La Fiscalía pidió penas de entre tres años y medio y cinco años de prisión para cuatro ex altos mandos de la Armada durante los alegatos finales del juicio por el hundimiento del ARA San Juan, ocurrido el 15 de noviembre de 2017 y que provocó la muerte de sus 44 tripulantes.
La audiencia se desarrolló este lunes en el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz, en Río Gallegos, donde los fiscales Julio Zárate, Lucas Colla, María Andrea Garmendia Orueta y Gastón Franco Pruzán expusieron durante más de ocho horas los fundamentos de la acusación.
Según la teoría del Ministerio Público Fiscal, el submarino zarpó en un “estado de alistamiento precario” y con “deficientes condiciones de mantenimiento”, circunstancias que habrían incrementado los riesgos de navegación y contribuido al desenlace fatal.
Las penas solicitadas por la Fiscalía
Los fiscales solicitaron una condena de cinco años de prisión e inhabilitación especial perpetua para el contralmirante Luis Enrique López Mazzeo, ex comandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada, y para Claudio Villamide, ex comandante de la Fuerza de Submarinos.
Asimismo, pidieron cuatro años de prisión para Héctor Alonso, ex jefe de Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos, y tres años y seis meses para Hugo Correa, ex jefe de Operaciones de ese organismo.
La acusación los considera responsables de los delitos de incumplimiento de los deberes de funcionario público y estrago culposo agravado por la muerte de 44 personas.
La reconstrucción fiscal del estado del submarino
Durante los alegatos, la Fiscalía repasó antecedentes técnicos vinculados al estado material del ARA San Juan desde el inicio de su reparación de media vida en 2007 hasta su desaparición en noviembre de 2017.
Entre los elementos analizados se incluyeron informes de mantenimiento, observaciones técnicas, inspecciones, pedidos de reparación y antecedentes de navegación que, según la acusación, evidenciaban problemas persistentes en la unidad.
«La operación que realizó el San Juan en las condiciones de alistamiento que se encontraban constituye el eje central del quebrantamiento de los deberes reprochados y explican plenamente el resultado», sostuvo el fiscal Gastón Franco Pruzán.
Para la Fiscalía, las autoridades navales tenían funciones específicas de supervisión y control que las colocaban en una posición de garante respecto de la seguridad de la tripulación.
Los representantes del Ministerio Público insistieron en que la cadena de mando priorizó los objetivos operativos por encima de las condiciones de seguridad del submarino.
«Se priorizaron objetivos operativos por sobre la seguridad de la tripulación», afirmaron durante la audiencia.
El debate sobre la válvula ECO-19 y el comandante Fernández
Uno de los puntos centrales de los alegatos estuvo relacionado con el ingreso de agua al tanque de baterías número 3 y el funcionamiento de la válvula ECO-19, una cuestión ampliamente debatida durante el juicio.
La fiscal María Andrea Garmendia Orueta repasó informes elaborados por el comandante del submarino, Pedro Martín Fernández, donde se registraban antecedentes de ingreso de agua por el sistema de ventilación durante una navegación realizada en julio de 2017.
Según los manuales incorporados al expediente, la válvula ECO-19 debía permanecer cerrada durante la navegación y abrirse únicamente en determinadas maniobras vinculadas a la carga de baterías.
La Fiscalía cuestionó además una de las principales líneas defensivas, que atribuye al comandante la decisión final de navegar.
«No encaja con una mirada de un comandante que sea disruptivo, que no obedezca las normas, que modifique la posición de una válvula poniendo en riesgo la tripulación», sostuvo Garmendia Orueta.
La fiscal también destacó el valor probatorio del informe firmado por Fernández antes del hundimiento.
«El informe que dejó firmado Fernández reconociendo la maniobra que hizo no sabía que iba a ser la única voz en este juicio explicando qué fue lo que pasó», señaló.
La próxima etapa del juicio
La Fiscalía concluyó sus alegatos con la lectura individual de los nombres, apellidos y rangos de los 44 tripulantes fallecidos en la tragedia.
Ahora será el turno de las querellas, que comenzarán a exponer sus alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Santa Cruz.
Posteriormente se desarrollarán las exposiciones de las defensas antes de que los jueces Mario Reynaldi, Enrique Baronetto, Luis Giménez y Guillermo Quadrini queden en condiciones de dictar sentencia.
El fallo deberá determinar el grado de responsabilidad de cada uno de los acusados y establecer si las deficiencias señaladas durante el proceso tuvieron incidencia directa en el hundimiento del submarino ocurrido en el Atlántico Sur.
