Patricia Bullrich se incorporó al debate por el endeudamiento de las familias y cuestionó con dureza los costos financieros aplicados a los créditos. Durante su intervención en el Senado, propuso avanzar con un “etiquetado frontal” que permita conocer de manera clara y anticipada cuánto terminará pagando una persona antes de contratar un préstamo.
La jefa del bloque de La Libertad Avanza apuntó especialmente contra el Costo Financiero Total (CFT), el indicador que reúne los distintos gastos asociados a un crédito y permite determinar cuánto representa realmente la financiación para quien la solicita.
«El costo financiero total, uno cuando lo mira en letra chiquitita se da cuenta el robo que se está haciendo. Entonces ese robo no se puede permitir y nosotros tenemos, por eso se le puso un 20% de límite. Entonces, que nosotros sabemos que hay un 12,8% de endeudados, lo sabemos», planteó la legisladora.
Un “etiquetado frontal” para mostrar el costo real del crédito
Bullrich cuestionó que el CFT y otras condiciones de los préstamos puedan aparecer de manera poco visible para los consumidores y sostuvo que el monto final a devolver debería informarse de forma destacada antes de concretar la operación.
“Al tomar un préstamo tiene que aparecer un cartel gigante, un etiquetado frontal que diga: ‘Mire, si usted se endeuda por 100.000 pesos, va a terminar pagando 250.000 pesos’”, afirmó Bullrich durante la sesión.
La propuesta apunta a que el consumidor no tenga que interpretar únicamente porcentajes, tasas o condiciones contractuales para conocer el impacto del financiamiento, sino que pueda visualizar directamente cuánto recibirá y cuál será el monto total que deberá devolver.
“Porque en el CFT, cuando uno lo mira en letra chiquitita, se da cuenta del robo que se está haciendo y ese robo no se puede permitir”, afirmó.
Morosidad del 12,8% y reclamo a bancos y fintech
La intervención se produjo en medio del debate por el aumento del endeudamiento y los créditos impagos de las familias. De acuerdo con el dato mencionado durante la discusión, la mora alcanzó el 12,8% entre las financiaciones otorgadas a los hogares.
Frente a las propuestas destinadas a aliviar la situación de quienes mantienen deudas, Bullrich rechazó una alternativa que implique trasladar esas obligaciones al conjunto de la sociedad.
“¿Por qué el 87% que pagó le tiene que pagar al que no pagó?”, cuestionó. Según planteó, utilizar fondos públicos para cubrir las obligaciones pendientes implicaría “solucionar un problema creando un problema mayor”.
La legisladora sostuvo que las personas con dificultades para cumplir sus compromisos deberían acceder a alternativas de refinanciación y plazos más extensos, aunque consideró que la respuesta debe provenir principalmente de las entidades responsables de otorgar los préstamos.
“Los bancos y las fintech tienen que presentar un plan de refinanciación y hacerse cargo”, reclamó.
El planteo alcanzó tanto a las entidades bancarias tradicionales como a las empresas fintech y billeteras virtuales, actores que incrementaron su participación en el mercado de financiamiento y crédito al consumo.
El endeudamiento también llegó al Congreso
La discusión sobre la morosidad también avanzó en la Cámara de Diputados. Sectores de la oposición intentaron incorporar al temario diferentes iniciativas relacionadas con el endeudamiento familiar, aunque la moción no consiguió la mayoría especial necesaria.
La votación terminó con 133 votos afirmativos, 107 negativos y 11 abstenciones. Pese al rechazo, el resultado permitió a los bloques opositores mostrar que cuentan con un número significativo de legisladores dispuestos a continuar impulsando el debate.
Posteriormente se solicitó una sesión especial para el 9 de septiembre, con una amplia batería de iniciativas vinculadas con el endeudamiento familiar, entre ellas modificaciones a la Ley de Tarjetas de Crédito y propuestas destinadas a establecer mecanismos de alivio financiero y desendeudamiento.
El planteo de Bullrich incorpora otro eje a esa discusión: la transparencia de la información antes de contratar un crédito. La propuesta busca que el consumidor pueda observar de manera inmediata cuál será el costo final de la operación y decidir con esa información antes de asumir la deuda.
De esta manera, el debate combina dos cuestiones centrales: cómo responder al crecimiento de la morosidad sin trasladar las obligaciones privadas al conjunto de la sociedad y cómo garantizar que quienes solicitan préstamos conozcan previamente el costo total que deberán afrontar.
