Un grupo de 50 gremios encabezados por los dirigentes sindicales Luis Barrionuevo y Armando Cavalieri resolvió avanzar con una estrategia judicial contra el Gobierno nacional para reclamar la liberación de 688.000 millones de pesos destinados al sistema de obras sociales.
La decisión se tomó en medio de las advertencias sobre el deterioro del financiamiento de las prestaciones médicas y las dificultades que, según los sindicatos, atraviesan distintas entidades para sostener la cobertura de sus afiliados.
El planteo apunta especialmente al ministro de Economía, Luis Caputo, contra quien los dirigentes evalúan una denuncia por «incumplimiento de los deberes de funcionario público».
Los cuestionamientos también alcanzan al ministro de Salud, Mario Lugones, a quien responsabilizan por la falta de respuestas concretas frente a los reclamos y por la ausencia de medidas que permitan aliviar la situación financiera del sistema.
Los representantes sindicales sostienen que la demora en la disponibilidad de los recursos afecta el funcionamiento de las obras sociales y compromete la continuidad de distintas prestaciones sanitarias.
Cómo se componen los 688.000 millones de pesos que reclaman los gremios
De acuerdo con el detalle presentado por los sindicatos, el monto reclamado se divide en dos componentes principales.
Por un lado, se encuentran 288.000 millones de pesos correspondientes al Fondo Solidario de Redistribución, que, según los dirigentes, permanecen depositados en plazos fijos del Banco Nación.
Por otro, reclaman 400.000 millones de pesos vinculados con Fondos FIMA, provenientes de deudas por aportes de adherentes voluntarios.
Los gremios exigen la liberación inmediata de esos recursos para atender las obligaciones del sistema y sostener la prestación de servicios médicos.
Uno de los dirigentes que participa del reclamo cuestionó las gestiones realizadas hasta el momento ante el Ministerio de Salud.
«Tuvimos tres reuniones con el ministro Lugones y no hubo ninguna propuesta concreta. Mientras tanto, las obras sociales se caen a pedazos y los trabajadores se quedan sin cobertura», afirmó el sindicalista.
El planteo refleja la preocupación de las organizaciones por la continuidad de la atención de los afiliados y por la capacidad financiera de las obras sociales para afrontar sus compromisos.
Advierten por el financiamiento de medicamentos y tratamientos de alta complejidad
A la iniciativa impulsada por Barrionuevo y Cavalieri también se incorporó la UOM Capital, encabezada por Roberto Bonetti, junto con otras organizaciones sindicales.
Los representantes gremiales advirtieron que, de acuerdo con sus estimaciones, el 90% del Fondo Solidario de Redistribución se destina actualmente a prestaciones vinculadas con discapacidad.
Según su diagnóstico, esta concentración de recursos genera dificultades para financiar otros servicios sanitarios, entre ellos tratamientos de alta complejidad y medicamentos.
La advertencia se produce en un contexto de reclamos por la sostenibilidad general de las obras sociales y la necesidad de contar con mecanismos de financiamiento que permitan atender distintas prestaciones sin interrupciones.
Los sindicatos también exigieron la actualización del nomenclador de medicamentos, que, según señalaron, permanece congelado desde hace tres años.
Para los dirigentes, la falta de actualización de los valores y las demoras en la disponibilidad de fondos profundizan los desequilibrios económicos de las entidades.
«El responsable político de la salud de los argentinos es el ministro Lugones, si no actúa ahora, el sistema colapsa», sostuvo otro de los representantes sindicales consultados.
La disputa con Caputo, el vínculo con Barrionuevo y el paro de 36 horas
El conflicto también tiene una dimensión política y empresarial por los antecedentes de la relación entre Luis Barrionuevo y Luis Caputo.
Ambos mantuvieron vínculos societarios en el Sanatorio Güemes, junto con el exministro radical Enrique «Coti» Nosiglia, aunque esa relación se habría deteriorado durante los últimos meses.
El distanciamiento se produce ahora en paralelo con el reclamo sindical por los recursos del sistema sanitario, que coloca al ministro de Economía entre los principales destinatarios de las críticas.
Además de la estrategia judicial, las organizaciones que participan de la iniciativa anunciaron un paro general de 36 horas con movilización en rechazo a las políticas del Gobierno nacional.
La decisión introduce un nuevo factor de tensión dentro del sindicalismo, especialmente por las diferencias entre los sectores que impulsan medidas de confrontación y aquellos que priorizan mantener canales de negociación con la administración de Javier Milei.
La medida también genera incomodidad en sectores de la conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT), que han sostenido una posición más orientada al diálogo con el Ejecutivo.
Por el momento, el reclamo de los 50 gremios se concentra en obtener la disponibilidad de los 688.000 millones de pesos, actualizar los valores vinculados con medicamentos y exigir respuestas al Ministerio de Salud.
La definición de una eventual presentación judicial y la instrumentación del paro anunciado marcarán los próximos pasos de una disputa que involucra el financiamiento de las obras sociales y la continuidad de las prestaciones médicas para sus afiliados.
