Docentes, nodocentes, estudiantes y autoridades universitarias protagonizaron una nueva protesta en defensa de la Ley de Financiamiento Universitario. La movilización se realizó este miércoles 4 de noviembre en la Ciudad de Buenos Aires con velas encendidas desde Plaza Houssay hasta Plaza Lavalle.
La convocatoria a la Marcha de las Velas, bajo el lema «No permitamos que se apague la Universidad», surgió del acuerdo entre gremios como ADUBA, el personal no docente de APUBA, las federaciones estudiantiles FUA y FUBA, y centros de estudiantes.
La columna partió a las 17 y avanzó cerca de las 18 por la calle Paraguay. La marcha hizo un alto frente a la sede de la Secretaría de Educación, donde se entonó el himno nacional, y concluyó antes de las 20:30 frente a Tribunales con una clase abierta de Derecho Constitucional a cargo de Christian Cao y Pablo Luis Manilli. La jornada transcurrió sin disturbios, a diferencia de la movilización del 15 de octubre, que había terminado con incidentes y heridos.
Entre los asistentes estuvieron el titular del Consejo Interuniversitario Nacional y rector de la Universidad de Rosario, Franco Bartolacci; el vicerrector de la UBA, Emiliano Yacobitti; y el diputado Ricardo Alfonsín.
Qué ordenó la Justicia frente a las trabas del Ejecutivo
El reclamo se apoya en el camino institucional de la ley. Tras ser sancionada en agosto de 2025, recibió el veto de Javier Milei y la posterior ratificación por los dos tercios del Congreso. Sin embargo, al promulgarla en octubre de 2025, el Gobierno supeditó su aplicación a que el Parlamento señalara las partidas presupuestarias para financiarla.
El 6 de octubre, el magistrado federal Martín Cormick declaró contraria a la Constitución esa disposición oficial y ordenó al Ejecutivo cumplir la norma de inmediato. La medida exigió actualizar las remuneraciones de docentes y trabajadores nodocentes, además de reforzar las partidas de becas. Cormick fijó multas conminatorias de $100.000 por día al jefe de Gabinete, Diego Santilli, pero el Gobierno apeló y la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió provisionalmente las sanciones mientras continúa el litigio.
Cuánto dinero falta en el Presupuesto 2027
La discusión presupuestaria mantiene en alerta a las casas de estudio. Para aplicar las pautas de la ley se requiere una actualización salarial del 33% para el personal de las universidades nacionales.
Según los cálculos de los rectores, el sistema universitario necesita $11 billones para operar el próximo año. En contraste, el proyecto de Presupuesto 2027 enviado por el Ejecutivo contempla $7,3 billones, lo que deja una brecha presupuestaria de casi $3,7 billones entre las necesidades mínimas y la previsión oficial.
Las autoridades universitarias gestionan con bloques opositores y gobernadores la incorporación de mayores recursos en el debate legislativo, mientras el Gobierno insiste en que cualquier modificación debe respetar el equilibrio fiscal.
Docentes, nodocentes y estudiantes de la UBA marcharon este miércoles 4 de noviembre a Tribunales en reclamo de la Ley de Financiamiento Universitario. La protesta exigió acatar el fallo judicial que frenó la suspensión de la norma y alertó por una brecha de $3,7 billones en el proyecto del Presupuesto 2027.
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En un país donde licuar partidas es deporte nacional, la comunidad académica decidió que era momento de iluminar la noche porteña a puro cirio bendito. Este miércoles 4 de noviembre, docentes, nodocentes y estudiantes cambiaron los apuntes fotocopiados por cera ardiente en la Marcha de las Velas, una procesión laica que unió Plaza Houssay con Plaza Lavalle bajo la consigna «No permitamos que se apague la Universidad». Con ADUBA, APUBA, la FUA y la FUBA avanzando desde las 17 por la calle Paraguay y cantando el himno frente a la Secretaría de Educación, la postal parecía una vigilia medieval para conjurar el fantasma del ajuste, con la grata novedad de que no voló ni un solo proyectil, esquivando con elegancia el accidentado desenlace del pasado 15 de octubre.
En la primera fila de la romería presupuestaria desfilaron Emiliano Yacobitti, el titular del Consejo Interuniversitario Nacional Franco Bartolacci y hasta Ricardo Alfonsín, conformando un elenco estelar digno del multiverso de la rosca legislativa. La procesión concluyó antes de las 20:30 frente al palacio de Tribunales con una clase abierta de Derecho Constitucional a cargo de Christian Cao y Pablo Luis Manilli, destinada a explicar la apasionante odisea jurídica de una ley sancionada en agosto de 2025, vetada por Javier Milei, ratificada por los dos tercios del Congreso y finalmente congelada por el Ejecutivo con la ingeniosa excusa de que nadie le avisó de dónde sacar la plata. Una sutileza que el juez federal Martín Cormick declaró inconstitucional el 6 de octubre, despachando una orden de cumplimiento inmediato y una multa diaria de $100.000 para el jefe de Gabinete, Diego Santilli, castigo que la Cámara Contencioso Administrativo Federal suspendió de inmediato para tranquilidad del bolsillo ministerial.
Mientras la Justicia debate en cámara lenta si las leyes se cumplen o se archivan en un cajón, la calculadora universitaria exhibe números que provocarían taquicardia en cualquier mesa de dinero: los salarios reclaman una actualización urgente del 33% y los rectores estiman que el sistema necesita $11 billones para operar en 2027, mientras que el proyecto oficial contempla apenas $7,3 billones. Con una brecha descomunal de casi $3,7 billones y el Gobierno atrincherado en el dogma del equilibrio fiscal, las autoridades académicas peregrinan ahora por despachos de gobernadores y bloques opositores, rogando que el Congreso haga el milagro de estirar las partidas antes de que la educación superior termine dependiendo exclusivamente de la cera y la mecha.
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