Un video difundido este miércoles 17 de junio de 2026 en redes sociales mostró el retiro de tomos y documentación de un salón con estanterías ubicado en la Casa Rosada. Según las versiones que circularon junto con el material, el Gobierno nacional decidió eliminar el espacio físico del archivo de trabajo de la Secretaría de Legal y Técnica de la Presidencia para avanzar con la digitalización de los materiales y reasignar el lugar al área de seguridad presidencial.
Hasta el momento, no hay un comunicado oficial detallado de la Presidencia ni de la Secretaría de Legal y Técnica sobre el alcance de la medida. Esa falta de información pública alimentó un fuerte debate en redes sociales sobre el manejo de archivos institucionales, la preservación de documentación estatal y el simbolismo de intervenir espacios internos en la sede del Poder Ejecutivo.
El material audiovisual que impulsó la difusión masiva fue grabado desde el exterior del salón, a través de puertas de madera con paneles de vidrio. En la secuencia, de aproximadamente 14 segundos, se observa a un hombre con camisa oscura que se sube a una escalera o se estira para retirar tomos de las estanterías superiores.
Los volúmenes son bajados o dejados caer hacia abajo de manera brusca. No se observa en el video un proceso de embalaje cuidadoso, clasificación ordenada ni protección especial de los materiales. Tampoco se advierte rotura intencional, quema ni destrucción deliberada de los tomos, sino el retiro físico de los estantes.
El post que acompañó la publicación afirmó: “Así desarman y tiran los libros de la Biblioteca de la Casa Rosada: el Gobierno promete digitalizar todos los archivos.”
Qué material se retiró de la Casa Rosada
De acuerdo con la información disponible, no se trata de una biblioteca histórica o patrimonial abierta al público, sino del archivo de consulta interna de la Secretaría de Legal y Técnica. Ese organismo cumple funciones clave en el asesoramiento jurídico al Presidente y al Jefe de Gabinete, además de intervenir en la revisión de decretos, resoluciones y proyectos normativos.
Los materiales retirados consistirían principalmente en tomos de jurisprudencia, digestos legislativos, colecciones de leyes y documentación de uso operativo. Según las versiones difundidas, no serían piezas únicas de valor cultural excepcional, como incunables o primeras ediciones, sino material de trabajo replicable o digitalizable.
Las versiones que circularon indican que los archivos serán digitalizados, que el espacio físico será reasignado al área de seguridad de la Casa Rosada y que los empleados habrían sido informados sobre el traslado o resguardo del material en otro depósito. Entre los comentarios se mencionó Campichuelo como posible destino, aunque ese dato no fue confirmado oficialmente.
Digitalización, falta de información y cuestionamientos
La medida se inscribe en la política de despapelización y modernización administrativa que el Gobierno de Javier Milei impulsa desde el inicio de su gestión, orientada a reducir el uso de papel, optimizar espacios públicos y bajar costos de mantenimiento.
Sin embargo, la ausencia de precisiones oficiales abrió interrogantes sobre el procedimiento. Entre las principales dudas aparecen si existe un inventario completo del material retirado, si se labró un acta formal, cuál será el destino final de los tomos físicos y si las versiones digitalizadas serán de acceso público o solo interno.
También se desconoce si intervino o fue informado el Archivo General de la Nación, y si el Gobierno prevé un cronograma formal para aplicar medidas similares en otros archivos de organismos públicos.
Las críticas se concentraron en la forma en que se retiraron los tomos y en la carga simbólica de la escena. Usuarios, periodistas y dirigentes opositores interpretaron el episodio como un acto de desprecio institucional y “destrucción de memoria”, además de reclamar intervención de organismos vinculados a la preservación documental.
Desde las defensas y contextualizaciones de la medida, se sostuvo que el material ya estaría digitalizado o sería fácilmente digitalizable. También se argumentó que sostener bibliotecas físicas de uso interno implica costos de mantenimiento, problemas de humedad, deterioro y ocupación de espacios en un edificio emblemático.
Un debate abierto por un video de pocos segundos
La Casa Rosada atravesó distintas reorganizaciones de espacios bajo administraciones de diferente signo político. La digitalización de archivos públicos, además, es una tendencia extendida en distintos niveles del Estado. Aun así, la falta de información oficial sobre inventario, protocolos de preservación y acceso a los materiales digitalizados mantiene abierto el debate.
La Secretaría de Legal y Técnica continúa operando con normalidad en sus funciones sustantivas. Por ahora, no hay evidencia pública de destrucción de documentos históricos irreemplazables ni de un plan sistemático de eliminación de memoria institucional.
Lo que sí quedó expuesto es una medida administrativa interna que cobró visibilidad pública por el registro audiovisual y por el modo en que fue ejecutada. Hasta que exista una explicación oficial detallada, el retiro del archivo físico seguirá planteando preguntas sobre el destino de los documentos, los controles aplicados y la transparencia del proceso de digitalización.
