La participación del presidente Javier Milei en una actividad de la iglesia evangélica Jesús es Rey, en Neuquén, volvió a colocar en discusión la relación entre las organizaciones religiosas y el poder político en Argentina. El encuentro se inscribe en un escenario regional en el que distintas comunidades evangélicas ampliaron su presencia social, comunicacional e institucional durante las últimas décadas.
El fenómeno tiene uno de sus antecedentes más visibles en Brasil, donde sectores del evangelismo construyeron redes de asistencia comunitaria, desarrollaron medios de comunicación y consolidaron representación parlamentaria.
En Argentina, la relación presenta características propias. La participación política de referentes religiosos convive con una tradición de organizaciones sindicales, movimientos sociales, instituciones católicas y asociaciones barriales que históricamente ocuparon espacios de representación territorial.
La cercanía entre el Gobierno nacional y determinados dirigentes evangélicos plantea interrogantes sobre la articulación entre asistencia social, representación política y discurso religioso, sin que ello implique considerar a las distintas iglesias como un bloque ideológico o electoral uniforme.
Brasil: el antecedente de las iglesias con influencia parlamentaria
El crecimiento de las iglesias pentecostales y neopentecostales en Brasil estuvo acompañado por una expansión de sus actividades comunitarias, especialmente en sectores urbanos atravesados por problemas de pobreza, violencia y acceso desigual a servicios.
En numerosos barrios, las congregaciones desarrollaron redes de acompañamiento social, contención frente a las adicciones y espacios de pertenencia comunitaria. Esa presencia territorial contribuyó a consolidar su importancia como instituciones de la sociedad civil.
Algunas organizaciones también ampliaron su participación en el sistema de medios. Entre los ejemplos más conocidos aparece la Igreja Universal do Reino de Deus, vinculada empresarialmente con el grupo de comunicación Record.
En el terreno político, legisladores relacionados con distintas denominaciones evangélicas conformaron espacios de articulación parlamentaria, entre ellos el Frente Parlamentario Evangélico.
Su influencia se manifestó en debates sobre políticas públicas, educación, derechos reproductivos y cuestiones vinculadas con valores religiosos.
Durante la presidencia de Jair Bolsonaro, sectores evangélicos tuvieron un papel destacado en la coalición social y política que respaldó al mandatario. Sin embargo, las comunidades religiosas brasileñas no constituyen un electorado homogéneo y mantienen diferencias internas sobre cuestiones políticas y doctrinarias.
La experiencia brasileña ofrece, por lo tanto, un antecedente para estudiar cómo determinadas instituciones religiosas pueden adquirir capacidad de representación política, aunque sus características no pueden trasladarse automáticamente a Argentina.
Argentina: de la movilización religiosa a la participación institucional
En Argentina, la presencia pública de organizaciones evangélicas adquirió especial visibilidad durante el debate legislativo de 2018 sobre la interrupción voluntaria del embarazo.
En ese contexto, sectores religiosos participaron de las movilizaciones identificadas con el movimiento celeste y expresaron posiciones contrarias a la legalización del aborto.
Entre las organizaciones que intervinieron en ese debate se encuentra la Alianza Cristiana de Iglesias Evangélicas de la República Argentina (ACIERA), una entidad que reúne a numerosas congregaciones del país.
La actividad política de referentes evangélicos no se limita, sin embargo, a una única fuerza partidaria ni a una posición uniforme sobre todos los asuntos públicos.
Con la llegada de Javier Milei a la Presidencia, la relación entre sectores del oficialismo y determinadas organizaciones religiosas adquirió una nueva visibilidad.
Uno de los aspectos señalados es la articulación de redes comunitarias para la distribución de asistencia alimentaria. El Ministerio de Capital Humano estableció mecanismos de vinculación con organizaciones religiosas, entre ellas redes evangélicas y entidades católicas como Cáritas.
Esta modalidad abre un debate sobre el papel de las instituciones de fe en la ejecución de políticas sociales, especialmente cuando participan en la distribución de recursos destinados a sectores vulnerables.
La colaboración entre el Estado y organizaciones religiosas no supone, por sí misma, una transferencia de funciones políticas ni una adhesión electoral de sus integrantes. Su alcance depende de los acuerdos concretos, los mecanismos de control y las condiciones de acceso a la asistencia.
En el ámbito legislativo, la presencia de figuras con trayectoria en espacios religiosos también permite observar una vinculación entre participación confesional y representación partidaria.
Entre los nombres mencionados en este proceso aparece Nadia Márquez, dirigente vinculada al ámbito evangélico y al espacio político de La Libertad Avanza.
El fenómeno argentino se caracteriza, hasta el momento, por la incorporación de referentes religiosos a fuerzas políticas más amplias, antes que por la consolidación de una bancada confesional comparable a la brasileña.
La retórica religiosa y los límites de la comparación con Brasil
Otro componente de esta relación aparece en el discurso político. Milei utiliza con frecuencia referencias religiosas, entre ellas la expresión «las fuerzas del cielo», para presentar aspectos de su proyecto político y económico.
En la actividad desarrollada en Neuquén, el mandatario vinculó conceptos relacionados con la libertad económica y la propiedad privada con referencias morales y religiosas.
Estas intervenciones permiten analizar una convergencia discursiva entre determinadas posiciones del liberalismo económico y corrientes religiosas conservadoras, aunque no representan necesariamente las creencias de todas las comunidades evangélicas.
La comparación con Brasil también requiere considerar diferencias estructurales.
Mientras Brasil cuenta con una presencia evangélica demográficamente mayor y una trayectoria consolidada de articulación parlamentaria confesional, Argentina conserva una fuerte tradición católica y una amplia diversidad de identidades religiosas y no religiosas.
Además, las iglesias evangélicas argentinas están integradas por denominaciones con distintas tradiciones, entre ellas comunidades bautistas, metodistas, pentecostales y neopentecostales.
Esas diferencias limitan la posibilidad de interpretar sus posiciones políticas como una expresión única o de suponer que la orientación de una autoridad pastoral determina el voto de sus fieles.
La presencia religiosa en el espacio público también debe analizarse en relación con el marco constitucional argentino. El artículo 2 de la Constitución nacional establece que el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano, mientras que la libertad de culto protege el ejercicio de otras creencias.
Por ese motivo, el crecimiento de la interlocución entre funcionarios y organizaciones evangélicas puede modificar las relaciones institucionales existentes, sin que ello implique necesariamente un enfrentamiento con la Iglesia católica.
Entre los posibles escenarios que abre esta convergencia se encuentran una mayor participación de referentes religiosos en listas electorales, una ampliación de las redes de asistencia comunitaria y una intervención más visible en debates sobre educación, bioética y derechos reproductivos.
Se trata de posibilidades sujetas a la evolución política e institucional, no de resultados establecidos.
La participación de organizaciones religiosas en la vida democrática forma parte del ejercicio de derechos ciudadanos. Al mismo tiempo, su relación con el Estado plantea preguntas sobre pluralismo, transparencia en la distribución de recursos públicos y autonomía de las decisiones gubernamentales.
La experiencia brasileña permite identificar antecedentes relevantes, pero el desarrollo de este vínculo en Argentina dependerá de sus propias instituciones, de la diversidad interna de las comunidades religiosas y de las decisiones de los ciudadanos en el ámbito democrático.
