La causa que investiga presuntas irregularidades impositivas en la Asociación del Fútbol Argentino tuvo un nuevo giro judicial. El juez Diego Amarante, a cargo del Juzgado en lo Penal Económico N° 5, dictó la falta de mérito para los exsecretarios generales Víctor Blanco y Cristian Malaspina, además del exdirector general Gustavo Lorenzo, al considerar que no existen pruebas suficientes para sostener sus procesamientos.
La resolución llegó luego de que la Cámara de Apelaciones revocara los procesamientos que pesaban sobre los tres dirigentes. Tras revisar las pruebas reunidas durante la investigación, el tribunal concluyó que no quedó acreditada una participación directa en las maniobras investigadas, vinculadas a la retención indebida de aportes previsionales e impositivos por un monto cercano a los 19.000 millones de pesos.
No obstante, la falta de mérito no implica el cierre definitivo de la causa para los tres involucrados. El expediente seguirá abierto y la Justicia deberá determinar, con nuevas medidas de prueba, si corresponde avanzar hacia un sobreseimiento o retomar la investigación sobre sus responsabilidades.
Las funciones que analizaron los jueces
Uno de los principales argumentos de la resolución fue que la administración financiera y tributaria de la AFA no dependía de las funciones que desempeñaban Blanco, Malaspina y Lorenzo. Según el estatuto de la entidad, esas responsabilidades recaen sobre otras áreas específicas de la estructura ejecutiva.
Además, los testimonios de las responsables de los sectores de Administración y Control respaldaron los descargos de los exdirigentes. Las declaraciones indicaron que ninguno de ellos intervenía en el manejo diario de los vencimientos fiscales ni en la definición de los pagos de impuestos y aportes.
Víctor Blanco, ex presidente de Racing, fue uno de los dirigentes alcanzados por la medida judicial, junto con Cristian Malaspina y Gustavo Lorenzo. En los tres casos, el tribunal consideró que la prueba reunida no permite sostener, por el momento, una acusación directa vinculada con las maniobras investigadas.
El caso de Gustavo Lorenzo
En el caso de Gustavo Lorenzo, la Justicia también aclaró que su autorización para firmar operaciones bancarias respondía a una función administrativa y de control formal. Los jueces señalaron que las operaciones requerían varias firmas conjuntas, por lo que no tenía autonomía para disponer de los fondos ni modificar las decisiones adoptadas por el área de Tesorería.
Ese punto fue considerado relevante para descartar, en esta etapa, una intervención directa en la administración de los recursos cuestionados. La resolución remarcó que la sola posibilidad de firmar determinadas operaciones no alcanzaba para atribuirle capacidad de decisión autónoma sobre los fondos de la entidad.
Levantaron los embargos
Como consecuencia de esta resolución, también fueron levantados los embargos que pesaban sobre los bienes de los tres exdirectivos. Los montos ascendían a 150 millones de pesos en los casos de Blanco y Malaspina, y a 350 millones de pesos en el caso de Lorenzo.
Asimismo, quedaron sin efecto las reglas de conducta que debían cumplir mientras avanzaba la investigación. La causa, sin embargo, continuará abierta hasta que la Justicia defina si corresponde dictar el sobreseimiento o profundizar la investigación con nuevas medidas de prueba.
