La carrera global por el litio y el cobre convirtió a la Argentina en uno de los destinos más atractivos para las inversiones mineras. Sin embargo, el nuevo impulso del sector no despejó las dudas vinculadas con causas judiciales, derrames, cuestionamientos por el uso del agua y conflictos con comunidades.
La minería argentina atraviesa uno de los momentos de mayor expectativa de las últimas dos décadas, favorecida por una combinación de factores internacionales, disponibilidad de recursos estratégicos e incentivos económicos.
La demanda mundial de cobre, litio, oro y plata continúa creciendo, impulsada por la electrificación del transporte, la fabricación de baterías, el almacenamiento de energía y la expansión de las redes eléctricas.
Al mismo tiempo, la Argentina posee algunas de las mayores reservas mundiales de minerales considerados estratégicos para la transición energética. Sobre ese escenario se incorporó el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), uno de los instrumentos económicos del Gobierno nacional para captar proyectos por miles de millones de dólares.
Entre emprendimientos en producción, construcción y exploración avanzada, la cartera minera supera los u$s20.000 millones, con especial protagonismo del litio en la Puna y del cobre en la cordillera de San Juan, Catamarca, Salta y Mendoza.
Para el Gobierno, ese proceso representa una oportunidad para aumentar las exportaciones, generar divisas y convertir a la minería en uno de los motores económicos de la próxima década.
Una profunda deuda ambiental
Detrás de esa perspectiva optimista aparece otra realidad menos difundida: el país acumula un extenso historial de conflictos ambientales asociados a la actividad minera.
Derrames de soluciones cianuradas, denuncias por contaminación de cursos de agua, cuestionamientos por el uso intensivo del recurso hídrico, procesos judiciales contra empresas y ejecutivos, disputas por la Ley de Glaciares y enfrentamientos con comunidades locales forman parte de una agenda que permanece abierta.
El debate, por lo tanto, ya no gira únicamente alrededor de cuánto puede crecer la minería, sino de si la Argentina puede convertirse en un gran proveedor mundial de minerales críticos sin repetir los errores ambientales del pasado.
La paradoja de la minería “verde”
La discusión resulta especialmente compleja porque buena parte de los minerales cuya extracción provoca conflictos ambientales son, al mismo tiempo, indispensables para reducir las emisiones globales de carbono.
El cobre es esencial para la fabricación de vehículos eléctricos, parques eólicos, redes de transmisión y centros de almacenamiento energético.
El litio, por su parte, se convirtió en uno de los insumos más demandados para baterías destinadas tanto a automóviles como a sistemas estacionarios.
Sin embargo, la producción de esos minerales también requiere enormes volúmenes de agua, movimientos masivos de suelo, generación de residuos mineros y utilización de sustancias químicas cuyo manejo exige controles permanentes.
En ese punto aparece uno de los conceptos que comenzó a ganar fuerza entre especialistas ambientales: el llamado “colonialismo verde”. La expresión hace referencia a la posibilidad de que los países desarrollados reduzcan sus emisiones contaminantes mediante tecnologías limpias cuyos insumos provienen de territorios donde permanecen los impactos ambientales de la extracción.
En otras palabras, la transición energética mundial podría trasladar parte de sus costos ambientales hacia regiones proveedoras de materias primas, como el norte argentino.
Por ese motivo, cada vez más organismos internacionales sostienen que la sustentabilidad de un proyecto minero no puede medirse únicamente por el destino final del mineral. También debe evaluarse qué ocurre durante todo su ciclo de producción.
El agua, en el centro del conflicto
Si existe un elemento que atraviesa prácticamente todos los conflictos mineros argentinos es el agua. Los cuestionamientos incluyen la preservación de glaciares y ambientes periglaciales, el estado de las cuencas hidrográficas, la protección de vegas altoandinas y humedales, la calidad de los cursos superficiales y el monitoreo de acuíferos subterráneos.
En provincias como Catamarca, Salta y Jujuy, donde se concentra el desarrollo del litio, el debate se profundizó debido a que la extracción de salmueras ocurre en ecosistemas naturalmente frágiles y caracterizados por un elevado estrés hídrico.
