Los abogados de la ex presidenta Cristina Kirchner presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas una adenda para incorporar nuevos hechos a la presentación realizada en julio e insistieron en el pedido de suspensión de la inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos, con el objetivo de mantener abierta la posibilidad de que pueda postularse en 2027.
La iniciativa se conoció un día después de que Máximo Kirchner volviera a proponer en una entrevista la candidatura de su madre, con el argumento de que “hay un montón de gente que la quiere votar”. El Comité sesionará entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre, y el sector alineado con la ex presidenta espera que el organismo acepte analizar el caso.
En paralelo, con Axel Kicillof moviéndose como potencial candidato presidencial del peronismo, el cristinismo busca mantener abierta la posibilidad de una postulación de Cristina Kirchner y conservar margen para negociar las futuras definiciones dentro del PJ.
Los nuevos elementos incorporados al planteo
La adenda incorporó tres hechos posteriores a la presentación original. En primer lugar, la defensa incluyó una serie de episodios que consideró intimidatorios contra Cristina Kirchner: declaraciones de jueces que intervinieron en la causa Vialidad, el avance sobre sus bienes —incluido el departamento de San José 1111, donde cumple prisión domiciliaria— y publicaciones realizadas en redes sociales por el presidente Javier Milei.
El segundo punto, considerado de mayor peso dentro del planteo, fueron las planillas aportadas por un auditor que declaró en la causa Cuadernos. Esos registros mostraron que Austral, la empresa de Lázaro Báez, no figuraba entre las 15 constructoras más beneficiadas por la adjudicación de obra pública. La defensa utilizó ese dato para cuestionar los fundamentos de la condena dictada en la causa Vialidad.
Por último, la presentación mencionó nuevos actos considerados intimidatorios después de la difusión de esas planillas, entre ellos la divulgación de un video de 2018 correspondiente a un allanamiento.
El pedido para suspender la inhabilitación
Los abogados Carlos Beraldi, el brasileño Rafael Valim y el español Javier Borrego reiteraron ante el Comité el pedido de suspensión de la inhabilitación política perpetua de la ex presidenta hasta que exista un dictamen sobre el fondo del caso.
La defensa sostuvo que esa sanción constituye una forma inadmisible de “muerte civil” y que genera un perjuicio grave tanto para Cristina Kirchner como para la democracia argentina.
“Estamos trabajando para que el caso sea examinado en octubre, en la próxima sesión del comité”, explicó Valim a la agencia Reuters. Según el abogado, ese cronograma permitiría que la Justicia argentina analizara una eventual decisión del organismo antes de fin de año.
La sala de la Cámara Federal que debería revisar la sentencia, bajo esa hipótesis, es la II, integrada por Alejandro Slokar, Angela Ledesma y Guillermo Yacobucci.
El antecedente francés y la disputa por 2027
En el cristinismo citan como antecedente lo ocurrido en julio en Francia, cuando un tribunal ratificó la condena por malversación de fondos contra Marine Le Pen, pero redujo su inhabilitación y dejó abierta la posibilidad de que compita en las elecciones presidenciales de 2027.
Un dirigente de trato frecuente con Cristina Kirchner reconoció, sin embargo, una diferencia central entre ambos casos: en Francia la decisión fue adoptada por la propia Justicia, sin intervención de Naciones Unidas. La ex presidenta argentina, en cambio, ya llegó hasta la Corte Suprema sin conseguir que se revierta su inhabilitación.
En ese contexto, el dirigente admitió que tanto la nueva presentación como las apariciones periódicas de referentes cristinistas promoviendo una eventual candidatura también persiguen un objetivo político: mantener la centralidad de Cristina Kirchner dentro del peronismo y asegurarle un lugar relevante en cualquier negociación electoral.
La adenda presentada ante las Naciones Unidas incluyó además una encuesta que ubicó a la ex presidenta en el primer lugar en intención de voto.
Los abogados de Cristina Kirchner presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU una adenda con nuevos elementos para reforzar el reclamo iniciado en julio y solicitar la suspensión de su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. El planteo busca mantener abierta una eventual candidatura en 2027 mientras el organismo analiza el caso.
La política argentina descubrió una vez más que 2027 está muchísimo más cerca de lo que indican los calendarios y que, cuando se trata de candidaturas, tres años pueden durar aproximadamente quince minutos. Los abogados de Cristina Kirchner volvieron a tocar la puerta de Naciones Unidas con una adenda bajo el brazo y un objetivo concreto: que la inhabilitación perpetua deje de funcionar, al menos mientras se analiza el fondo del planteo, como una puerta cerrada con siete llaves, escribano y alarma perimetral.
El expediente internacional recibió así nuevos capítulos de una trama que ya reúne condenas, tribunales argentinos, abogados de tres nacionalidades, planillas de obra pública, publicaciones presidenciales y hasta una comparación con Marine Le Pen. A esta altura, para seguir la secuencia hace falta menos una licenciatura en Derecho que un pizarrón con hilos de colores. Todo mientras Máximo Kirchner volvió a colocar sobre la mesa una eventual candidatura de su madre porque, según afirmó, “hay un montón de gente que la quiere votar”. En el peronismo, aparentemente, ninguna candidatura está verdaderamente retirada mientras todavía pueda ser mencionada delante de un micrófono.
La presentación también aterriza en un momento especialmente sensible: Axel Kicillof se mueve como potencial candidato presidencial y el cristinismo procura que el nombre de Cristina continúe disponible dentro de la discusión partidaria. El resultado es una escena muy argentina: mientras abogados discuten derechos políticos ante un organismo internacional, dirigentes calculan casilleros para una elección que todavía no ocurrió y una candidatura cuya viabilidad jurídica sigue justamente bajo discusión.
El Comité sesionará entre el 16 de octubre y el 3 de noviembre. Hasta entonces, el planteo quedará en manos de un organismo de Naciones Unidas mientras la política doméstica hace lo que mejor sabe hacer cuando faltan años para una elección: comportarse como si las listas cerraran el viernes.