Manuel Adorni nació en La Plata el 28 de febrero de 1980 y desarrolló gran parte de su carrera profesional como economista, contador público, docente y analista en medios de comunicación. Licenciado en Economía por la Universidad Nacional de La Plata y contador por la UADE, construyó notoriedad pública como columnista y conductor en distintos espacios periodísticos antes de incorporarse al gobierno de Javier Milei.
Su trayectoria incluyó participaciones en Infobae, Radio Rivadavia, LN+, América TV, A24 y Canal Metro. También formó parte de iniciativas políticas vinculadas al liberalismo y apoyó la candidatura presidencial de José Luis Espert en 2019. Tras el triunfo de Milei, fue designado vocero presidencial en diciembre de 2023, luego secretario de Comunicación y, desde noviembre de 2025, jefe de Gabinete de Ministros. Ese mismo año fue electo legislador porteño por La Libertad Avanza, cargo que finalmente no asumió.
El crecimiento patrimonial bajo investigación
La principal investigación judicial analiza la evolución de su patrimonio y determinados gastos realizados durante los últimos años. Según las denuncias incorporadas al expediente, existen interrogantes sobre si los ingresos declarados por Adorni resultan suficientes para explicar determinadas adquisiciones, refacciones, viajes y movimientos financieros.
Entre los bienes mencionados en la investigación figuran propiedades en la Ciudad de Buenos Aires, una vivienda en Morón y otra en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. La Justicia busca determinar si existe correspondencia entre esos activos y los ingresos declarados por el funcionario.
Los gastos de Adorni que investiga la justicia acumula más de US$ 730.000 y estos son: • Casa en el Country Indio Cua US$125.000 • Adelanto de la casa US$ 25.000 • Departamento en Caballito por US$ 230.000 • Cancelación de hipoteca anterior US$ 30.000 • Viajes por US$ 29.000, • Viajes de su esposa a EE.UU y España con un total de US$11.500, entre otros gastos.Por otro lado, uno de los aspectos centrales de la defensa pública de Adorni gira en torno a la herencia familiar. Su padre, Jorge Eduardo Adorni, falleció en 2002. De acuerdo con la documentación sucesoria, los herederos —Manuel Adorni, su hermano Francisco y su madre Silvia Pais— comparten en partes iguales un departamento ubicado en la Avenida 53 de La Plata y un terreno baldío de 690 metros cuadrados en Salazar, partido de Daireaux, heredado de Carmen Florencia Ochoa de Adorni.
El departamento fue valuado en torno a los 95.000 dólares para su venta. Sin embargo, los investigadores intentan establecer si esos activos hereditarios pueden explicar la totalidad del patrimonio y los gastos posteriores atribuidos al funcionario.
Refacciones, viajes y movimientos financieros
La causa también incorpora información sobre obras realizadas en la propiedad del country Indio Cuá. Según la documentación citada en las denuncias, las refacciones habrían alcanzado los 245.000 dólares y comprendieron mejoras estructurales, construcción de pileta con cascada, quincho, revestimientos y equipamiento.
Además, la Justicia analiza viajes al exterior, consumos con tarjetas de crédito, operaciones financieras y movimientos en billeteras virtuales vinculadas a criptomonedas. El objetivo de esas medidas es reconstruir el flujo patrimonial y verificar si existen inconsistencias entre ingresos, gastos y bienes declarados.
La adhesión al régimen de “Inocencia Fiscal”
Tanto Bettina Julieta Angeletti, esposa de Adorni, como el propio funcionario adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias previsto por la Ley 27.799, conocido públicamente como “Inocencia Fiscal”. La incorporación de Angeletti se produjo a fines de mayo de 2026 y la de Adorni durante los primeros días de junio de ese mismo año.
La normativa establece un esquema simplificado para determinados contribuyentes y contempla beneficios vinculados a la regularización tributaria. Sin embargo, especialistas y organismos oficiales remarcan que la adhesión al régimen no extingue investigaciones penales por delitos distintos de los tributarios, como enriquecimiento ilícito, lavado de activos, negociaciones incompatibles o eventuales hechos de corrupción.
Entre otros aspectos, la ley reduce plazos de prescripción en determinados casos, modifica umbrales para delitos tributarios y establece mecanismos de simplificación administrativa. No obstante, no impide que la Justicia continúe con medidas de prueba, peritajes patrimoniales, levantamiento de secreto bancario o requerimientos de información.
Las causas judiciales en curso
La investigación principal por presunto enriquecimiento ilícito tramita ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. El expediente incluye pedidos de información bancaria, fiscal y patrimonial, así como análisis de propiedades, viajes y movimientos financieros.
En paralelo, existen actuaciones vinculadas a posibles negociaciones incompatibles con la función pública y al análisis de contratos relacionados con la consultora +Be y la sociedad AS Innovación Profesional, vinculada a Bettina Angeletti y Manuel Adorni. Los investigadores buscan determinar si existieron o no situaciones que pudieran generar conflictos de intereses.
Adorni rechazó públicamente las acusaciones y sostiene que la investigación carece de sustento suficiente para prosperar. Mientras tanto, la Justicia continúa reuniendo documentación y evaluando nuevas medidas de prueba. La causa permanece abierta y su evolución dependerá de los resultados de los peritajes, cruces de información y futuras resoluciones judiciales.
