Roberto Baratta presentó un recurso de casación para apartar a Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens de la revisión de su procesamiento por presunto enriquecimiento ilícito. A través de su abogado, Rodolfo Iglesias, pidió anular la decisión de la Cámara Federal porteña que rechazó la recusación.
El planteo apunta a que la apelación del exsubsecretario de Coordinación y Control de Gestión del Ministerio de Planificación Federal sea resuelta por otros magistrados. La Sala I había desestimado el pedido de apartamiento de manera inicial, sin abrir el debate solicitado por la defensa.
La investigación examina un presunto incremento patrimonial injustificado durante su paso por la función pública, entre 2003 y 2015. El juez federal Julián Ercolini lo procesó y dispuso un embargo de $1.500 millones.
Por qué la defensa cuestiona a los camaristas
Iglesias sostiene que Bertuzzi y Llorens ya intervinieron en incidentes relacionados con la elaboración de la pericia contable. En esas actuaciones, consideraron que los expertos tenían disponible la documentación y que las objeciones defensivas no acreditaban un perjuicio concreto.
Los camaristas también confirmaron la negativa a realizar otro estudio. Para el abogado, el uso posterior de esa pericia como fundamento del procesamiento exige que otros jueces evalúen sus condiciones de elaboración y su capacidad para sostener la imputación.
La defensa apeló el procesamiento y solicitó la falta de mérito, nuevas medidas de prueba y otra evaluación patrimonial. También cuestionó la metodología de la perito oficial por considerar que no reconstruyó integralmente algunas fuentes familiares de financiamiento.
Las diferencias entre los informes contables
Según los resultados citados por la defensa, el estudio oficial arrojó una posición acumulada negativa de $4.602.996,90. El informe del perito de parte calculó un saldo negativo de $14.980,46.
El abogado atribuye esa diferencia a los bienes, las fuentes y los criterios considerados en cada análisis. Entre los puntos que reclama revisar figuran el patrimonio de Palmino Baratta, padre del exfuncionario, y los recursos que, según su versión, se utilizaron para adquirir y construir una vivienda en el Mapuche Country Club, en Pilar.
Iglesias afirmó que, después de la indagatoria, su defendido identificó documentación bancaria, laboral, previsional, notarial y sucesoria para respaldar sus explicaciones. Sostuvo que esas medidas fueron rechazadas y que luego se invocó la falta de trazabilidad de los fondos para mantener la acusación.
