La Corte Suprema de Justicia de la Nación dejó firme la condena a ocho años de prisión contra Sergio Urribarri, exgobernador de Entre Ríos y exembajador argentino en Israel, por los delitos de negociación incompatible con la función pública y peculado.
La sentencia también establece la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
Los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron el recurso extraordinario presentado por la defensa mediante la aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial de la Nación, que permite desestimar planteos sin necesidad de detallar los fundamentos.
La decisión alcanza además a los restantes condenados del expediente, con una excepción formal vinculada con Gustavo Tamay.
Las causas que llevaron a la condena
La sentencia contra Urribarri tuvo origen en cinco investigaciones tramitadas en la Justicia de Entre Ríos.
Según la acusación, durante su gestión como gobernador se utilizaron recursos públicos y contrataciones de publicidad oficial con fines particulares.
En ese esquema también quedó involucrado su cuñado, Juan Pablo Aguilera, señalado como responsable de una estructura de empresas y testaferros que habría concentrado parte del negocio de la publicidad oficial en la vía pública.
Uno de los expedientes investigó la contratación de publicidad estatal a favor de Global Means, una empresa vinculada al empresario Germán Buffa que, según la acusación, recibió una pauta antes incluso de tener existencia efectiva.
Otro de los casos fue conocido como “la causa de la vaca” o “de las imprentas” y analizó el papel de las empresas Tep SRL y Next SRL, atribuidas a Aguilera, por la concentración durante cinco años de la publicidad oficial en cartelería callejera.
También integró el proceso la megacausa del “Sueño Entrerriano”, vinculada con la publicación de una solicitada contra los fondos buitre.
A esas investigaciones se sumaron la instalación de un parador en Mar del Plata durante 2015, con un costo estimado entonces en $14 millones, y el pago a la productora Nelly Entertainment para realizar tres spots relacionados, en apariencia, con la Cumbre del Mercosur de 2014 en Paraná.
Según la investigación, esas acciones también estuvieron vinculadas con la promoción de la candidatura presidencial de Urribarri para 2015.
Las condenas dictadas en 2022
Urribarri fue condenado inicialmente el 7 de abril de 2022 por el Tribunal de Juicios y Apelaciones de Paraná.
Además de los ocho años de prisión, recibió la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos.
En el mismo proceso, el exministro de Cultura y Comunicación Pedro Báez y Juan Pablo Aguilera fueron condenados a seis años de prisión y también quedaron inhabilitados para ocupar cargos públicos.
Corina Elizabeth Cargnel, Gustavo Rubén Tamay y Gerardo Daniel “Foia” Caruso recibieron tres años de prisión en suspenso.
Luciana Belén Almada, esposa de Aguilera, y Emiliano Giacopuzzi fueron condenados a dos años y seis meses de prisión de ejecución condicional, mientras que Germán Esteban Buffa recibió una pena de un año y dos meses de prisión condicional.
El tribunal absolvió al exministro de Turismo Hugo Marsó, a los exfuncionarios de la Unidad Operativa Mercosur Hugo Céspedes y Gustavo Tórtul, además de Alejandro Almada y Maximiliano Sena.
El recorrido judicial hasta la Corte
En 2023, el Tribunal de Casación de Entre Ríos confirmó las condenas y posteriormente el Superior Tribunal de Justicia provincial rechazó los recursos presentados por las defensas.
El último intento por revertir las sentencias llegó a la Corte Suprema, que ahora rechazó los recursos extraordinarios y dejó firme la condena.
Urribarri estuvo detenido durante 50 días entre noviembre de 2024 y enero de 2025, luego de que la Cámara de Casación provincial ordenara su prisión preventiva ante el riesgo de fuga.
La medida fue posteriormente revocada por la Sala de Feria del Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos.
Urribarri gobernó Entre Ríos entre diciembre de 2007 y diciembre de 2015. Ese último año fue elegido legislador provincial y en 2020 fue designado embajador argentino en Israel.
Permaneció en ese cargo hasta mayo de 2022, cuando el Gobierno aceptó su renuncia después de conocerse la condena.
La investigación había sido impulsada por la fiscal anticorrupción Cecilia Goyeneche, quien posteriormente enfrentó un jury por presunto mal desempeño.
Con la decisión de la Corte Suprema, queda cerrada la instancia extraordinaria y firme una de las condenas por corrupción más relevantes dictadas por la Justicia entrerriana.
