El fiscal federal Eduardo Taiano se pronunció en contra de la reapertura de la causa $LIBRA y cuestionó el pedido de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) para asumir la investigación del expediente.
En una nueva presentación judicial, el representante del Ministerio Público Fiscal defendió su decisión de solicitar el sobreseimiento del presidente Javier Milei, de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y de otros nueve imputados en la investigación por la presunta criptoestafa.
El planteo se produjo después de que el titular de la PIA, Sergio Rodríguez, cuestionara el cierre de la causa por considerarlo prematuro y solicitara asumir el ejercicio de la acción penal.
La definición quedó ahora en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá resolver si corresponde reabrir la investigación o mantener el sobreseimiento de los involucrados.
Taiano defendió el cierre de la causa $LIBRA
El fiscal ratificó los argumentos que había presentado para solicitar el cierre de la investigación.
“Como Fiscal interviniente durante toda la sustanciación del proceso, es que sostengo el criterio propugnado al momento de solicitar el sobreseimiento de los nombrados en estas actuaciones”, expresó en su escrito.
El 22 de octubre, Taiano había solicitado dar por finalizada la investigación por la presunta criptoestafa vinculada con $LIBRA.
En aquella oportunidad, pidió el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los otros nueve imputados.
Posteriormente, el juez federal Marcelo Martínez de Giorgi aceptó el planteo del fiscal y dispuso el cierre del expediente.
La actuación de Taiano había sido cuestionada por los querellantes, mientras que la decisión judicial motivó una nueva presentación de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.
La PIA cuestionó el sobreseimiento y pidió asumir la investigación
El titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, consideró que la decisión de cerrar el expediente fue “prematura”.
Por ese motivo, solicitó asumir el ejercicio de la acción penal para continuar con la investigación.
Tras esa presentación, el juez federal Daniel Rafecas, quien subrogó el Juzgado Federal N° 8, dio intervención a Taiano para que expresara su posición sobre el pedido.
En su respuesta, el fiscal calificó de “sorpresiva” la presentación de la PIA y cuestionó los fundamentos utilizados para objetar el sobreseimiento.
Según sostuvo, la fiscalía especializada en investigaciones administrativas había tenido acceso al expediente únicamente entre el 10 de marzo y el 10 de septiembre de 2025.
Taiano argumentó que ese período no permitía conocer todos los elementos incorporados posteriormente a las actuaciones.
Desde esa perspectiva, consideró que el organismo no contaba con la totalidad de la información necesaria para cuestionar la conclusión alcanzada por su fiscalía.
Las críticas del fiscal a los argumentos de la Procuraduría
En su presentación, Taiano calificó de “desacertada” la conclusión del titular de la PIA.
El fiscal sostuvo que Rodríguez “no pudo compulsar los elementos probatorios cargados a estas actuaciones desde el 2025”.
Además, cuestionó que sus fundamentos “están basados en, citando sus palabras, afirmaciones antojadizas, más propias de un conversatorio televisivo que de los datos que surgen del expediente”.
Para Taiano, la presentación del organismo expresa una diferencia de criterio sobre la valoración de las pruebas, pero no aporta fundamentos suficientes para continuar la investigación.
“La postura sustentada por la PIA constituye una mera discrepancia sobre la valoración del material fáctico recabado, pretendiendo perpetuar una instancia de instrucción ante un cuadro manifiesto de atipicidad que no permite imputarle a ninguno de los funcionarios públicos las conductas denunciadas, como así tampoco determinar la existencia de algún perjuicio a las arcas del Estado”, enfatizó.
El fiscal sostuvo que los elementos reunidos no permitieron atribuir las conductas denunciadas a los funcionarios públicos investigados ni establecer la existencia de un perjuicio a los fondos estatales.
Estos argumentos forman parte de la posición de Taiano y constituyen el fundamento de su oposición a la reapertura del expediente.
El fiscal no objetó la presentación desde el punto de vista procesal
A pesar de su rechazo a los argumentos de la PIA, Taiano aclaró que no cuestiona la posibilidad formal de que el organismo haya realizado el planteo.
En ese sentido, aseguró que su Fiscalía “no formula objeciones de índole procesal en cuanto a la admisibilidad formal de la vía intentada”.
La distinción implica que el fiscal no cuestiona la admisibilidad formal del pedido, sino sus fundamentos y la interpretación de las pruebas.
