El Gobierno nacional modificó el procedimiento para la designación de jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación mediante el Decreto 467/2026, que introduce cambios sobre el régimen establecido en 2003. La reforma elimina instancias de participación ciudadana previas al envío de los pliegos al Senado y modifica algunos de los criterios que debían considerarse al momento de evaluar candidatos para integrar el máximo tribunal.
La normativa original había sido impulsada durante la presidencia de Néstor Kirchner y formó parte del proceso de reestructuración de la Corte Suprema. A partir de entonces, se incorporaron mecanismos de publicidad y control ciudadano para las nominaciones propuestas por el Poder Ejecutivo.
Qué cambios introduce el nuevo decreto
La nueva disposición modifica cinco artículos del Decreto 222/2003 y deroga otros tres. Entre los cambios más relevantes figura la eliminación de la instancia que permitía a la ciudadanía presentar observaciones, apoyos u objeciones respecto de los postulantes.
Hasta ahora, una vez anunciada una candidatura, se abría un período de 15 días hábiles para que ciudadanos, organizaciones e instituciones realizaran presentaciones sobre los antecedentes de los aspirantes. El nuevo esquema mantiene únicamente la obligación de publicar los nombres y antecedentes curriculares de las personas consideradas para ocupar el cargo.
Según los fundamentos del Gobierno, esta etapa representaba “una duplicación de instancias”, dado que existen mecanismos de control y evaluación posteriores en el ámbito del Senado.
Además, quedó derogada la facultad del Ministerio de Justicia para solicitar opiniones de entidades profesionales, académicas y sociales acerca de los candidatos propuestos.
Sobre este punto, Pablo Secchi, director ejecutivo de Poder Ciudadano, sostuvo en su cuenta de X: “La lógica era simple: la ciudadanía podía opinar cuando el candidato todavía podía ser descartado o reemplazado por el propio Poder Ejecutivo. Las observaciones debían ser recibidas y consideradas antes de tomar la decisión final”.
Y agregó: “El Gobierno argumenta que la participación ciudadana subsiste en el Senado, a través de audiencias públicas e impugnaciones. Pero esas instancias ocurren cuando el pliego ya fue enviado. Lo que se elimina es la posibilidad de incidir antes de que el Ejecutivo tome su decisión”.
Declaraciones juradas y criterios de selección
Otro de los cambios establece plazos específicos para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales de los postulantes. Los candidatos dispondrán de cinco días para presentar la documentación correspondiente y la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) tendrá el mismo plazo para analizar la situación impositiva y previsional de cada aspirante.
La normativa anterior exigía esos controles, pero no fijaba tiempos determinados para su realización.
Asimismo, el decreto elimina el artículo que indicaba que, al evaluar candidatos para la Corte Suprema, debía considerarse “en la medida de lo posible” una integración que reflejara la diversidad de género, especialidad jurídica y procedencia regional, en línea con el ideal de representación federal.
Actualmente, la Corte Suprema cuenta con tres jueces. Los tres son hombres y dos de ellos son oriundos de la provincia de Santa Fe. Durante los primeros meses de gestión de Javier Milei, el Poder Ejecutivo impulsó las postulaciones de Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo, aunque ambas candidaturas no lograron reunir los consensos legislativos necesarios para avanzar en el Senado.
En un comunicado, el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal señaló: “Las modificaciones introducidas eliminan instancias de participación ciudadana que, durante más de dos décadas, permitieron a universidades, colegios profesionales, organizaciones de la sociedad civil y a la ciudadanía formular observaciones respecto de las candidaturas propuestas por el Poder Ejecutivo”.
La entidad añadió: “El régimen establecido en 2003 constituyó un avance significativo en materia de transparencia, publicidad de los actos de gobierno y control ciudadano sobre procesos de singular trascendencia institucional. La supresión de esos mecanismos implica un claro retroceso respecto de los estándares institucionales que la Argentina había incorporado para la designación de las más altas autoridades del sistema de justicia”.
Cómo se designan los jueces de la Corte Suprema
La Constitución nacional establece un sistema de designación indirecta para los integrantes de la Corte Suprema. El Poder Ejecutivo propone a los candidatos y el Senado de la Nación debe prestar acuerdo para concretar el nombramiento, conforme al artículo 99 inciso 4.
Con la modificación introducida por el Gobierno, desaparece la etapa de observaciones ciudadanas previa al envío del pliego. Sin embargo, los postulantes continúan obligados a concurrir a la Comisión de Acuerdos del Senado, donde responden consultas de los legisladores y pueden recibir impugnaciones durante el proceso parlamentario.
Para convertirse en juez de la Corte Suprema, el candidato debe obtener el respaldo de dos tercios de los votos del Senado.
Entre los requisitos constitucionales para integrar el máximo tribunal figuran ser abogado con al menos ocho años de ejercicio profesional, tener un mínimo de 30 años de edad y acreditar al menos seis años de ejercicio de la ciudadanía argentina.
