La Justicia avanza con una nueva línea de investigación en la causa por presunto enriquecimiento ilícito contra el ex jefe de Gabinete, Manuel Adorni, para determinar si utilizó a empleados y funcionarios públicos para realizar compras personales con sus tarjetas de crédito y, de esa manera, ocultar gastos de elevado monto.
Este lunes declaró como testigo Laura Schiuma, directora de Actividades Presidenciales de la Subsecretaría de Vocería y Comunicación, ante la Fiscalía Federal N.º 11 de Comodoro Py, a cargo del fiscal Gerardo Pollicita.
La declaración sobre el monitor gamer
Durante su testimonio, Schiuma confirmó que le prestó su tarjeta de crédito a Adorni para adquirir un monitor Samsung Odyssey OLED G8, un equipo 4K de alta gama, por un valor de $2.185.000. Según declaró ante los funcionarios judiciales, el acuerdo consistía en que el entonces vocero presidencial le reintegraría el importe en efectivo.
La investigación detectó movimientos similares tras el análisis de la cuenta de Mercado Pago de Adorni. De acuerdo con la información incorporada al expediente, el exfuncionario había asociado a su billetera virtual tarjetas de crédito pertenecientes a terceros, lo que permitió advertir inconsistencias en las operaciones registradas.
Proyectores, otras compras y nuevas medidas
Los investigadores también detectaron la compra de dos proyectores Epson Home Cinema 2350 4K Pro-UHD con Android TV, destinados a videojuegos, por un total de $1.831.795. Para abonarlos se utilizaron dos tarjetas pertenecientes a Luis Enrique Aluju, coordinador de Información de Gobierno de la Dirección de Información Pública y también integrante del área de Vocería.
El monitor fue adquirido el 19 de agosto de 2025, mientras que los proyectores se compraron seis días antes. En ese momento, Adorni todavía no ocupaba la Jefatura de Gabinete y percibía un salario cercano a $3.500.000 mensuales.
La pesquisa también incorporó un antecedente surgido del teléfono del contratista Matías Tabar, quien remodeló la vivienda de Adorni en Indio Cuá por 245.000 dólares.
En ese dispositivo los investigadores hallaron una factura emitida a nombre de Gisela Kocsis, correspondiente a una compra de $8.183.303 en ropa de cama y blanquería realizada en Rosen The Store, con fecha del 2 de junio del año pasado.
Kocsis se desempeña en el área de Medios y Comunicación desde 2011 y, en marzo de 2025, ejercía funciones como secretaria privada de Adorni.
Según fuentes judiciales, las nuevas medidas ordenadas por el fiscal Pollicita permitieron establecer que el destinatario final de los productos adquiridos en Rosen The Store habría sido Manuel Adorni y que la mercadería fue entregada en un country de Exaltación de la Cruz.
El informe patrimonial
En paralelo, la Dirección General de Asesoramiento Financiero en las Investigaciones (DAFI) elabora un informe contable destinado a determinar la magnitud de las presuntas inconsistencias en el patrimonio de Manuel Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti.
Si ese estudio arroja resultados desfavorables para el exfuncionario, el fiscal Pollicita podrá solicitar al juez Ariel Lijo un requerimiento formal de justificación patrimonial, instancia en la que Adorni tendrá la posibilidad de presentar por escrito la documentación destinada a acreditar el origen legal de su patrimonio.
La Justicia profundiza la investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni con una nueva línea que busca determinar si utilizó tarjetas de crédito de empleados y funcionarios para realizar compras personales y ocultar gastos. Este lunes declaró una funcionaria que confirmó haberle prestado su tarjeta para la adquisición de un monitor de alta gama.
Un monitor gamer de más de dos millones de pesos, dos proyectores 4K, tarjetas ajenas cargadas en una billetera virtual propia y efectivo de regreso. La investigación dejó de mirar solamente cuánto tenía y empezó a preguntar cómo pagaba.
La escena tiene algo de reunión de consorcio donde todos terminan poniendo la tarjeta porque «después te transfiero». Sólo que acá no se discutía una compra comunitaria ni un aire acondicionado para la oficina, sino equipos de alta gama mientras cada operación iba dejando un rastro digital más difícil de borrar que una notificación de Mercado Pago.
La hipótesis judicial no gira únicamente alrededor del patrimonio, sino también de la mecánica. Si distintas compras personales terminaron siendo abonadas con plásticos de subordinados y funcionarios del mismo organismo, el foco deja de estar en el producto y pasa al circuito. Porque un monitor puede ser apenas un monitor. Pero cuando aparecen proyectores, blanquería por más de ocho millones de pesos y domicilios que coinciden con el destino final de los bienes, la historia empieza a escribirse con otra tipografía.
La declaración de una funcionaria confirmó una operación que, según la investigación, se repetiría con otros empleados. El esquema era sencillo: alguien ponía la tarjeta, la compra quedaba registrada y el reintegro llegaba en efectivo. Tan sencillo que el problema no fue la operatoria, sino que las tarjetas terminaron asociadas a la misma billetera virtual. A veces la tecnología tiene menos paciencia que un contador.
Mientras la DAFI termina de revisar los números, la causa entra en una etapa donde las planillas pesan más que los discursos. Si el informe confirma inconsistencias patrimoniales, llegará el momento de explicar por escrito de dónde salió cada peso. Porque hay compras que entran en doce cuotas. Las explicaciones, no siempre.