El Gobierno del presidente Donald Trump presentó este lunes 2 de noviembre una solicitud de emergencia ante la Corte Suprema de Estados Unidos para intentar apartar más de 20.000 votos por correo en California, ante la sospecha de que podrían haber sido emitidos por personas sin ciudadanía estadounidense.
La presentación fue realizada por el Departamento de Justicia (DOJ), después de que dos instancias judiciales rechazaran el pedido de bloquear las papeletas cuestionadas y someterlas a una verificación adicional antes de incorporarlas al escrutinio.
El Ejecutivo federal sostiene que, junto con el Departamento de Seguridad Nacional, identificó a más de 20.000 personas que podrían haber participado en la votación sin cumplir los requisitos legales. Sin embargo, las autoridades de California cuestionaron la fiabilidad de esos antecedentes y advirtieron que la medida podría afectar el derecho al voto de ciudadanos habilitados.
La controversia se desarrolla a menos de 24 horas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre de 2026, que definirán la nueva composición del Congreso estadounidense.
Dos tribunales rechazaron el pedido del Gobierno de Trump
El conflicto judicial comenzó el pasado 15 de octubre, cuando el Departamento de Justicia presentó una demanda para exigir que las autoridades electorales de California apartaran las papeletas identificadas y verificaran la ciudadanía de sus emisores antes de contabilizarlas.
La solicitud fue rechazada inicialmente por el juez David Carter, del Distrito Central de California, quien consideró que la intervención pretendida por el Gobierno federal podía vulnerar la autonomía del estado para organizar sus elecciones.
El magistrado también advirtió que los antecedentes utilizados para fundamentar el pedido no contaban con una precisión suficientemente acreditada, lo que abría la posibilidad de excluir votos emitidos por ciudadanos estadounidenses con derecho a sufragio.
Posteriormente, el Tribunal de Apelaciones del Noveno Circuito respaldó esa decisión y recordó que la Constitución estadounidense reconoce atribuciones a los estados para administrar sus procedimientos electorales.
“Si los Estados Unidos consideran que son necesarios procedimientos distintos para los votos por correo, creemos que deberían presentar esa sugerencia ante el Congreso, no ante los tribunales“, señalaron los jueces en su resolución del viernes.
A pesar de ambos reveses, la administración Trump decidió acudir a la Corte Suprema mediante una solicitud de emergencia, con el objetivo de obtener una intervención antes de la jornada electoral.
California advierte sobre posibles dificultades en el recuento
Las autoridades californianas también cuestionaron la viabilidad práctica de la medida solicitada por el Departamento de Justicia.
Según explicaron, durante el procesamiento electoral las papeletas son separadas de los sobres que contienen la información personal de los votantes. Por ese motivo, identificar y apartar posteriormente los sufragios cuestionados podría generar dificultades operativas, demoras e incertidumbre durante el escrutinio.
El planteo del Gobierno federal se basa en la sospecha de que determinadas personas podrían haber votado sin estar legalmente habilitadas. No obstante, los tribunales que intervinieron hasta el momento consideraron insuficientes los antecedentes presentados para justificar la medida solicitada.
La discusión enfrenta, además, dos aspectos centrales del sistema electoral estadounidense: la facultad de los estados para organizar sus elecciones y la posibilidad de intervención del Gobierno federal ante presuntas irregularidades.
Gavin Newsom confronta con Trump y anuncia medidas de protección electoral
La disputa judicial se produce en un contexto de creciente tensión política entre la Casa Blanca y el gobernador de California, Gavin Newsom, quien anunció el despliegue de abogados especializados en legislación electoral y observadores en distintos puntos del estado.
El mandatario explicó que el objetivo de esas medidas es “proteger cada voto”, en respuesta a la directriz del Gobierno de Trump de situar agentes federales en los centros de votación.
Newsom también profundizó sus cuestionamientos al presidente estadounidense mediante una publicación realizada este lunes en la red social X.
“Mañana emitiremos el veredicto sobre el presidente más corrupto en la historia de EE.UU.”, escribió el gobernador, en referencia a la jornada electoral del martes.
El enfrentamiento entre ambas administraciones suma así un nuevo capítulo judicial y político, mientras California se prepara para participar en una elección decisiva para la composición del Poder Legislativo federal.
La Corte Suprema deberá evaluar la solicitud de emergencia presentada por el Departamento de Justicia, después de que dos tribunales rechazaran la pretensión de apartar las papeletas cuestionadas.
Mientras tanto, la controversia permanece centrada en la validez de los antecedentes aportados por el Ejecutivo, las atribuciones de las autoridades electorales estatales y las posibles consecuencias de intervenir sobre los votos por correo a pocas horas de los comicios.
El Gobierno de Donald Trump acudió este lunes 2 de noviembre a la Corte Suprema de Estados Unidos para solicitar que se aparten más de 20.000 votos por correo en California, ante sospechas sobre la ciudadanía de sus emisores. La presentación llega después de dos rechazos judiciales y a pocas horas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.
Estados Unidos está a pocas horas de elegir a sus representantes en el Congreso y Donald Trump decidió que era un momento ideal para agregarle un capítulo judicial al espectáculo. Su Gobierno acudió de urgencia a la Corte Suprema para intentar apartar más de 20.000 votos por correo en California. Porque aparentemente organizar unas elecciones en una de las mayores democracias del planeta no resulta suficientemente complicado si no se incorpora, sobre el cierre, una batalla legal con suspenso, acusaciones y jueces trabajando contra reloj.
El Departamento de Justicia sostiene que identificó, junto con Seguridad Nacional, a más de 20.000 personas que podrían haber votado sin contar con ciudadanía estadounidense. El inconveniente es que dos instancias judiciales ya rechazaron la solicitud de revisar esas papeletas antes del escrutinio. Pero la Casa Blanca decidió insistir ante el máximo tribunal, demostrando que en la política estadounidense una derrota judicial puede ser simplemente la introducción de una nueva temporada.
El juez David Carter consideró que los antecedentes presentados no tenían una precisión suficientemente acreditada y que la medida podía perjudicar a ciudadanos habilitados para votar. El Tribunal de Apelaciones respaldó esa interpretación y sugirió que, si el Gobierno federal quería modificar las reglas del voto por correo, acudiera al Congreso. Una respuesta institucional equivalente a indicarle a alguien que está intentando entrar por la ventana que existe una puerta, un reglamento y un procedimiento para utilizarla.
California, mientras tanto, explicó que las papeletas ya son separadas de los sobres con los datos personales de los electores. Identificar los votos cuestionados no sería precisamente una operación de búsqueda con un botón mágico de deshacer. El gobernador Gavin Newsom, por su parte, anunció abogados y observadores para proteger el proceso electoral, mientras elevó sus críticas contra Trump en las redes sociales. La disputa institucional ya tiene suficientes protagonistas como para necesitar una segunda pantalla.
Así, mientras millones de estadounidenses se preparan para votar, Washington y California protagonizan una discusión que combina derecho constitucional, procedimientos electorales y una capacidad extraordinaria para convertir las horas previas a una elección en un thriller judicial. La Corte Suprema tiene ahora sobre su escritorio una solicitud urgente, dos rechazos previos y una pregunta que debería ser bastante sencilla, aunque la política norteamericana haya decidido transformarla en una saga: qué votos pueden contarse y bajo qué pruebas se puede impedir que sean contabilizados.
