La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría el proyecto de Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, después de una serie de negociaciones que obligaron a La Libertad Avanza a modificar su propuesta original para conseguir el respaldo de otros bloques.

El acuerdo parlamentario contó con la participación de organizaciones vinculadas con la discapacidad, representantes de la Iglesia y legisladores relacionados con gobernadores provinciales, que impulsaron cambios sobre financiamiento, cobertura médica y regularización de deudas con prestadores.

Durante el tramo final del debate estuvo presente en el Congreso la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, mientras el oficialismo avanzaba con las conversaciones necesarias para asegurar la aprobación.

La iniciativa obtuvo media sanción en Diputados y ahora deberá ser tratada por el Senado, donde continuará la discusión sobre el alcance de las prestaciones y los recursos necesarios para sostenerlas.

El papel de la Iglesia y los gobernadores en la negociación

El proceso legislativo comenzó con la presión de sectores opositores para tratar la prórroga de la Ley de Emergencia en Discapacidad, cuya vigencia finaliza el próximo 31 de diciembre.

El diputado de Unión por la Patria Juan Marino promovió una iniciativa que llevó al pleno de la Cámara a establecer plazos para el tratamiento de la propuesta en las comisiones correspondientes.

La Libertad Avanza consiguió el dictamen de mayoría en las comisiones de Discapacidad y de Presupuesto y Hacienda, presididas por Gerardo Huesen y Bertie Benegas Lynch, respectivamente.

En paralelo, Unión por la Patria, el Frente de Izquierda, un sector de Provincias Unidas y otros bloques provinciales respaldaron un dictamen alternativo que proponía extender durante un año la emergencia en discapacidad.

Las diferencias entre ambos planteos dieron lugar a negociaciones que se desarrollaron durante varias semanas, con la intervención de organizaciones del sector y representantes de la Comisión de Discapacidad de la Pastoral Social.

El organismo eclesiástico, encabezado por monseñor Dante Braida, mantuvo reuniones con legisladores de Unión por la Patria, Provincias Unidas, Argentina Federal, el MID y La Libertad Avanza.

En un documento, la Pastoral Social explicó que el objetivo de los encuentros fue: “Compartir nuestra preocupación por la situación que atraviesan las personas con discapacidad en nuestro país y presentar una serie de pedidos concretos, dando continuidad a lo planteado ante el Ministerio de Salud de la Nación el pasado 5 de octubre de 2026”.

Los planteos estuvieron orientados a garantizar la continuidad de las prestaciones, mejorar las condiciones de financiamiento y atender los reclamos económicos de las instituciones y profesionales que integran el sistema.

La reunión con Martín Menem y el protagonismo de Herrera Ahuad

Una de las reuniones decisivas se realizó el martes por la noche, cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, mantuvo un encuentro con legisladores oficialistas y representantes de otros espacios.

Participaron los diputados libertarios Laura Rodríguez Machado, Nicolás Mayoraz y Gisell Castelnuovo, junto con Oscar Herrera Ahuad, de Argentina Federal, y Oscar Zago, del MID.

Durante la reunión se discutieron las diferencias con el dictamen original del oficialismo y se analizaron modificaciones vinculadas con los reclamos de las organizaciones de discapacidad y de la Iglesia.

Herrera Ahuad tuvo un papel relevante en las conversaciones, debido al peso parlamentario de Argentina Federal y a sus vínculos políticos con sectores provinciales.

El bloque cuenta con nueve diputados y mantiene relaciones con los gobernadores Gustavo Sáenz, de Salta, y Hugo Passalacqua, de Misiones.

Ese número de legisladores resultaba importante para ampliar la base de apoyo del oficialismo en una discusión donde existían diferencias entre los bloques.

Herrera Ahuad explicó que las propuestas surgieron de conversaciones con organizaciones representativas de personas con discapacidad y que se presentaron cinco modificaciones de fondo destinadas a ofrecer mayor previsibilidad al sistema.

Entre los principales puntos mencionó la incorporación de partidas presupuestarias, la continuidad de la cobertura de Incluir Salud y la necesidad de establecer mecanismos para regularizar las deudas con los prestadores.

Las modificaciones que aceptó La Libertad Avanza

El acuerdo permitió avanzar con la Ley de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad, una propuesta que recupera buena parte de los beneficios contemplados en la Ley 27.793, pero plantea reemplazar el esquema transitorio de emergencia por un régimen permanente.

La principal modificación aceptada por el oficialismo estuvo relacionada con el financiamiento del sistema.

El texto aprobado establece que los gastos deberán cubrirse mediante partidas específicas asignadas anualmente por el Ministerio de Salud de la Nación.

Además, dispone que los recursos destinados al sistema no podrán ser inferiores, en términos reales, a los correspondientes al ejercicio anterior.

