El Senado de la Nación dio un nuevo paso en el tratamiento de una ley permanente de discapacidad al emitir dictamen favorable sobre el proyecto que ya cuenta con aprobación de la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca reemplazar el esquema de emergencia vigente, cuyo vencimiento está previsto para el 31 de diciembre, y establecer reglas estables para el acceso a pensiones, prestaciones de salud, mecanismos de actualización y controles administrativos.

El despacho fue firmado durante un plenario de las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Población y Desarrollo Humano, presididas por Agustín Monteverde y Alicia Kirchner, respectivamente.

El acuerdo legislativo permite que el proyecto avance hacia su tratamiento en el recinto de la Cámara alta, donde todavía deberá ser debatido y votado para completar su recorrido parlamentario.

Entre los puntos principales se encuentran el mantenimiento de las pensiones no contributivas por discapacidad, su actualización, la creación de un nomenclador universal de prestaciones y la aplicación de un arancel unificado.

El Senado busca aprobar la ley antes del 31 de diciembre

Durante el debate, Alicia Kirchner remarcó la necesidad de avanzar con la sanción del proyecto antes de que finalice la emergencia vigente.

La legisladora sostuvo: “Hay personas que nos han dicho de agregar esto o lo otro, pero el 31 de diciembre vence la ley y es fundamental que le demos sanción. Toda ley es perfectible, pero hoy tenemos que garantizar la mayor cobertura”.

En la misma línea, el senador Carlos Linares, de Chubut, retiró una propuesta que había presentado para prorrogar la emergencia y manifestó su preocupación por la situación del sector.

El legislador describió una “gran desesperación en todo el colectivo, que se está jugando hace rato” y reconoció que el texto en discusión “es lo más cercano que tenemos, pero no es lo ideal”.

También expresó: “Es mucho lo que falta y quiero ver qué viene en el Presupuesto 2027. Ahora, tenemos que despejar la incertidumbre”.

Por su parte, la jefa del bloque libertario en el Senado, Patricia Bullrich, defendió la iniciativa al considerar que “busca dar una respuesta permanente y genera previsibilidad después de muchos desencuentros”.

Según planteó, el objetivo también es evitar “una pelea permanente por este tema”.

La legisladora destacó la importancia de establecer mecanismos de control y transparencia en el sistema de pensiones, al tiempo que cuestionó situaciones vinculadas con la asignación de determinados beneficios.

El debate también incluyó diferencias sobre la redacción del proyecto. La senadora cordobesa Alejandra Vigo planteó la necesidad de introducir modificaciones, una posición que encontró resistencia entre quienes priorizan avanzar con el texto consensuado en Diputados.

Durante la reunión se produjeron además intercambios entre Juliana di Tullio, Patricia Bullrich y el senador sanjuanino Bruno Olivera Lucero, entre otros legisladores.

Pensiones del 70% de la jubilación mínima y compatibilidad con el empleo

Uno de los aspectos centrales del proyecto es la ratificación de las pensiones no contributivas equivalentes al 70% del haber mínimo jubilatorio.

La iniciativa mantiene al Certificado Único de Discapacidad (CUD) como una de las herramientas principales para acreditar las condiciones de acceso al beneficio.

También establece un sistema de actualización de las prestaciones vinculado con la evolución de los haberes y los mecanismos previstos para evitar la pérdida de poder adquisitivo.

Otro punto relevante es la compatibilidad entre la pensión y el empleo formal, incorporada durante el tratamiento del proyecto en la Cámara de Diputados.

El texto contempla que las personas con CUD puedan conservar la pensión aunque tengan un trabajo registrado o estén inscriptas en determinados regímenes tributarios, siempre que sus ingresos no superen dos salarios mínimos, vitales y móviles.

La medida busca facilitar la integración laboral sin que el acceso a un empleo implique necesariamente la pérdida del beneficio previsional.

Bullrich calificó como “muy importante” la posibilidad de compatibilizar ambas situaciones, al considerar que permite evitar que las personas deban elegir entre una pensión y una oportunidad de trabajo.

La legisladora también destacó los “beneficios a empleadores” y la apuesta por la “transparencia” del nuevo sistema.

En materia de salud, el proyecto garantiza que los titulares de pensiones no contributivas por invalidez laboral y por discapacidad puedan acceder a un mecanismo de cobertura que incluya las prestaciones básicas previstas en la Ley 24.901, mediante el Programa Incluir Salud.

Asimismo, incorpora un nomenclador universal de prestaciones y un arancel unificado, con el objetivo de establecer criterios comunes para los servicios destinados a personas con discapacidad.

Financiamiento, auditorías y plazos para pagar deudas a prestadores

El proyecto también incorpora disposiciones destinadas a establecer cómo se financiará el nuevo régimen.

El texto identifica partidas presupuestarias específicas del Ministerio de Salud que deberán utilizarse para sostener las prestaciones y contempla compensaciones provenientes del Tesoro Nacional en caso de que esos recursos resulten insuficientes.

Además, establece que el Gobierno deberá garantizar que el ingreso por beneficiario no pierda poder adquisitivo respecto del año anterior.

En materia de fiscalización, la propuesta dispone que la Secretaría Nacional de Discapacidad realice auditorías periódicas mediante cruces de información con organismos públicos.

Entre las entidades previstas para esos controles se encuentran Anses, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de las Personas (Renaper) y el Sistema de Identificación Nacional Tributario y Social (SINTyS).

El mecanismo contempla la posibilidad de suspender preventivamente un beneficio cuando se detecte un incumplimiento objetivo de las condiciones exigidas.

Sin embargo, esa facultad deberá aplicarse mediante un “debido proceso inclusivo”, con instancias de notificación y mecanismos de rehabilitación provisoria.

Otro de los puntos incorporados apunta a las deudas pendientes con prestadores de servicios para personas con discapacidad.

De acuerdo con el proyecto, si al momento de sancionarse la ley existieran obligaciones impagas, el Poder Ejecutivo deberá publicar un cronograma de pagos dentro de los 30 días y cancelar los montos adeudados dentro de los 90 días.

La disposición busca establecer plazos concretos para regularizar obligaciones vinculadas con la prestación de servicios.

Con el dictamen firmado, el proyecto quedó en condiciones de continuar su trámite legislativo en el Senado. Su eventual aprobación permitiría establecer un régimen permanente antes del vencimiento de la emergencia actual, previsto para el 31 de diciembre.