La causa por presuntas irregularidades en la construcción del Acueducto Gran Tulum avanzó en la Justicia de San Juan con la formulación de cargos contra el exgobernador y actual senador nacional Sergio Uñac, el diputado nacional Cristian Andino y un grupo de exfuncionarios y empresarios. La investigación apunta a determinar si existieron maniobras administrativas y contractuales que perjudicaron al Estado provincial durante el desarrollo de la obra.
La audiencia se realizó en el Palacio de Tribunales ante la jueza de Garantías Mónica Lucero, con la intervención del fiscal de la Unidad Fiscal de Delitos Especiales Sebastián Gómez.
Según la hipótesis presentada por el Ministerio Público Fiscal, las presuntas irregularidades se habrían desarrollado durante el período comprendido entre 2013 y 2023, en distintas etapas de planificación, contratación y ejecución del proyecto hídrico.
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La investigación se concentra en posibles modificaciones de exigencias técnicas, deficiencias en los controles de calidad y decisiones administrativas que, de acuerdo con la acusación, podrían haber favorecido a determinadas empresas proveedoras y contratistas.
La formulación de cargos no constituye una condena ni acredita por sí misma la comisión de los delitos investigados. La responsabilidad penal de cada acusado deberá determinarse a partir de las pruebas incorporadas durante el proceso y de las decisiones judiciales correspondientes.
Los tres delitos que la fiscalía atribuye a Sergio Uñac
Durante la audiencia, el fiscal Sebastián Gómez atribuyó a Sergio Uñac la presunta comisión de tres delitos en calidad de autor: defraudación por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, violación de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública.
Estas calificaciones forman parte de la acusación formulada por el Ministerio Público Fiscal en relación con las decisiones adoptadas durante el desarrollo del Acueducto Gran Tulum.
La misma combinación de delitos fue atribuida, según la información presentada, a Cristian Andino, exintendente de San Martín y extitular de Obras Sanitarias Sociedad del Estado (OSSE), y a Sergio Ruiz, quien también estuvo al frente del organismo hídrico.
El planteo fiscal busca establecer qué participación habría tenido cada uno de los investigados en las decisiones administrativas, técnicas y contractuales vinculadas con la obra.
El expediente comprende una serie de actuaciones desarrolladas a lo largo de una década, por lo que la investigación deberá individualizar las responsabilidades correspondientes a cada etapa y funcionario.
La hipótesis fiscal sobre el Acueducto Gran Tulum
El Ministerio Público Fiscal investiga la posible existencia de un mecanismo de irregularidades administrativas entre 2013 y 2023, que habría afectado distintos aspectos de la ejecución del proyecto.
Uno de los principales ejes de la acusación está relacionado con una presunta flexibilización de las exigencias técnicas y los controles de calidad establecidos para la provisión de materiales y el desarrollo de la infraestructura.
Dentro de esa línea de investigación aparece mencionada Krah América Latina, firma vinculada con la fabricación y provisión de tuberías utilizadas en el proyecto.
La fiscalía también examina posibles irregularidades en los procesos de licitación, adjudicación y pagos, así como en las prórrogas y renegociaciones contractuales realizadas durante la ejecución.
Otro aspecto bajo análisis es la existencia de un eventual perjuicio económico para las arcas provinciales, asociado con decisiones administrativas y posibles sobrecostos.
La obra, considerada estratégica para la infraestructura hídrica de San Juan, permanece inconclusa y paralizada, una situación que incrementa la relevancia pública de la investigación.
Para determinar si existió un daño patrimonial y establecer su alcance, deberán analizarse los antecedentes contractuales, las actuaciones administrativas y los informes técnicos y contables que se incorporen al expediente.
Quiénes son los exfuncionarios y empresarios investigados
Además de Sergio Uñac, Cristian Andino y Sergio Ruiz, la formulación de cargos alcanza a otros exfuncionarios, técnicos y representantes empresariales vinculados con distintas etapas del proyecto.
Entre los nombres mencionados en la investigación se encuentra Julio César Ortiz Andino, exministro de Infraestructura de San Juan.
También figuran Guillermo Sirerol y Juan Carlos Caparrós, quienes ocuparon cargos directivos en OSSE.
En el ámbito empresarial aparece Gustavo Fabián Mastelono, identificado como representante de la firma proveedora Krah América Latina.
La nómina se completa con Humberto Caballero, Juan Sánchez, Francisco Javier Correa y Rolando Vicente Caruso, vinculados con funciones técnicas, administrativas o de control relacionadas con el desarrollo de la obra.
Según la acusación, a la mayoría de los exfuncionarios y técnicos se les atribuyen presuntos delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de deberes, con diferentes grados de participación.
Las imputaciones no son idénticas para todos los investigados, por lo que el proceso deberá establecer las conductas concretas atribuidas a cada persona y las pruebas que las sustentan.
La jueza pidió mayor precisión y Uñac cuestionó al fiscal
La audiencia de formulación de cargos estuvo marcada por planteos procesales y cuestionamientos a la exposición del Ministerio Público Fiscal.
Durante la primera jornada, la jueza de Garantías Mónica Lucero dispuso un cuarto intermedio después de advertir que la acusación debía precisar las conductas atribuidas individualmente a los investigados.
La magistrada también hizo observaciones vinculadas con el respeto del principio de oralidad previsto en el sistema acusatorio sanjuanino.
La exigencia de individualización resulta central para que cada imputado conozca los hechos que se le atribuyen y pueda ejercer adecuadamente su derecho de defensa.
Al retirarse de Tribunales, Sergio Uñac cuestionó públicamente la actuación del fiscal Sebastián Gómez y apuntó contra la forma en que se desarrolló la exposición de la acusación.
«Nueve meses para traernos acá sin haber estudiado, rompiendo el principio de oralidad y leyendo todo. El que se lo escribió le tendría que haber dicho que lo tenía que estudiar y que lo tenía que decir sin mirar», expresó el exgobernador.
Uñac también planteó que la investigación podría responder a motivaciones políticas y cuestionó la situación actual de paralización de la infraestructura provincial.
Sus declaraciones estuvieron centradas principalmente en los aspectos procesales de la audiencia y en el contexto político de la causa.
La investigación penal y las responsabilidades que deberá determinar la Justicia
Con la formulación de cargos, la causa avanza hacia la etapa de investigación penal preparatoria, en la que la fiscalía y las defensas podrán intervenir en la producción y el análisis de las pruebas correspondientes.
El proceso incluirá la evaluación de documentación administrativa, contratos, decisiones técnicas y eventuales peritajes destinados a determinar si existieron irregularidades y cuáles fueron sus consecuencias.
Entre los puntos centrales estará la revisión de las condiciones de contratación, los controles sobre los materiales utilizados y los mecanismos de supervisión aplicados durante la ejecución del Acueducto Gran Tulum.
También deberá establecerse si las decisiones cuestionadas provocaron un perjuicio económico al Estado provincial y, en caso de acreditarse, quiénes tuvieron responsabilidad penal en esas conductas.
La causa involucra una de las obras públicas de mayor relevancia para la infraestructura hídrica de San Juan, cuya ejecución se extendió durante distintas gestiones y que actualmente permanece sin finalizar.
La investigación continuará bajo control judicial, con intervención del Ministerio Público Fiscal y de las defensas, mientras se busca esclarecer el alcance de las presuntas maniobras y determinar si existen elementos suficientes para avanzar hacia las siguientes instancias del proceso penal.
