El Gobierno nacional dispuso una nueva tanda de 4.329 suspensiones de pensiones por invalidez laboral, que eleva a 26.141 las prestaciones alcanzadas por las últimas decisiones. La medida fue publicada el martes 3 de noviembre, mientras el Senado prepara el tratamiento de un régimen permanente para el sistema de discapacidad.
La Resolución 3702/2026 de la Secretaría Nacional de Discapacidad, firmada por Diego Masaragian, deja sin efecto el restablecimiento dispuesto en 2025 para los titulares identificados en su anexo. Esos pagos habían sido restituidos en cumplimiento de una medida judicial.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, defendió la revisión y sostuvo que el Estado necesita documentación suficiente para comprobar los requisitos de acceso. La nueva tanda se suma al anuncio sobre 21.812 prestaciones previamente alcanzadas por suspensiones.
Qué plazos tienen los titulares
Las personas comprendidas en la nueva resolución tendrán 60 días corridos desde la notificación para solicitar la rehabilitación. Podrán presentar documentación médica actualizada, renovar sus datos personales o aportar antecedentes que acrediten su derecho a la prestación.
Los canales previstos incluyen dependencias habilitadas de Discapacidad, oficinas autorizadas del PAMI, Trámites a Distancia y vías de consulta del Ministerio de Salud. Cada expediente será evaluado nuevamente.
El Gobierno también anunció tres líneas adicionales de revisión, con motivos y plazos propios:
- 7.008 titulares deberán ampliar sus antecedentes médicos en un plazo de 30 días hábiles.
- 24.263 personas que, según Salud, perciben otra prestación de ANSES considerada incompatible tendrán 30 días hábiles para optar por un beneficio.
- 3.370 titulares con presuntas incompatibilidades patrimoniales contarán con 30 días para aportar documentación.
Las notificaciones individuales determinarán el procedimiento aplicable a cada persona. El antecedente de la revisión anterior también estableció plazos diferentes según la medida recibida.
El debate legislativo y los antecedentes de las auditorías
El Senado convocó para el miércoles 4 de noviembre, a las 16, un plenario de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano. La reunión figura en la agenda oficial de comisiones.
El proyecto con media sanción de Diputados busca establecer un régimen permanente. Incluye reglas sobre compatibilidad con el empleo registrado, cobertura de Incluir Salud, deudas con prestadores y procedimientos de notificación, descargo y revisión de suspensiones.
Los nuevos controles se aplican después de los cuestionamientos a las auditorías masivas de 2025. En una exposición ante Diputados, el exresponsable del área Alejandro Vilches reconoció inconvenientes con las citaciones y señaló que 150.000 pensiones dadas de baja habían sido restituidas, con pago de retroactivos.
El oficialismo busca obtener dictamen para llevar la iniciativa al recinto durante noviembre. El plenario también deberá considerar propuestas para prorrogar la emergencia vigente.
El Gobierno anunció otras 4.329 suspensiones de pensiones por invalidez laboral y elevó a 26.141 las prestaciones alcanzadas. Los titulares notificados tendrán 60 días corridos para pedir la rehabilitación y presentar antecedentes. Además, se anunciaron revisiones por documentación médica e incompatibilidades, mientras el Senado debate un régimen permanente para el sistema de discapacidad.
Las nuevas suspensiones alcanzan a 4.329 pensiones por invalidez laboral que habían sido restituidas por una medida judicial. El Gobierno sostiene que falta documentación para verificar los requisitos y establece un plazo para solicitar la rehabilitación.
Los procedimientos tienen motivos y tiempos diferentes. Las personas comprendidas en la nueva resolución disponen de 60 días corridos desde la notificación. Otros grupos recibirán intimaciones para ampliar antecedentes médicos, responder observaciones patrimoniales u optar entre prestaciones consideradas incompatibles.
Los controles vuelven a aplicarse después de los problemas reconocidos en las auditorías anteriores, que incluyeron citaciones sin entrega efectiva y prestaciones posteriormente restituidas. En paralelo, el Senado discute reglas permanentes sobre cobertura, financiamiento, notificaciones y descargos.
