La Corte Suprema se prepara para resolver una controversia originada en Formosa que podría tener consecuencias políticas más allá de esa provincia y convertirse en un elemento inesperado dentro de la discusión interna del peronismo de cara a 2027.
El conflicto comenzó alrededor de la posibilidad de una nueva candidatura de Gildo Insfrán, gobernador de Formosa desde 1995, aunque el debate ya excede su situación particular.
Los gobernadores Raúl Jalil, de Catamarca; Gustavo Sáenz, de Salta; y Osvaldo Jaldo, de Tucumán, también tienen por delante definiciones sobre su futuro político y mantienen abierta, bajo situaciones jurídicas diferentes, la posibilidad de continuar en el poder después de 2027.
Los tres integran además el grupo de mandatarios provinciales de extracción peronista que durante la gestión de Javier Milei optó por mantener una relación de cooperación con el Gobierno nacional.
Jalil, Sáenz y Jaldo negociaron con la Casa Rosada, acompañaron iniciativas del oficialismo o contribuyeron a garantizar gobernabilidad en distintos momentos de la administración libertaria.
La discusión dentro del peronismo
Esa posición comenzó a tener nuevas implicancias dentro del Partido Justicialista. En las últimas semanas, distintos sectores del PJ avanzaron en conversaciones orientadas a consolidar una coordinación política más dura frente al Gobierno nacional.
En ese contexto también comenzó a discutirse qué lugar tendrán en una eventual construcción opositora para 2027 los dirigentes que durante los primeros años de Milei eligieron colaborar con la Casa Rosada.
En medio de ese debate político apareció una nueva intervención de la Corte Suprema.
La controversia por la reelección de Insfrán
En diciembre de 2024, el máximo tribunal declaró inconstitucional el régimen que permitía la reelección indefinida del gobernador y vicegobernador de Formosa.
Después de ese fallo, la provincia reformó su Constitución e incorporó un límite de dos períodos consecutivos. Sin embargo, el nuevo texto incluyó una cláusula transitoria que abrió una nueva controversia judicial.
La disposición establece que el mandato de las autoridades que se encontraban en funciones al momento de sancionarse la reforma será considerado como el primero bajo el nuevo régimen.
En los hechos, ese criterio dejaría a Insfrán en condiciones de intentar una nueva candidatura en 2027.
Ante esa situación, la oposición volvió a recurrir a la Corte Suprema. La Confederación Frente Amplio Formoseño, integrada por la UCR, el PRO, la Coalición Cívica y otros espacios opositores, presentó una acción contra la cláusula transitoria cuarta.
La semana pasada, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti declararon la competencia originaria de la Corte para intervenir en el planteo.
Si Insfrán fuera habilitado para competir, se presentara nuevamente y resultara ganador, iniciaría su noveno mandato consecutivo.
Un fallo limitado jurídicamente, pero con impacto político
El expediente tiene alcances jurídicos concretos. Una eventual sentencia contraria a Insfrán no inhabilitaría automáticamente a otros gobernadores ni resolvería controversias que se encuentran reguladas por constituciones provinciales diferentes.
Sin embargo, una nueva decisión de la Corte que consolide una interpretación restrictiva sobre las reelecciones y, especialmente, sobre los mecanismos utilizados para comenzar a contabilizar los mandatos hacia adelante, podría generar una repercusión política considerable en otras provincias.
En ese escenario, el caso iniciado en Formosa podría convertirse en una referencia central para futuras discusiones sobre continuidad en el poder y sumarse a una interna peronista que ya comenzó a ordenar posiciones con vistas a 2027.
