La votación fue el jueves 19 de noviembre, cuando la Cámara alta aceptó las modificaciones que había introducido Diputados. La sanción legislativa no equivale por sí sola a la promulgación ni a la entrada en vigencia.
Qué cambios prevé la ley
La reforma prevé procedimientos de desalojo más rápidos y permite la restitución anticipada de un inmueble por decisión judicial, bajo caución juratoria. Para iniciar una demanda de desalojo por falta de pago de una vivienda alquilada, exige una intimación previa al inquilino con al menos diez días corridos para cancelar la deuda.
También modifica el régimen de expropiaciones. La declaración de utilidad pública deberá identificar el fin perseguido y responder a criterios de idoneidad, necesidad y proporcionalidad.
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La Ley de Tierras Rurales, restituida por la reforma, fija un límite general del 15% a la titularidad o posesión extranjera de tierras rurales en el país, las provincias y los departamentos, según el texto oficial de la Ley 26.737.
Dentro de ese cupo, las personas de una misma nacionalidad no pueden superar el 30%. Para un mismo titular extranjero, el máximo es de 1.000 hectáreas en la zona núcleo o la superficie equivalente que se determine para otras regiones.
Cuándo podría entrar en vigencia
Tras la aprobación de ambas cámaras, el proyecto pasa al Poder Ejecutivo para su examen y promulgación, de acuerdo con la Constitución Nacional. La Constitución también establece que se considera aprobado si el Ejecutivo no lo devuelve en diez días útiles.
La fecha de vigencia depende de la publicación oficial. El Código Civil y Comercial establece que las leyes rigen después del octavo día de su publicación, salvo que dispongan otra fecha.
La fecha específica de publicación y de entrada en vigencia todavía no está confirmada.
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La reforma obtuvo 42 votos a favor y 26 en contra e incluye cambios en desalojos y expropiaciones. No está confirmada su entrada en vigencia.
El Senado decidió que el verdadero deporte nacional no es el fútbol sino la neurosis inmobiliaria, y este jueves 19 de noviembre sancionó la Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada por 42 votos contra 26. Tras aceptar las modificaciones de Diputados, la Cámara alta armó un combo legislativo digno de una comedia de enredos: desalojos exprés con restitución anticipada bajo caución juratoria, expropiaciones con requisitos de idoneidad dignos de un concurso de belleza y el regreso triunfal de la Ley de Tierras Rurales, porque nada dice soberanía como recordarle al planeta que el suelo patrio tiene cupos estrictos.
La restitución de la norma agraria le avisa a cualquier magnate foráneo que las compras campestres tienen candado: tope del 15% para extranjeros a nivel nacional, provincial y departamental, con un techo del 30% para una misma nacionalidad y un máximo de 1.000 hectáreas en zona núcleo por titular, dejando a los aspirantes a terratenientes internacionales recalculando hectáreas con calculadora científica. En la ciudad, mientras tanto, el inquilino endeudado recibe un cronómetro implacable: diez días corridos de intimación previa para saldar la deuda antes de que la demanda de desalojo tome velocidad de Fórmula 1.
Por supuesto, ningún trámite parlamentario está completo sin el suspenso burocrático de rigor. La sanción no equivale a promulgación automática: el expediente ahora descansa en el escritorio del Poder Ejecutivo, que dispone de diez días útiles según la Constitución Nacional para examinarlo o dejarlo correr en silencio. La fecha exacta de publicación y vigencia sigue sin confirmarse, pero el Código Civil y Comercial ya afila los colmillos recordando que, salvo disposición contraria, el reloj definitivo empezará a correr al octavo día de su aparición en el Boletín Oficial.



