La Dirección de Defensa al Consumidor de San Juan advirtió este lunes 9 de noviembre que las estafas virtuales registraron un marcado aumento en la provincia durante 2026. La modalidad más detectada consiste en el envío de mensajes fraudulentos que imitan avisos oficiales de bancos para advertir sobre supuestos consumos con tarjeta de crédito o débito.

Cómo opera la maniobra con alertas falsas de compras

La maniobra recurrente detectada por el organismo provincial busca generar alarma inmediata en la víctima para forzar una reacción rápida. A través de un correo electrónico o un mensaje al teléfono celular, se le notifica a la persona una supuesta compra realizada a su nombre y se le ofrece un enlace directo para desconocer el pago. Al ingresar a ese link, los estafadores buscan apoderarse de datos personales, claves de acceso o información confidencial de las cuentas.

Ante este escenario, la directora de Defensa al Consumidor, Fabiana Carrizo, remarcó en declaraciones públicas que las entidades financieras nunca envían ese tipo de comunicaciones con enlaces incorporados para anular operaciones. Por ese motivo, la funcionaria provincial enfatizó que los usuarios no deben ingresar bajo ningún motivo a links sospechosos ni ceder claves de seguridad ni información bancaria ante avisos imprevistos.

Los bancos lideran las denuncias recibidas en la provincia

Dentro de las presentaciones registradas en San Juan, las entidades bancarias se posicionaron en el primer lugar entre los rubros con mayor nivel de reclamos ante el organismo de control. Carrizo confirmó que las denuncias vinculadas con este tipo de maniobras virtuales «han aumentado notablemente» en lo que va del año respecto de períodos anteriores.

Al considerar la totalidad de las actividades comerciales y de servicios, la Dirección de Defensa al Consumidor ya superó las 5.000 denuncias en 2026. Frente a esta situación, la funcionaria provincial diferenció además el trámite de reclamo administrativo que se gestiona ante el organismo de las actuaciones que corresponden canalizar por la vía judicial en los casos de fraudes o delitos informáticos.