Las ex funcionarias de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), Nélida Agustina Bisio y Gabriela Mantecón Fumadó, recuperaron la libertad tras abonar una caución de 150 millones de pesos en el marco de la investigación por el caso del fentanilo contaminado que lleva adelante la Justicia Federal de La Plata.
Ambas habían sido detenidas días atrás y continúan imputadas en una causa que busca determinar las responsabilidades por la distribución de lotes adulterados del potente analgésico, asociado a la muerte de al menos 90 personas y a otros pacientes que resultaron afectados tras recibir la medicación en centros de salud.
Las condiciones impuestas por la Justicia
La libertad fue concedida bajo caución económica y con una serie de restricciones procesales. Gabriela Mantecón Fumadó debió entregar su documentación para viajar, mientras que Nélida Bisio tiene prohibido salir del país y mantener contacto con ex empleados o ex colegas de la ANMAT y del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME).
Además, las dos ex funcionarias deberán presentarse periódicamente ante el juzgado mientras continúe la investigación judicial.
La hipótesis que investiga el juez
El expediente es instruido por el juez federal Ernesto Kreplak, con la intervención de la fiscal Laura Roteta y el apoyo de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
Según la investigación, las presuntas irregularidades detectadas en HLB Pharma y Laboratorios Ramallo habrían sido posibles por una supuesta falta de controles estatales. En ese contexto, los investigadores sostienen como hipótesis que pudo haber existido un «manto de cobertura estatal» que permitió el funcionamiento de ambas empresas pese a los antecedentes registrados.
Bisio y Mantecón Fumadó ocupaban cargos con responsabilidades vinculadas al control del cumplimiento de las Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) exigidas para la elaboración de medicamentos.
Cómo sigue la causa
Hasta el momento, Ariel García Furfaro, propietario de HLB Pharma, continúa detenido por esta causa. La investigación también alcanza a directivos, empresarios, técnicos y operarios relacionados con los laboratorios involucrados en la fabricación y distribución del fentanilo cuestionado.
La liberación de las ex funcionarias no implica el cierre de la investigación ni modifica su situación procesal. La Justicia Federal continuará reuniendo pruebas para establecer si existieron responsabilidades penales tanto en la producción del medicamento como en los mecanismos de control sanitario que debían supervisar su elaboración y comercialización.
