El Gobierno nacional estableció nuevas condiciones para los jueces y magistrados del Ministerio Público que pretendan continuar en sus cargos una vez alcanzados los 75 años, el límite previsto por la Constitución Nacional a partir del cual necesitan un nuevo nombramiento.
El cambio fue instrumentado mediante la Resolución 384/2026 del Ministerio de Justicia, firmada por el ministro Juan Bautista Mahiques y publicada en el Boletín Oficial el 12 de agosto. La medida aprobó un nuevo reglamento y derogó la Resolución 226/2024, que regulaba hasta ahora este procedimiento.
La Constitución establece que los magistrados que alcanzan esa edad necesitan un nuevo nombramiento, precedido por el correspondiente acuerdo del Senado, para mantenerse en funciones. Las designaciones posteriores se realizan por períodos de cinco años.
Más anticipación y controles para pedir la continuidad
Uno de los cambios centrales está relacionado con los tiempos administrativos. El magistrado que quiera permanecer en funciones deberá iniciar el procedimiento durante los doce meses anteriores a cumplir los 75 años, evitando que la solicitud sea presentada cuando el vencimiento del mandato ya es inminente.
También se amplía la documentación exigida. Además de acreditar su identidad, título y antecedentes profesionales, los postulantes deberán presentar una declaración jurada patrimonial integral y documentación que permita conocer su situación disciplinaria.
Entre los requisitos se contempla un certificado expedido por los organismos correspondientes que acredite la inexistencia de sanciones disciplinarias firmes, pedidos de jury, juicios políticos o procesos de remoción en trámite.
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero tendrá además intervención en el procedimiento. ARCA dispondrá de cinco días hábiles para emitir un informe sobre el cumplimiento de las obligaciones tributarias, impositivas y previsionales del magistrado.
Otra de las etapas será la publicidad de la candidatura. La solicitud se difundirá durante un día en el Boletín Oficial y se pondrá a disposición un enlace para que los ciudadanos puedan consultar el currículum del postulante desde el sitio del Ministerio de Justicia.
El Gobierno busca reducir las disputas judiciales
La modificación está vinculada con los cambios introducidos anteriormente por el Decreto 467/2026 en los procedimientos para la designación de magistrados. En los fundamentos de la Resolución 384/2026, el Ministerio sostuvo que el nuevo esquema apunta a armonizar el trámite y eliminar etapas administrativas consideradas innecesarias o duplicadas.
La intención oficial es que los pedidos de nuevo nombramiento “se tramiten bajo estas mismas reglas ágiles”. En ese marco, quedó derogado el reglamento establecido en 2024.
Según la postura expresada desde el Gobierno, el cambio también pretende terminar con “zonas grises de la antigua normativa que posibilitó que se judicialicen casos, que haya litigios y conflictos institucionales”.
Desde el Ministerio de Justicia se planteó además la necesidad de “ordenar un sistema que estuvo atravesado por amparos, medidas cautelares, fallos contradictorios y demoras políticas”, una situación que permitió que determinados magistrados continuaran temporalmente en sus puestos mientras sus reclamos eran analizados.
Los antecedentes de Irurzun y Mahiques
El debate cobró especial relevancia en los últimos meses por lo ocurrido con Martín Irurzun, quien cumplió 75 años el 18 de julio de 2026 y no obtuvo del Poder Ejecutivo un nuevo nombramiento para continuar como integrante de la Cámara Federal de Apelaciones porteña. El magistrado llevó su reclamo a la vía judicial y presentó un recurso extraordinario con la intención de que el planteo llegara a la Corte Suprema.
La situación de Irurzun también cobró relevancia por el peso institucional de la Cámara Federal porteña, tribunal encargado de revisar decisiones adoptadas por los jueces federales de primera instancia, entre ellas procesamientos, sobreseimientos, embargos y prisiones preventivas.
En ese tribunal deben revisarse decisiones vinculadas con investigaciones resonantes, entre ellas expedientes relacionados con $LIBRA, ANDIS y actuaciones judiciales vinculadas con Manuel Adorni.
Un escenario diferente atravesó Carlos Mahiques, integrante de la Cámara Federal de Casación Penal y padre del actual ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques. El Senado aprobó en mayo su continuidad por otros cinco años, tras alcanzar la edad constitucional prevista para requerir un nuevo nombramiento.
En medio de las diferencias entre ambos casos, desde la Casa Rosada señalaron que “es potestad exclusiva del Jefe de Estado resolver a quién le da la prórroga y a quién no”.
Una vez completadas las etapas previstas en el nuevo reglamento, será el Presidente de la Nación quien defina si envía al Senado el pliego del magistrado. Si decide avanzar, la continuidad quedará sujeta al nuevo acuerdo de la Cámara alta, tal como establece el procedimiento constitucional.
