósitos de cheques de terceros por más de $354,7 millones y rescates de fondos comunes de inversión superiores a $368,4 millones. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
La existencia de esos movimientos no prueba por sí misma la comisión de un delito. La fiscalía deberá determinar el origen, la justificación económica y el destino de los fondos para establecer si existieron irregularidades penalmente relevantes.
La UIF y ARCA, dentro de las medidas solicitadas
Como parte de la investigación, la fiscalía solicitó información a la Unidad de Información Financiera (UIF) y avanzó sobre documentación relacionada con las cuentas y operaciones de las sociedades involucradas.
También requirió a la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) información vinculada con fiscalizaciones y operaciones de comercio exterior de EVISA.
El objetivo es reconstruir el circuito financiero, analizar la relación entre las distintas sociedades y establecer si las operaciones cuestionadas respondieron a actividades comerciales legítimas o si existió algún mecanismo destinado a introducir, transformar o retirar fondos de origen irregular.
Una causa todavía en etapa de investigación
El expediente tuvo un avance formal el 11 de agosto de 2026, cuando Rafecas delegó la investigación en la Fiscalía Federal N.º 1 y mantuvo pendiente la decisión sobre el pedido de Fecovita para intervenir como querellante.
La Justicia consideró necesario profundizar primero la recolección de documentación bancaria, fiscal y societaria debido a la complejidad de las operaciones denunciadas y a las relaciones contractuales existentes entre los protagonistas. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
La defensa de Retamero ya se encuentra presentada en el expediente y tiene acceso a las actuaciones judiciales correspondientes.
Hasta el momento no existe una condena ni una determinación judicial de responsabilidad penal contra Retamero Gómez o García. La causa se encuentra en etapa de investigación y deberá establecer si las operaciones denunciadas constituyeron delitos o si contaban con justificación comercial y financiera.
Para San Juan, el expediente adquiere especial relevancia por el vínculo de Retamero con Gualcamayo, uno de los proyectos mineros de mayor peso en Jáchal y con inversiones proyectadas para ampliar su actividad durante los próximos años. La investigación federal, por ahora, avanza sobre el entramado financiero y societario mientras intenta determinar qué ocurrió con los fondos colocados bajo la lupa.