Esta garantía presupuestaria fue uno de los aspectos centrales de las negociaciones, ya que buscó ofrecer mayor previsibilidad a las instituciones, los prestadores y las personas que dependen de las prestaciones.

El proyecto también incorpora disposiciones vinculadas con la actualización del nomenclador de prestaciones, la continuidad de la cobertura médica y la regularización de obligaciones económicas pendientes.

Deudas con prestadores: plazos de 30 y 90 días

Uno de los reclamos que ingresaron en la negociación estuvo relacionado con las deudas acumuladas con los prestadores del sistema de discapacidad.

La iniciativa establece que deberá comunicarse un cronograma de pagos dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley.

También prevé que las compensaciones pendientes se completen dentro de los 90 días para aquellos prestadores que hayan finalizado los trámites administrativos correspondientes.

El objetivo de estas disposiciones es ordenar los compromisos económicos y establecer plazos para avanzar con su regularización.

Su implementación dependerá de la sanción definitiva de la norma y de las medidas administrativas y presupuestarias necesarias para cumplir con las obligaciones previstas.

Incluir Salud, pensiones y compatibilidad con el trabajo

El texto aprobado contempla cambios relevantes para las personas que reciben pensiones vinculadas con situaciones de discapacidad.

Una de las modificaciones garantiza la continuidad de la cobertura del programa Incluir Salud, tanto para titulares de pensiones por discapacidad como para beneficiarios de pensiones por invalidez laboral.

La diputada de Unión por la Patria Victoria Tolosa Paz destacó este aspecto durante el debate parlamentario.

“La cobertura médica del Incluir Salud será no solamente a titulares de pensiones por discapacidad sino también a titulares de pensiones por invalidez laboral”.

Otro punto establece la compatibilidad de las pensiones no contributivas por discapacidad con actividades laborales, siempre que los ingresos de esas actividades no superen el equivalente a dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La iniciativa también incorpora garantías vinculadas con los procedimientos de auditoría de pensiones.

En ese sentido, fija un plazo de 160 días para que las personas cuyos beneficios sean observados durante una auditoría puedan presentar sus descargos antes de una eventual suspensión.

Estas disposiciones formaron parte de los cambios incorporados durante las negociaciones entre el oficialismo y los bloques que reclamaban mayores garantías para los beneficiarios.

Las posiciones políticas durante el debate

Durante la discusión parlamentaria, el presidente de la Comisión de Discapacidad, Gerardo Huesen, defendió la propuesta oficialista y sostuvo que el Gobierno buscaba ofrecer respuestas estructurales al sector.

“La discapacidad no es un eslogan ni mucho menos debe quedar atrapada en discusiones políticas. Hablamos de personas con derecho a vivir con la mayor autonomía posible, y estamos trabajando para que así sea. Recibimos un sistema que no rompimos nosotros y, frente a esta realidad, La Libertad Avanza se está haciendo cargo”, sostuvo.

La diputada libertaria Lorena Villaverde también respaldó la iniciativa y cuestionó la continuidad de los regímenes transitorios.

“No podemos seguir viviendo de emergencias. Los derechos no pueden depender de una prórroga: las familias necesitan respuestas sostenidas y certezas para organizar su vida”.

Sin embargo, el entendimiento alcanzado entre los bloques no eliminó todas las diferencias políticas.

Los diputados del Frente de Izquierda Romina del Plá, Nicolás del Caño y Juan Carlos Giordano votaron en contra de la iniciativa.

Por su parte, Marcela Pagano, del bloque Coherencia, acompañó el proyecto.

El resultado reflejó un acuerdo parlamentario amplio, aunque persistieron desacuerdos sobre la orientación de la política pública y las herramientas necesarias para garantizar los derechos de las personas con discapacidad.

El Senado y el Presupuesto 2027, las próximas instancias

Con la aprobación en la Cámara de Diputados, el proyecto deberá continuar su tratamiento en el Senado, donde los legisladores podrán debatir su contenido y definir si lo convierten en ley.

Uno de los principales aspectos pendientes será la implementación del esquema de financiamiento permanente previsto en la iniciativa.

La discusión también estará vinculada con el Presupuesto nacional 2027, que deberá contemplar los recursos necesarios para sostener las prestaciones y cumplir con las obligaciones que establezca la eventual nueva legislación.

La media sanción cerró una etapa de negociaciones en Diputados, marcada por la participación de organizaciones de discapacidad, representantes de la Iglesia y legisladores de distintos espacios políticos.

La continuidad de las prestaciones, la cobertura de Incluir Salud y la regularización de las deudas con prestadores quedarán sujetas al tratamiento definitivo de la iniciativa y a su posterior implementación presupuestaria.