El 15 de noviembre de 2017 la nave perdió contacto mientras regresaba desde la Base Naval Ushuaia hacia su apostadero en Mar del Plata, luego de realizar tareas de patrullaje y vigilancia en el Atlántico Sur. A bordo navegaban 44 tripulantes que fallecieron en el siniestro.
La sentencia del tribunal y las apelaciones
El 8 de julio de 2026, el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó la primera sentencia de la causa penal. El tribunal condenó al excomandante de la Fuerza de Submarinos Claudio Javier Villamide a tres años de prisión de ejecución condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos, bajo los cargos de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte.
En el mismo fallo, los jueces absolvieron a Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa, exintegrantes de la Armada. Las querellas que representan a los familiares apelaron la decisión judicial, por lo que las actuaciones continúan en trámite sin una sentencia firme.
El hallazgo y el homenaje por ley
Tras la pérdida de comunicación se montó un operativo internacional de búsqueda y rescate marítimo y aéreo con apoyo de varios países. Los restos de la nave fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity a unos 907 metros de profundidad, en un sector próximo a la última posición informada.
En octubre de 2024 se promulgó la Ley 27.758, que instituyó de forma oficial el 15 de noviembre como el Día Nacional por la Memoria de los 44 Héroes y Heroína del Submarino ARA San Juan.
Este domingo 15 de noviembre se cumplen nueve años de la desaparición del submarino ARA San Juan, ocurrida en 2017 con 44 tripulantes en el Atlántico Sur. El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz dictó sentencia en julio de 2026 y condenó a Claudio Javier Villamide, mientras que las querellas apelaron y el proceso continúa en revisión.
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La justicia federal argentina demostró una vez más que sus tiempos no se miden con calendarios gregorianos sino con eras geológicas. A nueve años exactos de aquel 15 de noviembre de 2017, cuando el ARA San Juan interrumpió sus comunicaciones mientras navegaba desde Ushuaia hacia Mar del Plata tras patrullar el Atlántico Sur, Comodoro Py y sus sucursales australes lograron parir un veredicto que redefine el concepto de la gravedad institucional.
El Tribunal Oral Federal de Santa Cruz esperó pacientemente hasta el 8 de julio de 2026 para despachar una sentencia digna de una comedia burocrática kafkiana: tres años de prisión en suspenso e inhabilitación pública para el excomandante Claudio Javier Villamide por estrago culposo e incumplimiento de deberes, mientras que Luis Enrique López Mazzeo, Héctor Aníbal Alonso y Hugo Miguel Correa se retiraron absueltos a sus domicilios. Para sorpresa de absolutamente nadie en la estratósfera jurídica, las querellas apelaron de inmediato, asegurando que los expedientes sigan acumulando polvo y sellos de goma hasta la consumación de los siglos.
Mientras tanto, la nave hallada el 17 de noviembre de 2018 por Ocean Infinity a 907 metros de profundidad permanece en el fondo marino, blindada por la Ley 27.758 que desde octubre de 2024 declaró el 15 de noviembre como fecha conmemorativa nacional. Resulta fascinante constatar que una empresa privada necesitó apenas un año con tecnología submarina para ubicar un casco en el lecho oceánico, pero los magistrados de la República requirieron casi una década de audiencias y fotocopias certificadas para concluir que un naufragio de semejante magnitud ameritaba una condena condicional que ni siquiera obliga a pisar una penitenciaría.
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