El exjefe de Gabinete Manuel Adorni pidió una prórroga a la Justicia para responder al requerimiento de justificación patrimonial elaborado por el fiscal Gerardo Pollicita, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito.
El plazo original para presentar las explicaciones vence este miércoles, pero la defensa solicitó una extensión para poder analizar parte de la documentación y de las pruebas utilizadas por la fiscalía.
El pedido fue presentado por los abogados de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, ante el juez federal Ariel Lijo.
Según los argumentos expuestos por la defensa, todavía necesitan acceder y estudiar archivos, conversaciones y otros elementos incorporados al expediente antes de responder formalmente al requerimiento.
Ahora será Lijo, titular del Juzgado Federal N° 4 de Comodoro Py, quien deberá resolver si concede la prórroga. Antes de tomar una decisión, también podría solicitar la opinión de la fiscalía.
Un requerimiento de 207 páginas
El dictamen fiscal fue firmado el 10 de agosto y cuenta con 207 páginas. Allí, Pollicita detalló una veintena de puntos que, según la investigación, deben ser aclarados por Adorni y Angeletti.
El período bajo análisis se extiende desde el 14 de diciembre de 2023, cuando Adorni asumió como vocero del gobierno de Javier Milei, hasta el 27 de junio de 2026, fecha en la que dejó su cargo.
La investigación busca determinar si el patrimonio acumulado por el matrimonio durante ese período resulta compatible con los ingresos declarados y con el origen documentado de los fondos utilizados.
Ingresos, gastos y una diferencia de más de $43 millones
Uno de los principales puntos señalados por el fiscal está relacionado con la diferencia entre los ingresos y los gastos registrados por el matrimonio.
Según el dictamen, Adorni y Angeletti percibieron $229.752.283,20 en concepto de haberes durante el período investigado.
En paralelo, la fiscalía contabilizó gastos en pesos por $272.820.832,20, entre expensas, servicios, impuestos, viajes, seguros, electrodomésticos y consumos con tarjetas de crédito.
La diferencia entre ambas cifras arroja un saldo de $43.068.549 que, de acuerdo con el requerimiento, todavía debe ser explicado mediante documentación que permita establecer el origen de los fondos utilizados.
A estos movimientos se agregan gastos en moneda extranjera por USD 402.578,12.
Ese monto incluye operaciones relacionadas con la adquisición y refacción del lote 380 del country Indio Cuá, la compra de un departamento ubicado en la calle Miró 550, mobiliario de ambas propiedades, alquileres temporarios y viajes al exterior.
Los dólares declarados como “venta de activos”
Otro de los puntos que llamó la atención de los investigadores está relacionado con dólares en efectivo declarados bajo el concepto de “venta de activos”.
La fiscalía pidió que Adorni y Angeletti especifiquen qué bienes fueron vendidos, quiénes fueron los compradores y cuál es la documentación respaldatoria de esas operaciones.
El requerimiento adquiere relevancia después de que el propio Adorni explicara públicamente que durante aproximadamente una década había tenido medio millón de dólares en criptomonedas, que —según su versión— nunca había declarado ni utilizado hasta su llegada a la función pública.
Préstamos, un Jeep y una remodelación bajo análisis
Pollicita también solicitó que el matrimonio acredite la existencia de préstamos familiares que habrían sido otorgados por Silvia Pais y Norma Zuccolo.
Además, pidió precisiones sobre el origen del dinero utilizado para la compra de un vehículo Jeep.
Otro de los interrogantes está relacionado con el lote ubicado en el country Indio Cuá, que figura únicamente a nombre de Angeletti.
La fiscalía busca determinar las razones de esa titularidad y, especialmente, el origen de los fondos utilizados para remodelar la propiedad.
En ese punto, el requerimiento pone el foco en USD 245.000 abonados en efectivo al contratista Matías Tabar por los trabajos realizados en la vivienda.
Adorni y Angeletti podrán presentar la documentación y las explicaciones que consideren necesarias para responder los cuestionamientos formulados por la fiscalía.
Si esas respuestas no permiten despejar las inconsistencias detectadas, Pollicita podría avanzar con un pedido para que el exfuncionario sea citado a declaración indagatoria.
Por el momento, la causa se encuentra en etapa de investigación y no existe una determinación judicial de culpabilidad. La discusión inmediata pasa por establecer si el juez Lijo concederá la prórroga solicitada y cuánto tiempo adicional tendrá la defensa para presentar la documentación requerida.