Diversos investigadores reclaman la realización de estudios de impacto acumulativo. Mientras los análisis tradicionales evalúan cada emprendimiento de manera individual, los acumulativos buscan medir el efecto combinado de varios proyectos que operan simultáneamente sobre un mismo salar o una misma cuenca.
Para numerosos especialistas, esa evaluación integrada continúa siendo una de las principales asignaturas pendientes del desarrollo minero argentino.
Una licencia social cada vez más decisiva
Hace dos décadas, la discusión ambiental alrededor de la minería se concentraba principalmente en cuestiones técnicas. En la actualidad, la licencia social comenzó a convertirse en un activo tan importante como el propio financiamiento del proyecto.
Fondos internacionales, bancos multilaterales e incluso grandes fabricantes de automóviles incorporan criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) al momento de definir inversiones o proveedores.
Eso implica que un conflicto ambiental sostenido puede afectar tanto la reputación de una compañía como su acceso al financiamiento internacional.
En ese contexto, estándares como IRMA (Initiative for Responsible Mining Assurance), los Principios del Consejo Internacional de Minería y Metales (ICMM) o las normas ambientales de la Corporación Financiera Internacional (IFC) comenzaron a tener un peso creciente.
Ya no alcanza con cumplir la legislación local. Cada vez más compradores internacionales exigen demostrar buenas prácticas ambientales, participación comunitaria, transparencia y planes efectivos de cierre de minas.
Sin embargo, buena parte de los conflictos históricos que todavía arrastra la minería argentina demuestra que esa transformación convive con problemas estructurales que permanecen abiertos desde hace años.
Barrick Gold y el caso Veladero
Pocos casos sintetizan mejor esa discusión que el de Veladero, la mina operada por Barrick Gold en San Juan, cuyos derrames de solución cianurada marcaron un punto de inflexión en el debate ambiental argentino.
Ubicada a más de 4.000 metros sobre el nivel del mar, la mina comenzó a operar en 2005 y se convirtió rápidamente en uno de los mayores emprendimientos auríferos del país.
Durante años fue presentada como un ejemplo del potencial minero argentino para atraer inversiones internacionales, generar empleo y aumentar las exportaciones.
Sin embargo, esa imagen comenzó a deteriorarse en septiembre de 2015, cuando la rotura de una válvula en el sistema de transporte de solución cianurada provocó un derrame que derivó en uno de los incidentes ambientales más importantes registrados por la minería argentina.
La empresa informó posteriormente que había implementado medidas de contención y remediación, mientras que organismos provinciales iniciaron investigaciones y aplicaron sanciones.
El episodio no quedó aislado. En 2016 y 2017 se registraron nuevos incidentes operativos que volvieron a colocar a Veladero bajo la lupa de organismos de control, la Justicia y organizaciones ambientalistas.
Más allá de las discusiones técnicas sobre el alcance efectivo de cada episodio, el impacto excedió el plano estrictamente ambiental. Una parte importante de la sociedad comenzó a preguntarse si los mecanismos de control estatal resultaban suficientes para fiscalizar emprendimientos de semejante escala ubicados en zonas de alta montaña.
Transparencia y controles
Otra de las críticas que recibió Barrick estuvo relacionada con la comunicación de sus incidentes ambientales.
Las asambleas ciudadanas de San Juan continúan reclamando mayor acceso a la información pública, monitoreos independientes y participación de universidades y organismos científicos en los controles.
La empresa sostiene que fortaleció sus sistemas de gestión ambiental, incorporó nuevas tecnologías de monitoreo y reforzó sus protocolos de seguridad luego de los incidentes ocurridos durante la última década.
Aun así, Veladero continúa siendo citado como el principal antecedente cuando se discute la sustentabilidad de la minería metalífera argentina.
Glencore y una causa judicial que continúa
Si Barrick simboliza los riesgos asociados a los derrames operativos, Glencore representa otro de los grandes debates pendientes de la minería argentina.
La multinacional suiza quedó vinculada durante años al complejo Bajo de la Alumbrera, uno de los emprendimientos de cobre y oro más importantes que tuvo el país.
Aunque la explotación finalizó hace varios años, las consecuencias ambientales del proyecto continúan siendo materia de discusión judicial, técnica y política.
Diversas causas investigaron presuntos episodios de contaminación relacionados con la cuenca Salí-Dulce, mientras distintos directivos enfrentaron procesos judiciales vinculados con supuestas afectaciones ambientales.
