El Fondo Monetario Internacional (FMI) volvió a cuestionar los subsidios generalizados a las tarifas energéticas y a los combustibles, al considerar que son una herramienta costosa e ineficiente para proteger a los hogares frente a aumentos del costo de vida.
En cambio, el organismo recomendó utilizar transferencias de ingresos temporales y focalizadas para asistir a los sectores más vulnerables.
La postura fue incluida en el capítulo 2 del informe de Perspectivas Económicas Mundiales, conocido como WEO, que analiza el impacto de las crisis del costo de vida y las herramientas disponibles para responder a incrementos en los precios de los alimentos y la energía.
El costo de los subsidios generalizados
Según el FMI, las transferencias focalizadas constituyen una de las herramientas más eficaces para proteger a los hogares de menores ingresos sin alterar de manera significativa la demanda ni comprometer las cuentas públicas.
De acuerdo con sus estimaciones, alcanzar el mismo nivel de protección mediante medidas generalizadas de contención de precios puede requerir entre 3 y 22 veces más recursos fiscales, dependiendo del mecanismo utilizado.
El organismo también advirtió que los subsidios destinados a productores pueden resultar particularmente costosos, con un impacto fiscal de entre 14 y 22 veces superior al de las transferencias directas.
El informe sostiene además que los subsidios amplios tienden a beneficiar en mayor medida a los hogares de ingresos más altos, debido a que suelen consumir más energía y combustibles.
Según el análisis, menos de 20 centavos de cada euro destinado a subsidiar electricidad, gas natural y gasolina llega al 20% más pobre de la población, mientras que en combustibles el quintil de mayores ingresos recibe alrededor de 40 centavos por cada euro.
El impacto sobre las cuentas públicas
El FMI advirtió que el costo fiscal de estas políticas se vuelve especialmente relevante cuando los gobiernos cuentan con poco margen presupuestario.
También señaló que los alivios iniciales generados por controles o subsidios de precios pueden quedar compensados posteriormente por un aumento de la deuda pública y por ajustes necesarios para financiar esas medidas.
El organismo agregó que el problema puede agravarse cuando varios países aplican subsidios al mismo tiempo frente a un mismo shock internacional, ya que una mayor demanda global puede presionar todavía más sobre los precios.
Por ese motivo, el Fondo sostuvo que cualquier intervención sobre precios debería ser temporal y contar con una estrategia de salida claramente definida.
El caso argentino
El informe fue publicado en medio de una fuerte recomposición de las tarifas de servicios públicos en Argentina.
Según el Observatorio de Tarifas y Subsidios del IIEP, dependiente de la UBA y el Conicet, la canasta de servicios públicos del AMBA aumentó 867% entre diciembre de 2023 y septiembre de 2026, mientras que el nivel general de precios avanzó 254% durante el mismo período.
Dentro de ese relevamiento, el gas natural registró una suba superior al 1.600% y el transporte acumuló un incremento cercano al 1.500% desde diciembre de 2023.
En septiembre, un hogar promedio del AMBA sin subsidios necesitó $268.405 para cubrir energía, transporte y agua potable.
La canasta de servicios públicos representó además el 14,6% de un salario promedio registrado estimado en $2.024.647.
El análisis del FMI aparece mientras continúan las conversaciones con el Gobierno argentino por la tercera revisión del programa.
La vocera del organismo, Julie Kozack, señaló que el diálogo con el equipo económico encabezado por Luis Caputo incluye la recuperación de la economía y la necesidad de ampliar los beneficios del crecimiento hacia otros sectores y los trabajadores.
