La navegación fluvial por la Hidrovía Paraná-Paraguay quedó prácticamente paralizada luego del conflicto generado por la aplicación del decreto presidencial que desreguló el servicio de practicaje, una actividad vinculada a los profesionales que asesoran a los capitanes durante maniobras complejas y recorridos por zonas de difícil navegación.
La medida de fuerza de los prácticos impactó sobre el movimiento de cargas de granos, combustibles y otras mercaderías, que quedaron demoradas en distintos puertos, afectando el funcionamiento del comercio exterior.
El Gobierno nacional impulsó la modificación normativa con el objetivo de reducir costos, aumentar la competencia y flexibilizar la contratación del servicio. Entre los cambios centrales se encuentra la posibilidad de contratar prácticos de manera libre y el reconocimiento de la idoneidad de determinados capitanes extranjeros para navegar aguas argentinas.
Los cambios impulsados por el decreto
La nueva regulación establece la apertura del registro de prácticos y elimina los cupos existentes. La Prefectura Naval Argentina quedará a cargo del registro de profesionales habilitados e incorporará a quienes cumplan con los requisitos técnicos establecidos, sin límites numéricos.
También modifica las exigencias para obtener la habilitación, reduciendo algunos requisitos previos vinculados a la experiencia acumulada como capitán, con el objetivo de facilitar el ingreso de nuevos prestadores.
Otro de los puntos centrales es la eliminación de la segmentación geográfica obligatoria, que obligaba a cambiar de práctico durante determinados recorridos. Según el Gobierno, esa estructura incrementaba los costos logísticos.
Además, la normativa habilita la contratación libre de servicios de traslado y embarque para los especialistas y establece que negarse sin justificación a subir a una embarcación habilitada podrá ser considerado una falta grave.
Tarifas, excepciones y rol de Prefectura
El decreto también incorpora un esquema de control tarifario. La Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPYN) fijará tarifas máximas que deberán incluir todas las maniobras previstas, mientras que las empresas prestadoras tendrán la obligación de publicar sus precios y reportar sus facturaciones.
La normativa contempla además excepciones a la obligatoriedad del servicio. Permite que capitanes y patrones argentinos o extranjeros que dominen el idioma inglés puedan solicitar un Certificado de Conocimiento de Zona para navegar sin contratar un práctico obligatorio, siempre que acrediten experiencia previa.
También amplía las dimensiones de los buques a partir de las cuales resulta obligatorio contratar el servicio y establece zonas donde la asistencia del práctico no será exigida.
Ante huelgas o situaciones que puedan afectar el comercio exterior, la norma faculta a la Prefectura Naval a prestar directamente el servicio de practicaje o solicitar la colaboración de la Armada Argentina.
El rechazo de los prácticos
Los profesionales del sector rechazaron el Decreto 690/2026 y argumentaron que la desregulación puede afectar la seguridad de la navegación, el cuidado ambiental y el control de las vías navegables.
Entre sus principales cuestionamientos señalan que permitir que capitanes extranjeros naveguen zonas complejas como la Hidrovía Paraná-Paraguay con requisitos simplificados podría aumentar los riesgos de accidentes, encallamientos o daños ambientales.
También rechazan la reducción de exigencias para habilitar nuevos profesionales y sostienen que la formación de un práctico requiere entre 12 y 15 años de experiencia acumulada y conocimientos específicos sobre corrientes, profundidades y características de cada zona.
Las entidades del sector denunciaron que la reforma fue impulsada de manera «inconsulta» y que minimiza el rol estratégico de una actividad que consideran esencial para la seguridad del transporte fluvial.
Reclamos judiciales y negociación pendiente
Las cámaras vinculadas al sector presentaron una denuncia penal contra el Poder Ejecutivo por presunta violación del artículo 190 del Código Penal, relacionado con acciones que puedan poner en peligro la seguridad de naves o provocar desastres.
Además, calificaron al decreto como abusivo e inconstitucional y cuestionaron la posibilidad de establecer tarifas máximas mediante la ANPYN, al considerar que cada maniobra depende de factores variables como clima, corrientes y calado.
Mientras el Gobierno defiende la reforma como una herramienta para bajar costos y mejorar la competitividad, los prácticos sostienen que la seguridad de la navegación no puede quedar subordinada a criterios exclusivamente económicos. La actividad en la Hidrovía permanece condicionada por el avance del conflicto y la posibilidad de una mesa de diálogo entre las partes.