La empresa rechazó esas acusaciones y defendió el cumplimiento de los controles regulatorios y de los planes de gestión ambiental exigidos por las autoridades competentes.
Más allá del resultado de cada expediente, el caso dejó instalada una discusión que atraviesa a toda la industria: qué ocurre cuando una mina deja de producir.
El cierre de una explotación minera no significa el final de sus obligaciones ambientales. Por el contrario, comienza una etapa crítica destinada a evitar fenómenos como el drenaje ácido de roca, la filtración de metales pesados o la inestabilidad de diques de colas y escombreras.
Los especialistas consideran que todavía existen desafíos para asegurar que todos los emprendimientos cuenten con mecanismos suficientes que garanticen la remediación ambiental incluso décadas después del final de la explotación.
El Pachón y sus desafíos ambientales
Mientras el legado de Alumbrera continúa bajo análisis, Glencore impulsa otro de los proyectos de cobre más ambiciosos del país.
Se trata de El Pachón, ubicado en San Juan y considerado uno de los mayores yacimientos cupríferos sin desarrollar del mundo.
La iniciativa aparece entre las principales candidatas para ingresar al RIGI y demandaría inversiones por varios miles de millones de dólares.
Sin embargo, tampoco está exenta de controversias. Varias organizaciones ambientales denunciaron la ubicación de una escombrera en una zona cercana a la frontera, lo que generó un conflicto de carácter transfronterizo y reabrió la discusión sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos binacionales de control ambiental.
Ese antecedente demuestra que la gobernanza minera ya no puede analizarse únicamente dentro de los límites de cada provincia o incluso de cada país.
MARA, un proyecto que divide a Catamarca
Pocas iniciativas sintetizan mejor la tensión entre desarrollo económico y protección ambiental que MARA.
El proyecto busca aprovechar buena parte de la infraestructura existente de Bajo de la Alumbrera para explotar el yacimiento Agua Rica, una de las reservas de cobre, oro y molibdeno más importantes del país.
Desde la perspectiva empresarial, esa reutilización permitiría reducir costos, minimizar nuevas intervenciones y aprovechar instalaciones ya construidas.
Sin embargo, organizaciones sociales y ambientales de Andalgalá sostienen que el nuevo emprendimiento se ubica en una zona extremadamente sensible desde el punto de vista hídrico.
El principal cuestionamiento se concentra en las nacientes de los ríos que abastecen a la ciudad y a las actividades agrícolas de la región.
A ello se suman denuncias por falta de licencia social, cuestionamientos a los procesos de participación ciudadana y numerosos conflictos judiciales derivados de las protestas contra el proyecto.
La iniciativa comenzó incluso a ser analizada por especialistas internacionales como un ejemplo de la incidencia que pueden tener los conflictos comunitarios sobre la viabilidad de grandes proyectos extractivos.
Arcadium Lithium y el dilema del “oro blanco”
La explosión de la demanda mundial de baterías convirtió a la Argentina en uno de los países más buscados por las grandes compañías del sector.
El llamado “Triángulo del Litio”, compartido con Chile y Bolivia, concentra algunos de los mayores recursos del planeta y aparece como una pieza clave para abastecer la electrificación del transporte y los sistemas de almacenamiento de energía.
Sin embargo, esa carrera también abrió un nuevo frente de debate que involucra especialmente a Arcadium Lithium, sociedad surgida de la fusión entre Livent y Allkem y convertida en uno de los principales actores mundiales del negocio.
La compañía opera desde hace varios años en el Salar del Hombre Muerto, entre Catamarca y Salta, donde produce carbonato y cloruro de litio destinados principalmente a los mercados internacionales.
La empresa sostiene que sus operaciones cumplen con las exigencias regulatorias y que desarrolla programas de monitoreo ambiental, eficiencia hídrica y vinculación con las comunidades locales.
No obstante, organizaciones ambientales, investigadores y comunidades indígenas plantean una preocupación central: el agua.
La extracción de litio a partir de salmueras requiere bombear grandes volúmenes desde acuíferos subterráneos para luego concentrarlos mediante evaporación.
El proceso puede modificar los delicados equilibrios hidrológicos de los salares si no existe una gestión integral del sistema.
