Las nuevas sanciones anunciadas por el Gobierno nacional contra empresas vinculadas con actividades hidrocarburíferas en las Islas Malvinas abrieron interrogantes sobre un posible impacto indirecto en las inversiones mineras de Argentina, particularmente en proyectos adheridos al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).
El presidente Javier Milei anunció un paquete de medidas orientado a frenar el avance del proyecto petrolero Sea Lion, mientras que el canciller Pablo Quirno advirtió que las compañías que operen en las islas sin autorización argentina deberán elegir entre mantener esas actividades o participar en proyectos estratégicos dentro del territorio nacional, como Vaca Muerta.
Dentro de ese escenario, el análisis sobre los posibles efectos en la minería advierte que ese sector no constituye el objetivo directo de las medidas, aunque determinados actores podrían quedar bajo revisión si aparecen vinculados directa o indirectamente con actividades consideradas no autorizadas por Argentina en las Malvinas.
Sea Lion, el objetivo inmediato de las sanciones
El principal foco de las medidas es Sea Lion, un proyecto petrolero ubicado al norte del archipiélago y controlado por Navitas Petroleum, con una participación del 65%, y Rockhopper Exploration, con el 35% restante.
Ambas compañías aprobaron la decisión final de inversión en diciembre de 2025. Según las previsiones informadas, Rockhopper proyecta iniciar la producción durante los primeros meses de 2028.
La etapa inicial cuenta con US$1.000 millones de deuda senior y desde agosto incorporó una colocación adicional cercana a los US$180 millones.
La posición del Gobierno argentino es que la explotación de hidrocarburos en áreas cuya soberanía se encuentra en disputa y sin autorización nacional constituye una apropiación ilegal de recursos.
Dentro de esa estrategia, Milei anunció medidas para acelerar los procedimientos sancionatorios y avanzar con una Ley de Defensa de la Soberanía Nacional destinada a endurecer las consecuencias económicas y judiciales.
Además, el Gobierno avanzó con modificaciones vinculadas con la Ley 26.659, que regula actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en las áreas alcanzadas por el conflicto de soberanía.
En el caso de los proyectos incorporados al RIGI, se estableció la obligación de presentar una declaración jurada vinculada con el cumplimiento de esa normativa.
Por qué la minería aparece dentro del radar
Las disposiciones contempladas en la Ley 26.659 no se limitan exclusivamente a las compañías que desarrollan directamente las operaciones hidrocarburíferas. También alcanzan determinados supuestos relacionados con participación directa o indirecta y servicios financieros, comerciales, logísticos, técnicos o de consultoría destinados a actividades no autorizadas.
El régimen contempla además inhabilitaciones de entre cinco y veinte años, pérdida de beneficios fiscales y restricciones para contratar con el Estado.
En determinados casos de condena penal, también prevé consecuencias sobre permisos o concesiones hidrocarburíferas o mineras otorgadas al responsable, además de la caducidad de beneficios fiscales. Las disposiciones pueden alcanzar igualmente a directores, gerentes o representantes que hayan intervenido.
Sin embargo, esto no significa que una empresa minera pueda ser sancionada automáticamente por compartir un grupo económico, proveedor, asesor o financista con otra compañía vinculada a Sea Lion. La cuestión dependerá de cómo pueda acreditarse cada relación y el grado de intervención correspondiente.
Uno de los ejemplos mencionados para mostrar la complejidad de esas redes globales involucra a Canaccord Genuity Limited y Peel Hunt, que participaron en la colocación de la emisión de US$180 millones de Rockhopper.
Meses antes, Canaccord Genuity Corp., perteneciente al mismo grupo financiero, había asesorado a Lithium South en la operación por US$65 millones mediante la cual Hombre Muerto Norte pasó a POSCO.
Ese vínculo no permite concluir que POSCO ni su proyecto minero estén alcanzados por las sanciones, pero sirve para mostrar cómo una misma red internacional de servicios financieros puede intervenir tanto en una operación vinculada con Sea Lion como en negocios mineros desarrollados en Argentina.
El proyecto de POSCO, denominado oficialmente Sal de Oro, consiste en una iniciativa de extracción y producción de litio desarrollada por la empresa surcoreana en el Salar del Hombre Muerto, entre Salta y Catamarca.
El RIGI y las revisiones que podrían hacer las empresas
Ante las nuevas medidas, los directorios de las compañías podrían avanzar con revisiones preventivas para determinar su grado de exposición. Entre los aspectos a analizar aparecen la propiedad beneficiaria, participaciones cruzadas, directores en común, fuentes de financiamiento, asesores y proveedores.
El objetivo de esas auditorías será identificar qué entidad realizó eventualmente una conducta alcanzada por las sanciones y determinar si existe la posibilidad de que ese riesgo tenga consecuencias sobre otros negocios pertenecientes al mismo grupo.
Entre las herramientas de mitigación podrían aparecer opiniones legales, cláusulas contractuales de terminación, reemplazo de proveedores o contratistas y separación operativa entre distintas unidades empresariales.
Una reorganización societaria formal, sin embargo, podría no resultar suficiente si continúa existiendo participación o beneficio indirecto. Por ese motivo, la trazabilidad de las decisiones, los servicios prestados y los movimientos financieros será uno de los aspectos centrales.
El análisis adquiere particular importancia para proyectos incorporados al RIGI, régimen que concede treinta años de estabilidad tributaria, aduanera, cambiaria y regulatoria al Vehículo de Proyecto Único.
Esa estabilidad protege los incentivos frente a determinados cambios normativos más gravosos, aunque no supone por sí misma inmunidad frente a sanciones establecidas mediante otra normativa.
El riesgo dependerá, entre otros factores, de si el eventual infractor es el propio Vehículo de Proyecto Único, su controlante, uno de sus accionistas o simplemente un proveedor que puede ser reemplazado, siempre dentro del correspondiente proceso legal.
Navitas y Rockhopper sostuvieron que sus licencias para operar en las islas, otorgadas bajo administración británica, continúan vigentes y que no esperan consecuencias materiales sobre el cronograma previsto para Sea Lion.
El escenario refleja así dos marcos jurídicos y políticos enfrentados: Argentina considera ilegales las actividades realizadas sin su autorización, mientras que las compañías sostienen la validez de las licencias concedidas por las autoridades británicas de las islas.
Por el momento, el impacto sobre la minería argentina dependerá de la forma en que se determine la responsabilidad de accionistas, directivos, financistas y proveedores vinculados con Sea Lion. Para los proyectos mineros, particularmente aquellos incorporados al RIGI, el escenario representa una contingencia que deberá ser evaluada caso por caso y no una sanción automática.
