El Gobierno de La Rioja prepara su estrategia judicial ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, luego de que el máximo tribunal diera curso a una demanda presentada por la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA). La empresa busca que se declare inconstitucional el decreto provincial 370, mediante el cual se suspendió la aplicación de los aumentos en las tarifas eléctricas establecidos por la Secretaría de Energía de la Nación.

El asesor general de Gobierno, Pedro Goyochea, confirmó que el equipo jurídico provincial trabaja en la contestación de la demanda y defendió la decisión de evitar que los incrementos nacionales se trasladaran directamente a las facturas de los usuarios riojanos. Asimismo, aclaró que la intervención de la Corte no implica modificaciones inmediatas en el esquema tarifario vigente.

“Tomó estado público la decisión de la Corte de dar curso a una demanda de CAMMESA contra La Rioja. Pide la inconstitucionalidad de un decreto del Gobierno provincial a través del cual se determinó suspender el cuadro tarifario que la Secretaría de Energía de la Nación determinó aplicar. La Provincia suspendió la aplicación, no desconoció la competencia nacional”, sostuvo el funcionario.

La Rioja asegura que compensó los aumentos con recursos propios

Uno de los principales argumentos de la defensa provincial será que el Gobierno riojano asumió el costo económico de la suspensión de los incrementos nacionales. Según explicó Goyochea, las diferencias generadas por la medida fueron cubiertas mediante un fondo compensador financiado con recursos propios de la Provincia.

Desde el Ejecutivo sostienen que la decisión no implicó desconocer las atribuciones de la Nación en materia energética, sino evitar que las actualizaciones tarifarias impactaran directamente sobre los hogares y otros usuarios alcanzados por la medida.

El asesor general de Gobierno también cuestionó el procedimiento judicial elegido por CAMMESA, que presentó una acción declarativa de inconstitucionalidad contra el decreto 370 y acudió directamente a la Corte Suprema.

En ese sentido, Goyochea consideró llamativa la admisión del planteo sin que, según su interpretación, existiera previamente una controversia concreta judicializada. “Es curioso que le hagan lugar”, expresó, al referirse al criterio que, a su entender, suele aplicar el máximo tribunal para admitir este tipo de acciones.

Qué pasará con las facturas de electricidad y cuánto podrían aumentar

Frente a la preocupación por las posibles consecuencias del conflicto judicial, Goyochea aseguró que las facturas de electricidad no tendrán modificaciones inmediatas como resultado de la demanda.

“Por ahora este cuadro tarifario está suspendido por el Gobierno provincial”, afirmó el funcionario, al ratificar que continuará vigente la decisión adoptada por la administración riojana.

Para dimensionar el impacto de las actualizaciones nacionales, recordó que el esquema tarifario aplicado desde enero de 2024 representó un incremento del 374% para los hogares de menores recursos.

Además, advirtió sobre los valores que podrían alcanzar las boletas si la Provincia debiera aplicar el cuadro tarifario nacional. Como referencia, señaló que los usuarios de categoría N3, correspondiente a ingresos medios, podrían recibir facturas de entre 800.000 y 1.200.000 pesos, de acuerdo con comparaciones realizadas con montos registrados en otras jurisdicciones.

Estas cifras fueron planteadas por el asesor general de Gobierno como una referencia del posible impacto económico y no como importes ya establecidos para los usuarios riojanos.

La defensa ante la Corte Suprema y los próximos pasos judiciales

En relación con el avance del expediente, Goyochea indicó que, al momento de sus declaraciones, La Rioja todavía no había recibido la notificación oficial de la Corte Suprema, aunque estimaba que llegaría el lunes mediante correo electrónico.

Sin embargo, aseguró que los equipos jurídicos provinciales ya se encontraban trabajando en la respuesta a la demanda y explicó que la causa continuará conforme a los plazos correspondientes a un trámite judicial ordinario.

La controversia tendrá como puntos centrales la constitucionalidad del decreto 370, las facultades de la Provincia frente a las disposiciones tarifarias nacionales y las consecuencias económicas de su eventual aplicación.

El planteo de CAMMESA busca que el máximo tribunal determine la validez constitucional de la suspensión dispuesta por el Ejecutivo riojano, mientras que la Provincia sostiene que su intervención estuvo orientada a proteger a los usuarios del traslado directo de los incrementos.

En ese marco, el Gobierno de La Rioja anticipó que mantendrá la suspensión de los aumentos mientras prepara su defensa judicial, con el argumento de que las diferencias económicas fueron afrontadas con fondos provinciales y sin desconocer las competencias nacionales sobre la regulación del mercado eléctrico.

Por el momento, el esquema tarifario provincial permanece vigente y la disputa continuará en el ámbito de la Corte Suprema, donde deberá resolverse el cuestionamiento constitucional presentado contra el decreto.