En el caso del Salar del Hombre Muerto, distintos estudios científicos y denuncias de organizaciones socioambientales alertaron sobre la necesidad de evaluar el impacto acumulativo de todas las operaciones presentes en la cuenca y no solamente el efecto individual de cada empresa.
Especialistas del CONICET, universidades nacionales y organismos internacionales impulsan balances hídricos regionales que permitan comprender cómo evolucionan los acuíferos a largo plazo.
El interrogante atraviesa a toda la minería del litio argentina: cómo garantizar que un recurso estratégico para combatir el cambio climático no termine generando nuevos problemas ambientales en ecosistemas extremadamente frágiles.
Litio con trazabilidad ambiental
La presión ya no proviene solamente de organizaciones ambientalistas.
Fabricantes globales de automóviles, empresas tecnológicas e inversores institucionales comenzaron a exigir información cada vez más detallada sobre el origen de los minerales que compran.
Para esos grupos, la trazabilidad ambiental empieza a convertirse en un requisito comercial que debe acreditar el origen del agua utilizada, las emisiones generadas durante la producción, la relación con las comunidades locales y la gestión de residuos.
Zijin Mining y un nuevo incidente
Otro episodio ocurrido este año volvió a instalar el debate sobre los riesgos operativos de la actividad.
En marzo pasado, un camión vinculado con operaciones de Zijin Mining protagonizó un incidente en la zona del río Chaschuil, en Catamarca, que derivó en el vuelco de salmuera transportada para actividades relacionadas con el proyecto.
A través de su filial Zijin-Liex, el gigante asiático desarrolla el proyecto de extracción de litio Tres Quebradas (3Q), ubicado en el departamento de Fiambalá.
La compañía extrae salmuera de litio en la cordillera y la procesa para producir carbonato de litio destinado a baterías.
El hecho motivó actuaciones de las autoridades competentes, tareas de contención y nuevas inspecciones ambientales destinadas a determinar el alcance del episodio.
El incidente volvió a poner sobre la mesa una cuestión recurrente: los riesgos ambientales no se limitan exclusivamente al proceso de extracción, sino que también alcanzan al transporte de sustancias, la logística, el almacenamiento de insumos y la gestión integral de cada etapa del proyecto.
Para los especialistas en seguridad industrial, la expansión acelerada de la minería obligará a fortalecer los controles sobre toda la cadena operativa y no solamente sobre las plantas de producción.
Zonda Metals y el cobre en Mendoza
Si existe una provincia donde la relación entre minería y sociedad adquirió características particulares, esa es Mendoza.
Durante años, la provincia limitó el uso de determinadas sustancias químicas en la minería metalífera y se transformó en uno de los principales símbolos de la defensa del agua.
En ese contexto aparece el proyecto San Jorge, actualmente impulsado por Zonda Metals, empresa del Grupo Alberdi, que busca desarrollar un yacimiento de cobre en la zona de Uspallata.
La iniciativa volvió a generar una fuerte discusión pública. La empresa sostiene que utilizará tecnologías modernas y estándares ambientales acordes con las exigencias internacionales, mientras organizaciones ciudadanas cuestionan aspectos del estudio de impacto ambiental y consideran que todavía no existe la licencia social necesaria para avanzar.
El debate mendocino trasciende al propio proyecto y representa uno de los principales casos en los que el desarrollo minero se enfrenta directamente con una identidad provincial construida durante décadas alrededor de la protección del recurso hídrico.
La minería circular, una deuda pendiente
Mientras gran parte del debate se concentra en cómo extraer minerales, otra discusión comienza a ganar espacio entre especialistas: qué ocurre después de la explotación.
La llamada minería circular propone dejar atrás el modelo lineal de extraer, producir y abandonar. Su objetivo es recuperar agua, reutilizar residuos, reprocesar relaves, reciclar minerales provenientes de baterías y diseñar desde el inicio el cierre ambiental de cada mina.
En países como Canadá, Australia o Finlandia, estos conceptos ya forman parte del desarrollo de nuevos proyectos.
En la Argentina todavía aparecen de manera incipiente. Los especialistas sostienen que reducir la presión sobre nuevos yacimientos también dependerá de cuánto avance la denominada “minería urbana”, basada en recuperar minerales ya presentes en productos en desuso.