De esta manera, la controversia judicial se concentra en determinar si existen motivos suficientes para revisar el sobreseimiento y permitir que continúe la investigación.
Qué deberá resolver ahora la Justicia en la causa $LIBRA
La decisión sobre el futuro del expediente quedará en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi.
El magistrado deberá analizar el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas y la respuesta presentada por Eduardo Taiano.
Una de las alternativas es aceptar la solicitud de la PIA y permitir la reapertura de la investigación.
La otra posibilidad es mantener el criterio sostenido por el fiscal y reafirmar el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y los restantes imputados.
El planteo también se produce en un contexto de discusiones judiciales vinculadas con la participación de damnificados en el expediente, después de que Casación concediera un recurso para revisar si dos personas podían intervenir como querellantes.
Por el momento, la reapertura de la causa $LIBRA no está resuelta. La definición dependerá de la decisión que adopte Martínez de Giorgi sobre el pedido de la PIA y los argumentos presentados por el fiscal.
El fiscal federal Eduardo Taiano rechazó el planteo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas para reabrir la causa $LIBRA y asumir la investigación. Defendió su pedido de sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados, al considerar que no se acreditaron conductas delictivas atribuibles a funcionarios públicos. El juez Marcelo Martínez de Giorgi deberá resolver si mantiene el cierre o permite reactivar el expediente.
La causa $LIBRA encontró una nueva forma de generar movimientos sin necesidad de cotizar en ningún mercado: ahora lo que sube y baja es la posibilidad de que la investigación vuelva a abrirse. El fiscal Eduardo Taiano, que había pedido el sobreseimiento de Javier Milei, Karina Milei y otros nueve imputados, salió a defender su decisión frente a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas. El organismo pretende revisar el cierre del expediente, pero Taiano considera que la investigación ya llegó a destino. El problema es que no todos parecen estar de acuerdo sobre dónde queda exactamente ese destino.
La PIA calificó de prematura la decisión de cerrar la causa y pidió asumir la acción penal. Taiano respondió con un escrito en el que cuestionó la valoración realizada por el organismo y consideró sorpresiva su intervención. La discusión tiene todos los ingredientes de un conflicto institucional de alta complejidad: un fiscal que asegura haber investigado lo suficiente, otro organismo que considera que todavía hay cuestiones pendientes y un juez que deberá determinar si el expediente continúa descansando o vuelve a circular por los tribunales.
La disputa también tiene un componente temporal. Según Taiano, la PIA había tenido acceso a las actuaciones durante un período limitado de 2025 y no contó con todos los elementos incorporados posteriormente. Desde esa perspectiva, el fiscal cuestionó que el organismo formulara objeciones sin haber examinado la totalidad de las pruebas. El expediente se convirtió así en un debate sobre quién leyó qué, cuándo lo leyó y si tenía suficientes páginas a disposición para sacar conclusiones. Una discusión que cualquier estudiante que alguna vez preparó un examen con apuntes incompletos podría comprender perfectamente.
Pero Taiano fue más allá de una diferencia de interpretación. En su presentación sostuvo que los argumentos de la PIA contenían afirmaciones más propias de un debate televisivo que de las constancias judiciales. Es una comparación particularmente intensa dentro de una causa que ya había conseguido reunir criptomonedas, política nacional, denuncias y una enorme exposición pública. La televisión, aparentemente, fue convocada como ejemplo de lo que un expediente judicial no debería parecerse.
El fiscal insistió en que no encontró elementos para atribuir las conductas denunciadas a funcionarios públicos ni para determinar un perjuicio a las arcas del Estado. Sin embargo, aclaró que no objeta formalmente la vía procesal elegida por la PIA. Traducido del lenguaje judicial: considera que el organismo puede presentar el planteo, pero está profundamente en desacuerdo con sus fundamentos. La puerta del procedimiento permanece abierta; la del convencimiento del fiscal, bastante menos.
La última palabra quedará en manos del juez Marcelo Martínez de Giorgi. Deberá decidir si acepta el planteo de la PIA y permite reabrir la investigación o si sostiene el criterio que llevó al sobreseimiento. Mientras tanto, la causa $LIBRA confirma que, en los tribunales argentinos, cerrar un expediente no siempre significa terminar una discusión. A veces apenas inaugura una nueva, esta vez dedicada a determinar si el cierre estuvo correctamente cerrado.
