El presupuesto destinado a los denominados «gastos flexibles» de la Casa Rosada registró un fuerte incremento bajo la gestión de la Secretaría General de la Presidencia, conducida por Karina Milei. En doce meses, la partida asignada a estas cajas chicas de carácter operativo pasó de $471 millones a más de $1.135 millones. }

El aumento quedó formalizado mediante la Resolución 35/2026, publicada en el Boletín Oficial, que adecuó el Fondo Rotatorio de la Secretaría General de la Presidencia para el ejercicio financiero 2026 en $1.135.112.226,90. Para el ejercicio anterior, el fondo había sido fijado en $471.581.570,04.

El crecimiento de la partida se produce en un contexto en el que el Gobierno sostiene públicamente el discurso de la austeridad fiscal como una de sus principales banderas de gestión. La controversia no se centra en la existencia de herramientas administrativas para cubrir gastos operativos, sino en la falta de acceso público al detalle de los consumos y rendiciones vinculadas al sistema.

El circuito de las tarjetas corporativas

El esquema administrativo funciona a través de la plataforma «Corporativa Nación», un sistema de tarjetas de crédito y plásticos recargables emitidos por el Banco Nación a nombre de personal jerárquico de la estructura presidencial.

A partir de un pedido de acceso a la información pública, la Secretaría General informó la dimensión de la red interna que maneja esos fondos. Con datos auditados al 10 de junio de 2026, la estructura operativa consta de 140 tarjetas recargables activas distribuidas en dependencias de Balcarce 50, 3 tarjetas de crédito corporativas de alto rango y 62 usuarios autorizados con credenciales activas para operar la plataforma.

Pese al volumen de recursos públicos involucrados, el Gobierno mantuvo bajo reserva el destino final del dinero y no difundió los comprobantes ni las rendiciones de cuentas detalladas de los funcionarios que utilizan el sistema.

Topes de gasto y excepciones

La ampliación de los límites y del presupuesto global quedó establecida a comienzos de año por la Resolución 35/2026. La norma no sólo validó la adecuación del Fondo Rotatorio, sino que fijó pautas de control interno para el uso de los plásticos asignados a la Secretaría General de la Presidencia.

Según la información difundida, la normativa estableció un techo de $50 millones por transacción individual. Ningún funcionario puede superar ese límite en un solo pago, salvo que el gasto se encuadre en tres categorías específicas exceptuadas: servicios básicos de dependencias oficiales, débitos automáticos derivados de embargos o mandas judiciales y costos y logística asociados a los viajes de la comitiva presidencial.

Para el ciudadano que enfrenta restricciones cotidianas bajo la promesa de que «el esfuerzo es de todos», la posibilidad de que existan operaciones estatales por montos millonarios sin una publicación detallada de facturas y comprobantes abre un nuevo frente de cuestionamientos políticos.

El debate por la transparencia

El eje de la discusión pública es la opacidad del sistema. La existencia de fondos rotatorios y cajas chicas forma parte del funcionamiento administrativo del Estado, pero el crecimiento de la partida y la reserva sobre los consumos reactivaron el debate sobre los controles ciudadanos aplicados a las áreas más sensibles del Poder Ejecutivo.

El incremento del fondo, en paralelo a la falta de un desagregado público sobre qué bienes, servicios, viáticos o consumos se pagan con las tarjetas estatales, expone una tensión entre el discurso oficial de austeridad y la administración concreta de recursos públicos.

El esquema involucra más de $1.135 millones, decenas de funcionarios autorizados y una red de tarjetas activas dentro de la Casa Rosada. La falta de acceso al detalle de los gastos mantiene abierto el interrogante sobre el alcance real del control sobre estas partidas y sobre el modo en que se rinden los recursos utilizados por la estructura presidencial.