El fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, Raúl Omar Pleé, pidió este lunes una prórroga de cinco días hábiles para estudiar la causa vinculada con el préstamo de USD 57.100 millones acordado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) durante el gobierno de Mauricio Macri.
El objetivo del fiscal es analizar las actuaciones antes de definir si mantiene la impugnación contra el archivo de la investigación. El planteo fue presentado ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal, integrada por Javier Carbajo, Gustavo Hornos y Mariano Borinsky.
Ese tribunal tiene actualmente bajo análisis una queja presentada por el Ministerio Público Fiscal. Antes de resolver si corresponde habilitar la revisión del cierre del expediente, la Sala IV le corrió traslado a Pleé, que interviene como fiscal general ante esa instancia.
La causa por el acuerdo con el FMI
La investigación comenzó en 2019 a partir de una denuncia por presunta defraudación y tuvo como objetivo determinar si durante la negociación, contratación y ejecución del acuerdo stand-by firmado con el FMI en 2018 se cometieron delitos contra la administración pública.
El financiamiento había sido acordado inicialmente por USD 50.000 millones y posteriormente fue ampliado hasta USD 57.100 millones.
La causa alcanzó al expresidente Mauricio Macri, al entonces ministro de Hacienda Nicolás Dujovne, a Luis Caputo, que se desempeñaba como secretario de Finanzas y luego presidió el Banco Central, y a Federico Sturzenegger, por entonces titular de esa entidad.
Durante la investigación se analizaron, entre otros puntos, la ausencia de un decreto presidencial específico para formalizar la operación, la falta de intervención del jefe de Gabinete, la actuación del Ministerio de Hacienda y la ausencia de un dictamen del Banco Central sobre el impacto del préstamo en la balanza de pagos.
También se incorporaron informes de organismos de control, expedientes administrativos y documentación vinculada con el destino de los desembolsos.
El archivo de la investigación
En febrero pasado, la jueza de primera instancia María Eugenia Capuchetti resolvió archivar el expediente al considerar que los hechos investigados no encuadraban en los delitos de malversación de caudales públicos, administración fraudulenta o abuso de autoridad.
La magistrada también entendió que los memorandos firmados con el FMI tenían carácter técnico y que no establecían un destino obligatorio y específico para los fondos.
El fiscal federal Franco Picardi apeló esa decisión y cuestionó que la investigación fuera cerrada sin completar distintas medidas destinadas a reconstruir la trazabilidad del dinero y determinar el recorrido de las divisas provenientes del crédito.
A comienzos de septiembre, la Sala I de la Cámara Federal porteña, con los votos de Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi, confirmó el archivo de la causa.
Los camaristas consideraron que el acuerdo había sido gestionado en un contexto de urgencia financiera y que la prueba reunida no permitía sostener una hipótesis de carácter delictivo.
La discusión llegó a Casación
Luego de esa resolución intervino el fiscal general José Luis Agüero Iturbe, que actúa ante la Cámara Federal. El representante del Ministerio Público intentó llevar la discusión a Casación mediante un recurso contra el fallo que había convalidado el cierre del expediente.
Como ese planteo fue declarado “inadmisible”, Agüero Iturbe presentó directamente una queja ante la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal.
Ese recurso es el que actualmente analizan Carbajo, Hornos y Borinsky. Antes de resolver si corresponde abrir la instancia para revisar el archivo de la investigación, el tribunal solicitó la opinión de Pleé.
El fiscal pidió ahora cinco días hábiles adicionales debido al volumen del expediente y al cúmulo de trabajo de su dependencia. Una vez vencido ese plazo, deberá presentar un dictamen y definir si sostiene la impugnación promovida por el Ministerio Público Fiscal.
